Dorys Ardila tuvo que abandonar su país, Colombia, en 2003. Desde entonces sigue trabajando por la construcción de paz.
De formación jurista, con master en relaciones internacionales y derecho internacional, lleva casi 18 años trabajando desde el exterior. Ahora, especialmente preocupada por la situación actual: 48 asesinatos en un mes. Y los medios de comunicación siguen sin hacerse eco de estas noticias.
Es la presidenta de Gestapaz, ¿cuáles son los objetivos de esta entidad y en qué líneas trabaja?
Gestapaz es una asociación de mujeres inmigrantes solidarias que viviendo las diferentes problemáticas de sus países de origen y reconociendo las que han encontrando en su país de acogida, deciden crear una entidad sin ánimo de lucro, con el objetivo de implementar proyectos que impacten en el fortalecimiento de Derechos de poblaciones vulnerables o en riesgo de vulnerabilidad, principalmente mujeres, niños y niñas y jóvenes.
Las líneas de trabajo están enfocadas en desarrollar proyectos de educación, cultura, desarrollo económico sostenible y acciones de sensibilización e incidencia política en el ámbito de la cooperación internacional al desarrollo entre España y América Latina, considerando la perspectiva de género y el fortalecimiento de la paz como ejes fundamentales.
Lleva años difundiendo y trabajando por la paz en su país, desde el exterior. ¿Qué actividades concretas realiza?
Para decirlo más exactamente trabajando en ámbitos de construcción de paz.
Esto significa que se trabaja por la promoción, incidencia y garantía de los Derechos Humanos. El Derecho a la Paz es un derecho síntesis que está catalogado según la clasificación internacional reconocida por la ONU y otros organismos multilaterales como un derecho de tercera generación, hermanado con el derecho a un medio ambiente sano. O sea que construir paz significa aplicar ese conjunto de derechos a nivel interno de los Estados, y en el Sistema internacional velar para que haya condiciones de aplicabilidad.
A lo largo de estos años hemos realizado numerosos proyectos de formación y acciones puntuales de solidaridad con poblaciones vulnerables, tanto en los países de Latinoamérica como en España.
Hay que destacar también que trabajamos en alianza con muchas organizaciones y somos parte de la Mesa Catalana por la paz y los derechos humanos en Colombia, de la Xarxa Nabowa por la Paz o de la Federación por Colombia en el exterior FECOEX. También formamos parte del Nodo Catalunya de apoyo a la Comisión de la Verdad y coordinamos la “Comisión de comunicación y pedagogía” del Nodo.
En Gestapaz, somos conscientes de la necesidad de implementar los compromisos pactados en el Acuerdo de Paz entre Colombia y las FARC-EP, suscrito en 2016. Por eso, hemos trabajado en la ejecución técnica del proyecto “Mitos y Realidades de la Justicia Transicional Colombiana” financiado por el Institut Internacional Català per la Pau – ICIP- y coordinado por Brigades Internacionals de Pau –PBI Catalunya- en el que se implementó una estrategia pedagógica y de comunicación que se denominó “Más allá de las fronteras”, creando una página web y una campaña de medios en redes sociales, junto a la creación de un glosario explicativo e inclusivo del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición –SIVJRNR-.
En septiembre de 2016 se firmó el acuerdo de paz entre el gobierno y la guerrilla de las FARC, acuerdo que ponía fin a un largo proceso de negociaciones en La Habana que pretendía acabar con más de 50 años de guerra. Sin embargo, en el referéndum posterior sobre el proceso de paz ganó el No, aunque por un estrecho margen. ¿Cómo se lo explica?
Es una práctica inusual que en los procesos de negociación de acuerdos de paz el texto del acuerdo negociado pase por el tamiz de un mecanismo de aprobación en las urnas.
Expertos sobre negociaciones de Paz, entre ellos el profesor Vicenç Fisas, le enviaron mensajes a miembros de los equipos negociadores para que no lo hicieran. Tanto el Gobierno como las FARC desoyeron estas recomendaciones. Es más, en ese momento me encontraba en Colombia y desde el Consejo Nacional de Paz se le pidió a las partes de la mesa de negociación que no se convocara la votación.
Pienso que hubo arrogancia, sobre todo del gobierno al desoír las diversas voces que aconsejaban no llevar a cabo ese referéndum. El presidente Santos también tenía la presión de los sectores sociales que en Colombia no querían y siguen sin querer paz, para que no se llevara a cabo la firma del Acuerdo de Paz.
Tal vez en la perspectiva de echar un pulso y buscando legitimarlo políticamente se fue a la votación y eso fue un harakiri, del que todavía no se repone esa parte de la sociedad colombiana que sí queremos el fin de la guerra y la posibilidad de construir una Colombia que permita tener condiciones de vida digna y donde no se asesine y se violenten derechos por exigirlos o por pensar o ser diferente.
¿Y qué es lo que ha significado?
Creo que una lección importante que dejó ese proceso es que la pedagogía, la conversación, la explicación, el argumento sencillo, la apropiación son imprescindibles, cuando se quieren dar saltos cualitativos, como el de abandonar la guerra y adentrarse en un escenario de construcción de paz. Se necesitan muchas manos y cerebros, todos los que se puedan juntar y nadie sobra.
La feria de egos, veleidades, vanidades, los personalismos y todas esas enfermedades de la condición humana, no llevan a buen puerto cuando se quiere sacar a una sociedad de la guerra y adentrarla en el sendero de la construcción de paz.
Desde entonces han sido asesinados muchos defensores y defensoras de derechos humanos, aunque apenas se difunda en los medios de comunicación.
Sí, el año pasado asesinaron a 310 líderes, 12 familiares de líderes y 64 excombatientes de las FARC, según el registro del Instituto de Estudios de Desarrollo para la Paz, INDEPAZ. Y a 31 de Enero de este año ya llevamos 48 personas asesinadas entre líderes sociales, excombatientes o firmantes de los acuerdos de paz y población civil.
Es la mezquindad y la vileza de quienes están haciendo trizas los acuerdos de paz y tratando de ahogar las posibilidades de ir hacia adelante para liberarnos de la guerra.
Con un gobierno que como Poncio Pilatos se lava las manos y no asume responsabilidades y una sociedad agobiada por la pandemia, la pobreza, la injusticia, la inequidad, la impunidad, la corrupción. ¡Dura labor y un reto muy grande seguir adelante!
Del conflicto armado colombiano conocimos iniciativas muy interesantes como la Ruta Pacífica de las Mujeres, amplio movimiento feminista que trabaja por la tramitación negociada del conflicto armado y por la visibilización de los efectos de la guerra en la vida de las mujeres. La Ruta realizó innumerables movilizaciones por el país denunciando, desde el pacifismo y el feminismo, que “el cuerpo de las mujeres no es botín de guerra”.
Esta iniciativa es muy importante y ha realizado aportes invaluables en la construcción de una agenda de derechos de las mujeres en el país, especialmente en el posicionamiento de esta agenda durante las negociaciones en La Habana. Y logró la creación de la Subcomisión de Género en la mesa de negociación y la inclusión del enfoque de género en el texto del Acuerdo Final. Como la Ruta, también hay otras iniciativas de mujeres con diferentes impactos, algunas lo hacen a nivel local, otras a nivel regional y también a nivel nacional.
Entre aquellas que han tenido un fuerte impacto a nivel nacional, puede nombrarse a Asfaddes que si bien no se constituye como organización de mujeres, ha sido fundada y jalonada por un grupo mayoritario de mujeres dedicadas a buscar a sus familiares desaparecidos, inicialmente a nivel local y luego a nivel nacional en diferentes departamentos del país. Otras organizaciones que también han hecho parte de este proceso han sido Sisma Mujer, iniciativa de mujeres por la paz, Profamilia, la Organización Femenina Popular OFP, la Red Nacional de Mujeres, entre muchas otras.
El trabajo de estas organizaciones en el marco de la negociación de los acuerdos, fue impulsado por varias organizaciones que lograron la consolidación de la Cumbre Nacional de Mujeres y Paz. Entre esas organizaciones participó la Asociación Nacional de Mujeres Campesinas, Negras e Indígenas de Colombia –ANMUCIC, la Casa de la Mujer, la Ruta Pacífica de las Mujeres, la Red Nacional de Mujeres, Mujeres por la Paz, el Colectivo de Pensamiento y Acción Mujeres, las de Paz y Seguridad, el Grupo de Seguimiento de la Resolución 1325, la Conferencia Nacional de Organizaciones Afrocolombianas –CNOA y la Alianza Iniciativa de Mujeres Colombianas por la Paz –IMP.
Podemos decir que las iniciativas de mujeres han sido fundamentales en la construcción de paz en el país, ¿no?
Desde luego, y lo que ha sido clave en ello, es la participación amplia y diferenciada de éstas. Me refiero a que el enfoque de género ha ido de la mano con otros enfoques diferenciales que han permitido la participación de las mujeres en su sentido más amplio y diverso. El papel que han desempeñado organizaciones e iniciativas como Narrar para Vivir, en Montes de Maria; la Asociación Alianza Departamental de Organizaciones de Mujeres del Putumayo “Tejedoras de Vida”; la Asociación Campesina del Catatumbo- ASCAMCAT; la Asociación de Mujeres Araucanas Trabajadoras –AMART; la Asociación de Mujeres Campesinas –ASODEMUC; la Asociación Nacional de mujeres campesinas, negras e indígenas de Colombia –ANMUCIC; el Consejo Regional Indígena del Cauca –CRIC; la Corporación Caribe Afirmativo; la Federación de Estudiantes Universitarios – FEU; la Red Nacional de Mujeres Excombatientes de la Insurgencia o la Red solidaria contra las violencias hacia las mujeres “Mariposas de Alas Nuevas construyendo futuro”, han sido clave al recoger diversidades de diferente orden: mujeres rurales, ciudadanas, estudiantes, campesinas, indígenas, afro, lesbianas, bisexuales, inter, trans, niñas, mujeres de la tercera edad.
Todas ellas han mostrado cómo la diferencia es diversidad, y cómo en red se fortalecen y son capaces de construir paz, aún en medios tan adversos como la guerra misma, o en diálogos que parecen improbables, como el de víctimas y excombatientes.
Recién se han cumplido 20 años de la Resolución 1325 sobre Mujeres, Paz y Seguridad de NNUU. ¿Qué es lo que pueden aportar las mujeres en estos procesos?
El aporte de las mujeres en la construcción de la paz ha sido ampliamente documentado a partir de esta resolución. Incluso antes del Acuerdo de Paz en Colombia, se pudo evidenciar la importancia de la participación de las mujeres en las negociaciones con el Frente Moro de Liberación Islámica en Filipinas, quienes lograron la firma del acuerdo con el grupo insurgente, contando con la participación de 5 mujeres de un total de 12 participantes. Estas mujeres lograron en 4 años de negociación lo que no se consiguió en los 13 años de negociaciones precedentes a su inclusión en estos espacios.
En el caso colombiano, bajo el amparo de esta resolución, se logra posicionar en el proceso de negociación, que al menos la tercera parte de las personas que hicieron parte de las negociaciones, fueran mujeres, a pesar de que al inicio del establecimiento de la mesa, no había ninguna mujer ni por parte del Estado colombiano, ni por las FARC, y tampoco desde los entes neutrales de mediación.
Y gracias a las organizaciones que impulsaron la Cumbre Nacional de Mujeres, se logra por primera vez en el mundo la inclusión de una Comisión de Género en un proceso de negociación de paz. Imagínese lo que es generar ese antecedente a nivel histórico y mundial!
Incluir un enfoque de género como eje transversal a los acuerdos, poner sobre la mesa los derechos humanos de las mujeres y sus diversidades en La Habana. Es que no se trata solamente de hablar de las violencias sexuales como se cree habitualmente, que sin duda es muy importante. Se trata de hablar de todos los delitos que tienen como base la discriminación por razones de género, y partiendo de esto, ver cómo se va a reparar a estas mujeres, cómo han pensado ellas la construcción de paz, y cómo vamos a hacer para que esos hechos no se vuelvan a repetir. Históricamente las mujeres hemos levantado las sociedades cuando han sido azotadas por las guerras, y las colombianas, sin duda alguna, han mostrado tener todas las capacidades y las fortalezas para levantar al país.
¿Y en qué se ha concretado?
Bueno, sin el enfoque de género jamás su hubiera logrado que en las medidas sobre las reformas rurales integrales se hubiera dado una priorización del acceso de las mujeres a las tierras, a los proyectos productivos, a los subsidios integrales, a la promoción de la autonomía económica y a la capacidad organizativa de las mujeres rurales. O que en el tema de salud integral, se hayan incluido estrategias como el Programa de Prevención al Consumo y Salud Pública con un énfasis en análisis de la relación entre el consumo de drogas ilícitas con el ejercicio de diversas violencias como la familiar, la violencia de género, la violencia contra niños y niñas, la violencia sexual, etc.
Todos estos detalles que se incluyeron en el Acuerdo, tienen todo un sentido desde la lectura de género, y que se da gracias a la participación de esas mujeres. Sin la lectura realizada a través de esos “lentes” no se hubiera llegado a una agenda integral. Es ahí donde se materializa la resolución de la ONU, es ahí donde cobra vida, en la posibilidad de que las mujeres participen en función de las mujeres a las que representan, para que sus derechos humamos tengan asidero en la realidad.
Otro aprendizaje que hicimos del conflicto armado colombiano es la exigibilidad de los derechos a la Verdad, la Justicia y la Reparación por parte de las víctimas. Aquí lo han recogido las organizaciones de memoria histórica que, después de más de 80 años de acabada la guerra, todavía siguen esperando.
Este movimiento de DDHH en Colombia, ha sido piedra angular.
Durante la negociación fueron invitadas las víctimas y escuchadas por las partes en la mesa de negociación. Esto es también un hito en un proceso de negociación, ya que antes nunca se había hecho.
Como resultado del acuerdo se configuró un sistema de justicia transicional que se denominó Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición –SIVJRNR-. Esta justicia, más que punitiva, es restaurativa. Implica que las partes acordaron un sistema de justicia que permita llevar a cabo una rendición de cuentas para pasar de la guerra, a la ausencia de conflicto armado, hacer una transición.
Este sistema tiene tres mecanismos: un tribunal con facultades judiciales y penales, denominado Justicia Especial para la Paz, o JEP por sus siglas. La Comisión para la Verdad, el Esclarecimiento, la Convivencia y la Reconciliación. Y una Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas –UBPD-. Estos tres mecanismos gozan de autonomía administrativa y financiera, para garantizar así su continuidad y blindarlas de las posibles influencias de los gobiernos de turno.
En la actualidad, más de 12.000 personas se han sometido a la JEP, entre miembros de las FARC, Fuerza Pública, Agentes del Estado y terceros.
La Comisión ha recogido al cierre del primer semestre de 2020, un total de 3.027 testimonios en todo el territorio nacional, se han realizado 8.977 entrevistas, han sido escuchadas 16.598 personas entre familiares, víctimas y testigos, y se han recogido más de 1.000 testimonios en el exterior, en 23 países, siendo la única Comisión de la Verdad que hasta el momento ha trabajado con una instancia para el exilio ocasionado por el conflicto armado. Un exilio que, entre primeras y segundas generaciones, alcanza una cifra que ronda el millón de colombianas y colombianos en el exterior, por esta causa.
Y por lo que hace a la UBPD, ha logrado encontrar a tres personas con vida que habían sido dadas por desaparecidas, y se facilitó el reencuentro con sus familias, tras varias décadas de búsqueda. También han logrado recuperar cuerpos que se encuentran en fase de identificación, y han logrado hacer la entrega digna de restos de casi un centenar de cuerpos a sus familias, a lo largo y ancho del territorio nacional.
¿Cómo ve Colombia en estos momentos?
En el inicio de este año 2021 hay cuatro circunstancias que inciden en la situación sociopolítica y económica del país que son:
La pandemia del Covid-19 en un escenario de informalidad de empleo, inequidad, impunidad, violencia estructural y corrupción en el país. No hay claridad en el plan de vacunación nacional, no se conoce la hoja de ruta del Gobierno.
Asesinatos de líderes sociales hombres y mujeres. Llevamos casi un asesinato diario, la justicia no actúa hasta ahora y el gobierno no toma las medidas que le corresponden. Hay un incumplimiento parcial y fragmentado del Acuerdo de Paz, que muestra la ausencia de voluntad política del Gobierno en su implementación.
Un año político preelectoral de coyuntura política, que se muestra polarizado entre los diferentes partidos políticos y sobre todo nuevamente nos lleva al escenario de confrontación, entre guerra y paz.
Un entorno internacional que estará determinado por la presidencia del nuevo mandatario de los EEUU, el demócrata Joe Biden. Las relaciones tensas con Venezuela y Cuba y un papel en el continente que responde a los intereses de la derecha política retrógrada.
Por todo ello, el papel de la sociedad civil y sus diferentes expresiones sociales han de jugar un papel relevante y determinante para encauzar al país en un sendero de construcción de paz y garantía de Derechos.
