La Licenciada Josefa Ramírez Peña, activista feminista y defensora de los derechos humanos de las mujeres andinas e indígenas del Perú, con las cuales lleva más de 35 años de trabajo comprometido, dialogó con L’Independent sobre las esterilizaciones forzadas a las que fueron sometidas cerca de 300 mil mujeres y 22 mil hombres en su país.
Una posta de salud de la campaña de planificación familiar en Huaycán. Perú, enero de 1997
(Foto Feminismo.Brasil)
Josefa, sabemos que en Huancabamba (Piura) en el Norte de Perú se ha conformado este año el Comité de Defensa de los Derechos de las Mujeres forzadas a ser Esterilizadas, las cuales actualmente vienen demandando al gobierno justicia, explícanos por qué?
En Huancabamba existe la Asociación de Mujeres Trabajadoras Campesinas e Indígenas (AMBHA), una organización de nivel provincial en el Departamento de Piura al norte del país, que está promoviendo la defensa de los derechos sociales, económicos, culturales y políticos de las mujeres y de sus comunidades. Y las mujeres que están identificadas como mujeres esterilizadas o ligadas forman parte de esta organización, y ellas han decidido formar el Comité de Defensa de los Derechos Humanos de las Mujeres forzadas a ser Esterilizadas.
El 03 de marzo del 2013, en el marco de una asamblea general promovida por la AMHBA, se crea el Comité con la finalidad de dar a conocer la situación de las mujeres esterilizadas en Huancabamba, después de 16 años de haberse producido el Programa de Anticoncepción Quirúrgica Voluntaria (AQV), como parte de una política de control de natalidad y combate a la pobreza implantada por el gobierno de Alberto Fujimori. Fue así que desde el año 1996 hasta el 2000 se practicaron esterilizaciones forzadas en todo el país, afectando a las mujeres de Huancabamba. Y hasta la fecha, las mujeres esterilizadas continúan sin ningún tipo de solución a su problema.
¿Por qué este programa de AQV no tuvo nada de voluntario? ¿qué sucedió?
Porque los operadores de salud (médicos/as, enfermeras/os, promotores de salud) realizaron las esterilizaciones a las mujeres sin un consentimiento informado. Es decir, fue una imposición, una esterilización forzada, porque fue en contra de su voluntad. Este fue un delito de lesa humanidad cometido por el gobierno de Fujimori contra los cuerpos y autonomía de las mujeres. No todas se percataron de la magnitud de esta intervención, no todas fueron orientadas por parte del personal de salud que realizó las esterilizaciones.
Huancabamba tiene 8 distritos, Huarmaca, San Miguel del Faique, Lalaquiz, Sondorillo, Carmen de la Frontera, Sóndor, Canchaque y Huancabamba, en cada uno estos distritos se hicieron las ligaduras, pero el más afectado fue Huarmaca donde más de mil mujeres fueron esterilizadas de manera forzada. Hasta el momento, el Comité ha logrado empadronar a 200 mujeres afectadas por la esterilización. Se calcula que de llegar a hacer una investigación exhaustiva en Huancabamba se podría identificar cerca de 2 mil casos. Por ejemplo, en Anta (Cuzco) en el centro del Perú, hay documentados aproximadamente 4 mil casos.
Comité de Mujeres esterilizadas
¿Cómo vivieron las mujeres organizadas de la AMBHA los años de gobierno de Fujimori? ¿Cómo experimentaron su política de esterilización forzada?
La AMHBA se formó en el año 1993, a tres años de iniciado el gobierno de Fujimori, con la finalidad de que las mujeres indígenas y campesinas de Huancabamba tengan un espacio organizativo de concienciación y defensa de sus derechos. Pero entre el 1992 y 1993 sucede lo que se conoce en la historia peruana como la confrontación político-militar de los grupos terroristas alzados en armas con el ejército peruano. A partir del año 93, la organización de mujeres sufrió uno de los peores embates del gobierno fujimorista contra los derechos humanos, pues el 05 de abril Fujimori da un autogolpe estableciendo una dictadura. A partir de entonces, declara varias zonas del país en estado de emergencia política y militar. Huancabamba fue una de ellas, porque se sospechaba, equivocadamente, que en la zona había terrorismo. Y sin prueba alguna, fueron imputados mujeres y hombres, e injustamente encarcelados y detenidos. En ese contexto, una de las dirigentas de la AMBHA, la Secretaria de Comunicación y Cultura, fue detenida injustamente y violada en la cárcel por los policías. Este hecho creó una situación terrible de miedo e incertidumbre. La gente quedó muy golpeada y la organización de mujeres debilitada. Años más tarde, se establece una especie de “pacificación”, cuando aun la organización no terminaba de recuperarse, y el Ministerio de Salud, liderado por el Dr. Aguinaga y con el visto bueno de Fujimori, deciden implantar una política de esterilización para el control de la natalidad. Las razones que la fundamentaban tenían poco peso: el país estaba en crisis económica y los recursos no alcanzaban para toda la población, por tanto, las mujeres deberían ser esterilizadas. Las zonas donde se decide esterilizar a las mujeres, fueron zonas donde supuestamente estaban los terroristas y la gente más pobre y más marginada: el Centro Andino (Cuzco, Ayacucho, Huancavelica, Junín, Cerro de Pasco), la selva de Loreto y el Norte Andino (La Libertad, Cajamarca, Piura en costa y sierra).
¿Qué sucedió entonces, cómo es que empezaron a esterilizar de forma tan impune?
Con la política ya implantada, el personal de salud empezó a amenazar a las parejas de las mujeres que si no daban el consentimiento de que sean esterilizadas irían a la cárcel. De otro lado, los operadores de salud tenían que cumplir con metas mensuales porque sino les iban a rebajar el sueldo. Entonces, se inició una especie de cacería humana, donde el personal de salud de todas las provincias salía a las comunidades y prácticamente perseguía a las mujeres para que se operen. Llegaban con las ambulancias a sus comunidades y se llevaban a las mujeres a la fuerza al centro de salud, las encerraban en una sala y no las dejaban salir. Y así, las operaban, una tras otra. Así sucedieron las esterilizaciones, con total impunidad, nadie en sus comunidades quiso hablar, era un gran trauma, como si fuera una guerra de terror, porque las mujeres pensaban que les pasaba solo a ellas, que estaban solas. Las subían a una camilla y les cortaban la barriga, hasta incluso se sabe que perforaron la vejiga de las pacientes. Fueron hechos atroces y dramáticos para las mujeres andinas e indígenas. En otros lugares, como el caso de Huancavelica, las mujeres murieron en la sala de esterilizaciones. En Huancabamba se han reportado casos de mujeres que murieron después de la operación. Muchos de estos casos no están consignados porque el sector salud prefirió protegerse de este delito y han borrado los datos.
Actualmente, ¿qué medidas ha tomado el Estado Peruano?
Actualmente, el Ministerio Público ha abierto un proceso de investigación. El Fiscal ha decidido investigar este delito. De la investigación de la doctora y defensora de derechos humanos, Giulia Tamayo, realizada entre los años 1997 y 1999, en los mismos lugares donde se aplicaron las AQV, se logra establecer que por lo menos fueron 300 mil los casos de mujeres esterilizadas y 22 mil vasectomías realizadas a los hombres, sin su consentimiento. De todos estos casos, el Fiscal tiene entre sus objetivos llegar a investigar unos 10 mil casos, como una cifra a nivel nacional que ha de documentarse.
En el mes de agosto pasado, y gracias a las gestiones y aporte de la Parlamentaria Andina, Hilaria Supa Huamán, de Anta (Cuzco), el Fiscal subió a Huancabamba el 19 de agosto de 2013. En esta fecha el Fiscal logró entrevistar a 110 de las 200 mujeres esterilizadas identificadas por el Comité. No todas pudieron ser avisadas a tiempo, dado lo imprevisto de la visita. Pero, lo que ahora nos preocupa es que la Fiscalía ha pedido al Instituto Nacional de Médicos Legistas que suban a Huancabamba a examinar a las mujeres esterilizadas y establecer una pericia psicológica para comprobar si luego de la ligadura las mujeres fueron afectadas. Lo que le hemos expresado al Fiscal, en una reunión sostenida las semana pasada, es que más que saber si las mujeres tienen dolencias, que obviamente las tienen, lo más importante que tiene que hacer el médico legista es confirmar que las mujeres están esterilizadas. Ese es el punto de partida, para que se pueda hacer la investigación completa y analizar por qué la mayoría de mujeres han quedado con traumas y estigmatizadas como mujeres ligadas, y que no pueden trabajar.
La mayoría de mujeres han hecho mucho esfuerzo por continuar sus vidas, promoviendo la supervivencia de sus familias, porque tienen toda una resiliencia importante para la vida. Su capacidad para seguir cuidando la vida las ha hecho resistir. Por ello, lo que aquí tiene que demostrarse son las secuelas que ellas han tenido en su salud física, salud mental y de incapacidad para seguir trabajando como lo hacían antes de la operación.
En el 2012, el Instituto de Apoyo al Movimiento de Mujeres Campesinas, del que formo parte, realizamos una investigación-acción referida a la migración de las mujeres jóvenes por el corredor migratorio de Huancabamba-Piura-Chiclayo-Lima. Esta investigación, además de demostrar las condicionantes económicas de pobreza que obligan a la mayoría de mujeres a dejar su comunidad y familia, con el objetivo de mejorar su situación, ver nuevas experiencias y buscar alternativas económicas, también evidenció que un grupo importante de mujeres que se vio obligado a enviar a sus hijas jóvenes a trabajar en las casas en las grandes ciudades, tanto de Piura, Chiclayo y Lima, eran justamente mujeres que fueron esterilizadas, quienes vieron limitada su contribución como fuerza de trabajo, impidiéndoles sostener a la familia y viéndose en la necesidad de enviar a sus hijas hacia las ciudades de la costa, debido a la pobreza y a las secuelas de las esterilizaciones.
Sabemos que actualmente el Perú vive un proceso democrático, pero aun así cuando las mujeres deciden reivindicar sus derechos siempre encuentran obstáculos y barreras. ¿Cómo se presenta el actual contexto político en el Perú para las mujeres organizadas en el Comité?
Aunque las mujeres están decididas y por ese motivo ha habido más apertura para organizarse en el Comité, también podemos comprobar que el partido de Fujimori sigue con cierta presencia a nivel nacional, debido a que como grupo político tiene importantes recursos económicos. Y cada vez que puede, según información que tenemos, llegan a las zonas más pobres y siguen prometiendo que sus líderes, como Keiko Fujimori, les sacarán de la pobreza. Por ejemplo, entre los meses de abril y mayo tuvimos conocimiento que en el distrito de Carmen de la Frontera habían subido a repartir víveres y al mismo tiempo diciéndoles que no deberían firmar nada sobre las esterilizaciones y sacaron padrones para pedir firmas a favor del indulto a Fujimori, esa es la campaña que este partido hace contra las mujeres.
A nivel del partido de gobierno se mantienen neutrales. Hasta el año pasado el presidente Ollanta Humala, al verse presionado por la acción de las mujeres y la opinión pública, incidió en la importancia de que se diera solución a las esterilizaciones e instó al Ministerio Público que hiciera una investigación. Se cambió la Fiscal en función y ahora asume la Fiscalía el Dr. Guzmán Vaca, el que está impulsando la investigación.
Aun se siente la amenaza, las mujeres no pueden hablar con claridad, porque sienten que aun les puede pasar algo. El 19 de agosto, cuando las mujeres estaban siendo entrevistadas por el Fiscal, una persona se acercó a las dirigentas de la AMBHA y les increpó diciéndoles que si querían que Fujimori se pudriera en la cárcel les iba a pasar algo, que ya tenía ‘anotadas’ a tres personas de la organización. Fue una especie de amenaza. Por tanto, no habrá tranquilidad para las mujeres si no se consigue que el Ministerio Público y el Gobierno tomen mayor iniciativa en este tema. Por ejemplo, nosotras desde el IAMAMC no contamos con recursos suficientes para promover el apoyo necesario a la AMBHA y al Comité, pues los apoyos de la cooperación internacional se están limitando cada vez más.
Y es que también hay una valoración negativa por parte de las autoridades sobre el trabajo de las ONG. Durante la entrevista que sostuvimos con el Fiscal, él nos expresó de manera crítica que habían ONG que manejaban mucho dinero y que no invertían suficiente en dar solución a los problemas sociales y que se aprovechaban de los mismos para beneficio personal. Le explicamos que han sido las ONG las que han promovido acciones de denuncia cuando se han cometido delitos contra los derechos humanos de las mujeres y tuvo que reconocer que era necesario hacer una alianza entre la sociedad civil y el gobierno para investigar a fondo estos casos y para ubicar a los principales responsables de este delito. Aunque como te comentaba, a nivel del Sector Salud se cuidan mucho y posiblemente no se sepa quiénes son los verdaderos culpables, y además las mujeres se acuerdan poco de quiénes eran los que daban las órdenes de esterilizar en sus zonas.
Hace poco, en un reportaje emitido por televisión española, precisamente sobre las esterilizaciones forzadas en el Perú, se entrevistó al ex Ministro de Salud, Dr. Aguinaga, y dijo que no tenía responsabilidad alguna en este tema, qué piensas al respecto?
Estas personas no tienen alma y no quieren reconocer sus delitos. Ellos podrán negar y podrán decir que no hicieron nada, que han cumplido con su deber, que les ordenaron, pero el asunto es que en el Perú, antes o después de Fujimori, tiene que respetarse la Ley y la Vida y la Autonomía de las mujeres en su capacidad de decisión. Fujimori impidió a las mujeres tomar sus propias decisiones, a pesar de que en 1995 declaró en la Conferencia de Beijing que ‘las mujeres serían dueñas de su destino’. En realidad, con las esterilizaciones forzadas Fujimori implantó un programa de limpieza étnica, tal como lo han corroborado muchos investigadores, y eso nunca lo van a reconocer los que han intervenido en este delito. Porque en el Perú nuestra cultura andina, no continua creciendo y desarrollando como debiera. Por allí tenemos que empezar, porque hay mucha aversión y rechazo a lo indígena, a lo que es el Perú profundo. Las mujeres indígenas evidenciaron con sus cuerpos hasta dónde se puede llegar cuando se asume el poder desmedido. La AMBHA está incidiendo para que las mujeres nunca más vuelvan a dejar que violenten su autonomía y sus derechos sexuales y derechos reproductivos.
¿Frente a esta situación cómo ha accionado el movimiento de derechos humanos en el Perú?
Todavía en los sectores más comprometidos, ONGs, activistas y gente muy identificada con estos temas, aun se respira temor. Algunas personas dicen, ‘para qué nos vamos a meter si los fujimoristas nos pueden hacer algo’. Todavía la violencia política está en el recuerdo de todas, todos aquellos hechos que se cometieron durante la dictadura, donde la venganza y la guerra sucia no se han olvidado. Por ese motivo, la población campesina e indígena tiene todavía sus reparos y no se atreven a hablar. Hay una ONG llamada DEMUS que está preparando el Tribunal de Conciencia por Justicia para las Mujeres que tiene la finalidad de incidir mediáticamente sobre los avances (o no) de la investigación sobre las esterilizaciones forzadas en el Ministerio Público, los avances (o no) del proceso en el caso de violencia sexual durante el conflicto armado interno en el Poder Judicial, la ausencia de reparaciones (en salud por el MINSA e integrales en el MIMP para los casos de esterilizaciones forzadas; así como del Plan Integral de Reparaciones para las afectadas por violencia sexual), y sobre la falta de medidas de protección y de asesoría jurídica gratuita para las víctimas de estos delitos. Creemos que es positivo e importante para que a nivel nacional se tome conciencia de lo que ha ocurrido. Aunque también consideramos que sería pertinente realizar este tipo de eventos en las propias zonas y contextos de las mujeres y no sólo en Lima.
Sabemos que se está preparando el XIII Encuentro Feminista Latinoamericana y del Caribe en el Perú, para el 2014. ¿Se han pronunciado sus organizadoras sobre este tema?
A este nivel no se escuchan voces y no hay ninguna propuesta para que se tome en cuenta el problema de las mujeres esterilizadas. También es verdad que, en algunos casos, algunas ong feministas durante la aplicación de las AQV en el gobierno de Fujimori, no fueron del todo consecuentes con los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres campesinas e indígenas. Y sobre ello aun falta dialogar y superar procesos para consolidar al movimiento. Y es que el Perú necesita escuchar las mismas voces de las mujeres indígenas y campesinas, no como simples testimoniantes, o informantes, sino como detentoras de sus propias luchas, de sus propios saberes y capacidades. Trayéndolas desde sus zonas lejanas a las grandes ciudades para que hablen de su problemática es un paso para sumarse a su lucha, pero no basta. Hay que ir a sus espacios y comunidades, establecer un diálogo horizontal con ellas, escucharlas, comprender sus demandas y hacerlas nuestras. En este sentido, reconocemos la visita del Fiscal a Huancabamba, pero creemos que fue un tiempo demasiado corto el que se dio a las 110 mujeres esterilizadas, fue en menos de seis horas. Las mujeres no tuvieron el tiempo y la tranquilidad de expresar lo que sintieron y experimentaron con sus cuerpos. Quedan todavía muchas interrogantes: hasta dónde el Estado peruano está comprometido con este problema… Por ejemplo, algo que se les debe a las mujeres es perdón. Perdón por parte del Estado peruano a las 300 mil esterilizadas y 22 mil hombres que fueron sometidos a la vasectomía.
¿Qué más se necesita para reparar a las mujeres esterilizadas?
La reparación ha de ser social, económica y política. Las mujeres y hombres afectados por las AQV necesitan recibir atención en salud de forma integral. Existe el Programa Integral de Salud (SIS), pero que debido a la cantidad de la demanda no cubre como debería. Allí se podría integrar a las personas afectadas pero no es suficiente. Ellas precisan de un programa más integral (atención física y psicológica). La reparación también ha de ser económica, porque han perdido años de vida y sus cuerpos han sido prácticamente mutilados. Y no sólo es dineraria, sino que el Estado Peruano asuma un compromiso real de generar inversiones económicas sostenibles y en equilibrio con la naturaleza en las comunidades donde viven las mujeres esterilizadas. Generar oportunidades económicas y de desarrollo para ellas y sus familias.
La reparación ha de ser política. Es decir, que se les haga justicia, que los perpetradores de sus derechos sexuales y derechos reproductivos puedan ser sancionadas, desde los altos mandos hasta los medios. Las mujeres y hombres indígenas que fueron violentados en sus derechos precisan Justicia y Reparación.
