Maria del Rosario Vásquez es miembra de La Colectiva de Mujeres Refugiadas, Exiliadas y Migradas.
Nacida en Colombia, es licenciada en medicina -especializada en familia y con formación en terapias alternativas y bioenergética-, aunque su práctica la llevó a tratar a las víctimas del conflicto armado. Llegó a Cataluña como refugiada hace 13 años y aquí tuvo que abandonar su profesión como consecuencia de los largos y costosos procesos de convalidación de títulos. Desde entonces es una activista que trabaja en proyectos de educación para la paz y la justicia global.
¿Cómo surge la Colectiva de Mujeres Refugiadas, Exiliadas y Migradas?
Nuestra organización es una iniciativa que surge en 2004 para dar respuesta a las necesidades derivadas del proceso de diáspora –porque a más de las dificultades para obtener permisos existe una violencia estructural basada en la etnicidad, en la procedencia, en el color de piel, en la cultura que son barreras que obstruyen un ejercicio pleno de la ciudadanía-. También quisimos construir respuestas organizativas y de participación desde mujeres colombianas víctimas del conflicto armado colombiano, procedentes de diversos territorios e identidades, pertenecientes a organizaciones de base, urbanas y rurales, campesinas, de trabajo comunitario, estudiantiles, defensoras de derechos humanos e indígenas y afrodescendientes, con el común denominador de vivir en el exilio.
Como organización feminista nos enfocamos en la reconstrucción de nuestro tejido social desde la diáspora, con un enfoque de Derechos Humanos, como fundamento de cualquier práctica social, política, económica, cultural que se comprometa con la defensa de la dignidad. El Refugio, el Exilio y la Migración, con su enorme carga de exclusión, han sido invisibilizados, tanto en nuestro país de origen como en aquellos a donde llegamos. Es necesario dar voz a la multiplicidad de impactos y efectos diferenciados sobre las vidas y los cuerpos. Persistimos en dar a conocer la realidad, la desigualdad y la discriminación en Colombia con énfasis en las mujeres.
Resignificamos el cuidado descubriéndolo como una postura ética de preservación de la vida. Insistimos en la construcción de una paz transformadora para todos y todas, donde sea posible la igualdad de oportunidades y la justicia social en el marco de una ciudadanía activa que tenga como centro el Cuidado de la Vida.
Colocamos la construcción de Memoria en el centro de nuestros intereses a través de diversas acciones vitales y metodológicas como el teatro, el arte sanador, la escritura y la constante presencia en diversos espacios. Como Colectiva nos constituimos en diferentes delegaciones internacionales: Canadá, Costa Rica, Panamá, Francia, Suiza, España y con compañeras retornadas en Colombia.
Representan la diáspora colombiana. ¿Qué tipo de relación mantienen con las compañeras del interior?
Las mujeres de La Colectiva mantenemos una relación cercana y permanente con nuestras organizaciones de base, así como con otras que desde los territorios trabajan por los derechos de las mujeres. De hecho, una línea de nuestro trabajo es la de incidencia que requiere un intercambio fluido y un vínculo entre organizaciones. Así procuramos ser canal de resonancia y ocupar los espacios de participación y representación.
Somos parte de apuestas ciudadanas tan poderosas como la Taula Catalana per la Pau i els Drets Humans a Colombia, cuyo trabajo incansable crea puentes en los dos lados del océano y nos refuerza nuestra presencia en la denuncia, la exigibilidad, la construcción de propuestas, la incidencia. Hay que resaltar que las compañeras retornadas a Colombia continúan totalmente vinculadas y son un activo fundamental.
El año pasado se cumplieron 20 de la Resolución 1325 de Naciones Unidas sobre Mujeres, Paz y Seguridad. ¿Qué es lo que pueden aportar las mujeres en estos procesos, y en concreto, las mujeres colombianas?
Desde el mismo momento de la firma de la 1325 las organizaciones de mujeres en Colombia nos hemos dedicado a su pedagogía y a procurar su difusión y su implementación como una herramienta clave para visibilizar a las mujeres como víctimas específicas del conflicto armado, resaltando los impactos diferenciados sobre sus vidas y sus cuerpos, así como constructoras de paz, sin cuyos aportes el avance en implementar acuerdos es imposible. De esta manera, la Resolución 1325 fue un cimiento para que las mujeres incidieran en las políticas públicas y exigieran su participación en los procesos de paz. Es un instrumento que nos permite llegar a diferentes espacios nacionales e internacionales, para colocar a las víctimas en el centro del proceso de paz y en la construcción de justicia social, sobre todo para las mujeres.
Un ejemplo del gran valor simbólico real de la Resolución 1325 es que las mujeres organizadas saben perfectamente sus necesidades y elevan sus voces con claridad como ocurrió con todo el proceso de paz en el cual nos ganamos a pulso un espacio y aportamos visiones y propuestas desde un conocimiento de la realidad de años y años.
A pesar de haberse firmado un acuerdo de paz en 2016, los asesinatos a defensores y defensoras de derechos humanos continúan. ¿Cómo ve la situación en estos momentos en Colombia?
A cinco años de la firma del Acuerdo de Paz se puede hacer un balance muy temprano. Porque es importante anotar que la implementación de un acuerdo y la construcción de paz estable y duradera, con justicia social, con cambios culturales, con un horizonte de reconciliación y con una implicación de la sociedad civil es un proceso largo, difícil y que requiere paciencia y compromiso. Y más cuando somos un país que viene de más de 50 años de una “cultura de la muerte”, que nos ha acostumbrado a la falta de valor de la vida, al irrespeto y a la indignidad.
Es precisamente en un marco de polarización donde se da esta persecución despiadada de líderes y lideresas comunitarias, de personas defensoras y pertenecientes a organizaciones de base. Las amenazas, los hostigamientos, los atentados, las masacres, los asesinatos son una forma cruel de continuar con la guerra, porque con cada líder y lideresa asesinada se destruye el tejido social y comunitario, se afecta y se deja sin apoyo a los colectivos más vulnerabilizados. Además, le dan fortaleza a quienes han hecho de la guerra su forma de vida.
Es muy importante hacer una llamada a la comunidad internacional porque en Colombia existen apuestas políticas, empezando por quienes ahora detentan el gobierno nacional, que hablan de “hacer trizas” el acuerdo de paz y que hacen todo lo posible para poner palos en la rueda a la posibilidad de crear una sociedad reconciliada e incluyente.
Las comunidades más afectadas por la guerra son las que más se comprometen con el acuerdo de paz, al tiempo que las personas de las ciudades -que muchas veces no han vivido directamente estas nefastas consecuencias- son quienes se manifiestan en contra de la paz. Es a las víctimas a quienes hay que escuchar.
¿Para cuándo la Verdad, la Justicia y la Reparación en Colombia?
La Verdad, la Justicia y la Reparación ya están en proceso en Colombia con lo que significa tratar de conseguirlas cuando hay un gobierno que se opone férreamente a lo firmado en el Acuerdo de Paz y que no cumple con los compromisos adquiridos con esta firma.
Uno de los mayores logros del Acuerdo es haber colocado a las víctimas en el centro del interés y de hacer efectivos diversos enfoques como el de género, el territorial, el étnico, etc. A partir de esto se ha creado un mecanismo de justicia transicional llamado Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y Garantía de No Repetición (SIVJRGNR) que a su vez se apoya en tres instancias: La Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad (CEV), la Justicia Especial para la Paz (JEP) y la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD). Este es uno de los verdaderos nombres de la Paz.
Estos mecanismos, más que normas escritas en un papel, deben convertirse en palabra viva y ser conocidos, reconocidos y apropiados por la sociedad colombiana. Es por esto que no nos cansamos de hacer un llamado a procesos pedagógicos desde la escuela hasta cualquier escenario social.
Así mismo, es clave llegar al cumplimiento de los otros puntos del Acuerdo, como son la restitución de tierras, la política antidrogas y otros, que además incluyen 120 puntos que garantizan las medidas de género.
La presencia permanente y el seguimiento desde la comunidad internacional son fundamental. Esta no es hora de dejar sola a Colombia en un momento clave de su historia.
