La menor denunció el caso cuando se encontraba en 22 semanas de gestación, fuera del periodo de aborto que permite la ley. Las asociaciones feministas exigen que se retome el caso. (Leed Comunicado ASOCIACIONES FEMINISTAS)
Una niña de 12 años, que el año pasado fue violada y, a raíz del abuso sexual, se quedó embarazada, no podrá abortar debido a su avanzado periodo de gestación. Cuando se conoció el caso, la niña se encontraba en 22 semanas -seis meses- de embarazo y la ley del aborto, que entró en vigor el julio del año pasado, establece que el aborto libre tan sólo es posible hasta la semana 14. Posteriormente, la mujer solamente puede interrumpir su embarazo si su vida o salud corre peligro o el feto sufre anomalías.
Y en el caso de la menor, después de la semana 22 la legislación no permite abortar. El único supuesto por el cual un juez podría autorizar la interrupción del embarazo sería en el supuesto de que su vida se esté en peligro, pero, en el caso de la menor, los médicos han dictado que, a pesar de que todavía no tiene su cuerpo desarrollado, que es de estatura baja y que es de constitución delgada, no está en peligro.
Por su parte, la Coordinadora Estatal de Organizaciones Feministas y la Asamblea feminista de Madrid ya han mostrado su alarma y preocupación ante la situación tan dramática que está viviendo la menor a través de un comunicado. Las entidades feministas quieren que se aclare el porqué la niña, que se encuentra bajo tutela de la Generalitat Valenciana, tardó tanto al denunciar el caso y saber si realmente hubo dejadez o dilación por parte de las administraciones correspondientes. De confirmarse esta situación, exigen que se diriman las responsabilidades jurídicas oportunas contra quién pueda proceder. Además, también piden que el equipo médico reconsidere su postura y vuelva a realizar una evaluación y que, por la banda del juez, en su evaluación priorice ante todo el interés de la menor.
El manifiesto considera que con la nueva ley de salud sexual y reproductiva y de interrupción voluntaria se ha producido un retroceso legislativo respecto a la anterior normativa como se ha podido comprobar en el caso de esta menor. Las asociaciones consideran que con la nueva legislación se deja a las embarazadas de más de 22 semanas de gestación desprotegidas, puesto que no contempla la interrupción sin plazo cuando exista un pronóstico de grave riesgo para la salud física y psíquica de la mujer.
Según las entidades, con el caso de la menor se vuelve a hacer patente que hay de haber un cambio legislativo en el cual el aborto deje de estar tipificado como delito, por lo tanto, regulado en el Código Penal y pase a estar regulado como el derecho que tienen las mujeres a interrumpir voluntariamente su embarazo y a decidir sobre su maternidad. Y por lo tanto, piden que la ley reconozca la decisión personal de las mujeres como causa exclusiva para la interrupción de su embarazo. De forma que, su práctica no se vea condicionada ni obstaculizada por la valoración de juicios morales de terceras personas o por la ausencia de servicios.
