Cerca de un año y medio después de la entrada en vigor de la Ley de Salud Sexual y Reproductiva e Interrupción Voluntaria del Embarazo, varias asociaciones de la Campanya pel Dret a l’Avortament Lliure i Gratuït aseguran que el acceso a métodos anticonceptivos y al aborto en la sanidad pública está lejos de ser una realidad, así como la transversalización de la educación sexual en la enseñanza. Aunque el Departament de Salut ha anunciado la implantación de un nuevo circuito a partir de octubre para que las mujeres que aborten no tengan que seguir avanzando el pago a las clínicas privadas (como han tenido que hacer 6.800 mujeres durante el último año), desde la campaña afirman que tanto profesionales como usuarios tienen una gran incertidumbre sobre qué centros facilitarán esta prestación.
El 27 de septiembre, la Campanya pel Dret a l’Avortament Lliure i Gratuït, que cuenta con la adhesión de 127 entidades, hizo un acto de valoración de la aplicación de la Ley de Salud Sexual y Reproductiva e Interrupción Voluntaria del ‘Embarazo de 2010. En el Centre de Cultura de la Dona Francesca Bonnemaison de Barcelona se organizaron dos mesas redondas donde participaron representantes de la Asociación de Planificación Familiar de Cataluña y Baleares (APFCIB), la Asociación Catalana de Comadronas, la Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción Voluntaria del Embarazo (ACAI), la Escuela de Enfermería de la Universidad de Barcelona, ??de Centros de Atención Primaria de la Costa de Ponent y el grupo de Mujeres y Educación de Ca la Dona.
Las ponentes explicaron que aunque la Ley establece el acceso al aborto, anticonceptivos, programas y servicios de salud sexual y reproductiva en la sanidad pública, regula la objeción de conciencia en la sanidad pública de forma que se garantice la aborto como una prestación sanitaria normalizada y establece que la educación sexual debe transversalizar a todo el currículo escolar, estas disposiciones están lejos de cumplirse, tanto en el territorio catalán como en el resto del Estado. Según María Ferreiro, presidenta de la APFCIB, “la mayoría de medios anticonceptivos están fuera de la cobertura sanitaria, se han priorizado los hormonales porque los gobiernos han asumido la presión de los laboratorios” y algunos de los métodos quirúrgicos que tienen cobertura “están tardando muy por los recortes sanitarias “. Además, hay “pocos recursos para los programas de atención en salud sexual y reproductiva”.
Incertidumbre sobre la red de cobertura pública del aborto
Eva Vela, presidenta de la Asociación Catalana de Comadronas, explicó que el Departamento de Salud “ha terminado la primera fase de aplicación del aborto farmacológico” en los diez Centros y Puntos de Atención a la Salud Sexual y Reproductiva que Departamento de Salud ha acreditado para facilitar esta prestación. La nueva Ley regula el aborto por el sistema de plazos: hasta las 14 semanas de embarazo por libre decisión de la mujer o causa médica, hasta las 22 por causa materna o fetal ya partir de las 22 por malformación fetal, anomalía del feto incompatible con la vida o enfermedad extremadamente grave certificada por un comité de expertos que lo evalúa. Según Vela, “el 45% de las mujeres que quieren abortar están de menos de 6 semanas. Las que vienen más tarde suelen ser las que tienen más dificultades, pueden coincidir circunstancias muy duras”. La Ley establece tres días de reflexión antes de la intervención y las mujeres pueden elegir el aborto farmacológico o quirúrgico. El Departamento de Salud afirma que quiere priorizar el sistema de aborto farmacológico en los embarazos de menos de siete semanas. Pero, según Carmen Catalán de la Red de Mujeres por la Salud, “en octubre comienza la segunda fase de aplicación del aborto farmacológico y no tenemos información sobre cuáles serán los centros pilotos para hacerlo. Seguimos sin tener un mapa de recursos de estos centros y de las clínicas donde se practicará el aborto quirúrgico “. En abril pasado, el Departamento de Salud hizo un concurso para concertar la asistencia de los abortos quirúrgicos con las 12 clínicas acreditadas de Cataluña y sólo le superaron dos. Raquel Novo, miembro de ACAI, asegura que “las bases del concurso eran muy difíciles, imposibles de presentar en diez días. Sólo nos presentamos dos clínicas de Barcelona y hasta el día de hoy no sabemos cuál será el procedimiento para la concertación, nos parece irrealizable con las condiciones que Salud está poniendo”. Salud anunció que el nuevo modelo evitaría el resarcimiento (que las mujeres avanzaran dinero para pagar un aborto en una clínica privada y luego pidieran a la sanidad pública el retorno del importe, como ha ocurrido hasta ahora), pero, según Catalán, “con este sistema no sabemos si esto será posible”.
El aborto, lejos de ser una prestación normalizada
Según Silvia Aldavert, del APFCIB, “el Departamento tiene que hacer que los hospitales asuman los abortos, así facilitaría que las mujeres no tengan que venir a Barcelona a abortar, ya que hay un problema de distribución territorial, pero a día de hoy esto no pasa”. Aldavert recuerda que “el aborto no es una prestación sanitaria normalizada, sino una carrera de obstáculos y, cuanto más dificultades tienen las mujeres para abortar accediendo al circuito público con garantías, más desigualdad se crea”. La objeción de conciencia del personal sanitario ante la demanda de abortos en la sanidad pública sigue siendo uno de estos obstáculos. Neus Prat, directora de atención primaria de la Costa de Ponent, explicó que tanto la Ley como el Comité de Bioética de Cataluña establecen un protocolo según el que “sólo puede objetar el personal directamente afectado en la intervención y lo manifestará antes. En el caso del aborto farmacológico, sólo podrán objetar los que prescriben el medicamento, no quien atiende a la mujer de entrada”. Pero según Prat “a veces, en los equipos hay gente objetora que no está implicada en la intervención y se posiciona en contra, castiga a la mujer, da mal la información”.
Educación sexual, asignatura pendiente
María Honrubia, miembro de la APFCIB y de la Escuela de Enfermería de la Universidad de Barcelona, ??explica que, aunque la ley habla de la importancia de la educación afectivo-sexual y contempla la formación de los profesionales en educación sexual, “no hay formación de grado en sexualidad. Hay postgrados y másters de formación en sexualidad desde el año 1975, pero no había licenciaturas y eso se ha mantenido. La creación de la Cátedra de Psicología de la Sexualidad en la Universidad de Salamanca dio mucho peso a los trabajos de investigación. En la UAB y UB, Lleida y Tarragona cada vez imparten más formación, pero es de segundo ciclo”. Según Honrubia, “debe haber formación competente y reglada en todas las etapas de formación de las personas. No hemos tenido una buena educación sexual ni formación de los profesionales, de ahí el malestar, el sufrimiento y la ignorancia sobre la sexualidad”. Por su parte, Montse Roset, del grupo de Mujeres y Educación de Ca la Dona, presentó un recurso web de educación afectiva y sexual que han diseñado desde su grupo ante la “necesidad de introducir de forma continuada y sólida del educación sexual”. Según Roset, “el sistema educativo es poco permeable, muy estructurado y vertebrado en torno a las disposiciones académicas. Por ejemplo, los informes PISA sólo evalúan la calidad en función de las asignaturas de matemáticas y lenguaje, no si el alumnado es capaz de dirimir conflictos sin violencia, gestionar las emociones o los sentimientos”. Y los programas que se aplican es porque parte del profesorado “ha cogido la responsabilidad de crear un programa, con introducción de enseñanzas externas, normalmente a través de la salud, comunidades extracurriculares pero con discontinuidad y poca generalización”.
