Once organizaciones de mujeres inmigrantes, integrantes de la “Mesa de trabajo sobre migración, género y desarrollo”, emitieron un comunicado en el que hacen duras críticas al actual gobierno central por los recortes sanitarios aprobados y advierten sobre las consecuencias negativas.
Afirman que, con sus medidas, el gobierno vulnera derechos y menoscaba el modelo de estado, confunde el “turismo sanitario” con la inmigración, deja en situación de indefensión a personas migradas lo que al final puede provocar un mayor gasto, evita el debate democrático e impulsa el crecimiento de actitudes xenófobas y racistas.
“Denunciamos que los recortes sanitarios son una clara vulneración al derecho a la salud, a una asistencia sanitaria pública, universal y de calidad para todas las personas… expresamos nuestro rechazo a las medidas aprobadas… pues colocan en serio peligro el mantenimiento de ese derecho y establecen mecanismos discriminatorios para la población más vulnerable”, señala el comunicado.
El Decreto Ley 16/2012, aprobado por el Consejo de Ministros el pasado 20 de abril, “significa la negación del acceso a la sanidad a las personas migradas y también a la juventud española mayor de 26 años que no ha accedido al primer empleo”, con lo que “el actual gobierno demuestra su claro interés de menoscabar el modelo de estado social que reconoce la Constitución Española”.
Igualmente denuncian “el intento de confundir el ‘turismo sanitario’ de la ‘población migrada”, ya que el primero se trata de “extranjeros ricos” cuyo uso del sistema sanitario puede ser regulado y el segundo son personas que extranjeras que trabajan en el país, en duras condiciones, y en situación irregular, pero que consumen y pagan impuestos indirectos (IVA, tasas, etc.).
Las mujeres inmigrantes advierten que al dejar fuera de atención a personas inmigrantes “irregulares” puede ocasionar “una grave situación de indefensión” que en el caso de los que sufran enfermedades crónicas acabará finalmente en “ingresos hospitalarios, los cuales pueden provocar un mayor gasto final”.
Recuerdan que cuando en el año 2000 no se reconocía en España el acceso a la sanidad de los extranjeros que se hallaban en situación irregular, esta carencia provocó situaciones de desasistencia e incluso graves riesgos sanitarios.
La Ley Orgánica de Extranjería 4/2000 reconoció el derecho a la asistencia sanitaria a todas las víctimas de accidentes, los niños y las mujeres embarazadas y a las personas extranjeras empadronadas.
La reforma de la normativa de acceso al sistema sanitario por la vía del Decreto Ley “viene a suponer una nueva sustracción a un debate democrático y social que evidencia las pretensiones autoritarias de un gobierno que desdeña el diálogo y la participación de los sujetos legitimados y de los agentes afectados, al tiempo que genera nuevamente falsos debates sobre el cuestionamiento de la inmigración, que sin duda redundaran en el crecimiento de actitudes xenófobas y racistas”, afirman.
En 1985 el Tribunal Constitucional estableció que la persona extranjera es titular de derechos fundamentales en cuanto ser humano, independientemente de su situación legal.
“Saludamos el compromiso del personal médico que hace un llamado a la objeción de conciencia para atender a todas las personas sin distinción de condición y posición social y origen”, señalan para luego demandar al Gobierno que “asuma su responsabilidad de velar por la vida y la integridad de las personas y que no promueva políticas y prácticas xenófobas y populistas”.
La “Mesa de trabajo sobre migración, género y desarrollo” está integrada por la Associació cultural, educativa i social, operativa de dones paquistaneses (ACESOP), la Associació de dones immigrants subsaharianes (ADIS), el Col·lectiu Maloka, Diàspora Solidària, la Federació d’entitats llatinoamericanes de Catalunya (FEDELATINA), la Federació d’entitats peruanes en Catalunya (FEPERCAT), la Fundació Indera, el Grup de dones immigrants de Sant Cugat, la asociación Integració de joves llatinoamericans, la Organización Mujeres pa’lante, la Plataforma Q’atary Perú y a título personal Silvia Fernández Capcha.
