El Ministerio de Igualdad pretende que el Consejo de Ministros apruebe el próximo martes el texto, que va más allá de la interrupción voluntaria del embarazo
La nueva ley del aborto que el Gobierno llevará al Consejo de Ministros y Ministras el próximo martes permitirá a las chicas de 16 y 17 años interrumpir voluntariamente su embarazo sin que sea necesario el consentimiento de sus madres, padres o tutores y pretende blindar el derecho al aborto en la sanidad pública. El borrador, al que ha tenido acceso la Cadena SER, introduce además medidas orientadas a proteger la salud menstrual.
Principalmente, la nueva ley, que está previsto que sustituya a la ley de 2010, se centra en la protección y garantía del aborto en centros sanitarios públicos. Esta situación actualmente no es común, ya que en la sanidad pública existen frenos como la objeción de conciencia, y la propia realización de abortos está estigmatizada. Teniendo esto en cuenta, la ley trae consigo una regulación de la objeción de conciencia, y crea un registro de objetores en cada comunidad autónoma. Contando con estos datos, se buscará contar con el personal mínimo requerido para llevar a cabo abortos en cada centro, evitando así que exista una mayoría de objetores entre el personal sanitario que impida garantizar un derecho que reconoce la ley.
En cuanto a los plazos, se mantiene el aborto libre dentro de las 14 primeras semanas de gestación. Mientras no se superen las 22 semanas se podrá realizar un aborto terapéutico.
Desde ACAI (Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción del Embarazo), consideran que algunos de los avances que trae consigo esta ley ya se encuentran en la anterior, pero no se cumplen. Además, defienden que la ley no garantiza que los centros en los que se vayan a realizar abortos puedan asegurar la plena libertad de elección de la mujer. Esta situación solo sería posible si los centros cuentan con personal formado que pueda ofrecer todas las técnicas de IVE posibles. “Con este texto se está abriendo la puerta a que los centros solo ofrezcan el aborto farmacológico que es el que menos formación profesional requiere al ser la mujer la que prácticamente por sí misma realiza la intervención”, exponen.
En cuanto a la salud menstrual, la norma incluye la posibilidad de solicitar una baja de tres días por reglas dolorosas -habrá que ver cómo se articula legalmente esto, porque el derecho ya existe- además de que los centros educativos tendrán que contar con productos para la menstruación en caso de que sea necesario. Además, se prevé también la posible baja laboral por interrupción del embarazo. Por otro lado, las mujeres en riesgo de exclusión así como mujeres en prisiones tendrán acceso gratuito a los productos para la menstruación. A su vez, también se elimina el IVA de estos productos. El borrador informa también de la financiación pública de anticonceptivos hormonales y píldora del día después.
Por otro lado, se aborda la cuestión de los vientres de alquiler que, según ha adelantado la SER, se recogerá en la ley como una forma de violencia sobre la mujer. La norma prohibirá la publicidad de las agencias intermediarias y establecerá que los tribunales podrán perseguir a las parejas que recurran al extranjero para acceder a esta práctica, ilegal en España.
Frente al recurso del PP ante el Tribunal Constitucional, la nueva ley incluye una disposición que deroga la actual ley de 2010 recurrida hace 12 años por el Partido Popular. De esta manera, el recurso queda desactivado al tratarse de una ley totalmente nueva. Teniendo esto en cuenta, al tratarse de una nueva ley orgánica, se necesita una mayoría absoluta en el Congreso para su aprobación.
Foto: archivo AmecoPress