OPINIÓN
Aunque soy una ciudadana absolutamente legal, en leyes hay decisiones judiciales (de las que se habla poco) que me ponen los pelos de punta.
A mediados de junio, el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya citó a declarar por presunta desobediencia y prevaricación a la Mesa del Parlament puesto que había permitido la votación de unas resoluciones sobre el referéndum durante el debate de política general del 6 de octubre de 2016. A pesar de que las cinco personas que la componen firmaron el mismo documento, la Fiscalía actuó contra las tres diputadas y uno de los diputados, pero excluyó al quinto miembro de la Mesa, el no independentista Joan Josep Nuet. La Fiscalía lo justificó afirmando que Nuet creía erróneamente que al firmar el documento no incumplía el mandato del Tribunal Constitucional. O sea que además lo tildó de memo, de no saber lo que se hacía.
Como ex profesora de instituto sé lo injusto que es castigar a un grupo por algo que ha hecho una u otras personas de esa clase pero a quien no tienes a mano para castigar
Como ciudadana no experta en leyes, insisto, me pone los pelos de punta saber que la Fiscalía no se basó en hechos (toda la Mesa hizo exactamente lo mismo) sino en pretendidas intenciones. Un camino peligrosísimo.
Poco antes del verano, el gobierno catalán quiso comprar urnas pero una resolución —me parece que también del Tribunal Constitucional— se lo impidió. El gobierno andaluz hacía poco había comprado urnas; es decir, había hecho exactamente lo mismo que se prohibía al gobierno catalán.
Como ciudadana no experta en leyes, vuelvo a insistir, me pone los pelos de punta ver que se prohíbe no un hecho, comprar urnas, sino una intención.
La jueza Carmen Lamela ha enviado incondicionalmente a prisión a la parte del gobierno de Cataluña que se presentó a declarar en la Audiencia Nacional. Parece que quizás en esta draconiana decisión haya influido que el cesado presidente, así como dos diputadas y dos diputados más se hayan instalado en Bruselas para eludir, aunque sea momentáneamente, su encarcelamiento.
Foto:EFE
Como ex profesora de instituto sé lo injusto que es castigar a un grupo por algo que ha hecho una u otras personas de esa clase pero a quien no tienes a mano para castigar. Cuando, además, una de las diputadas y uno de los diputados que han dado con sus huesos en la cárcel volvieron de Bruselas justamente para presentarse en la Audiencia.
Como no sé ni una palabra de leyes, no me meteré en camisa de once varas y no diré nada sobre decisiones más técnicas y sofisticadas. Por suerte, hay opiniones bien fundamentadas y ponderadas en una prensa que no debe dinero a nadie. Por ejemplo, sobre si la Audiencia es o no competente, el artículo de Elisa Beni «Un auto que sonroja».
O, sea cual sea el sentimiento que provoque, (tras varios errores de bulto) la pretendida fuga de Carles Puigdemont y cuatro diputadas y diputados más —hay quien ha reaccionado con estupor, con perplejidad, con indignación …—, merece la pena informarse sobre las razones del ex presidente en una buena fuente. Quizá si Felipe González hubiera leído un artículo tan clarividente sobre las posibles motivaciones del movimiento de Puigdemont habría sido menos frívolo y más prudente y habría tenido que convenir que «cobarde, de entrada, no». Sabría que a pesar de la aparente disparidad y contradicción —que una parte del gobierno haya ido a declarar a la Audiencia y otra parte, no—, ambas decisiones responden, parece, a una estrategia compartida, caras de una misma moneda.
El problema no es que hayan aparecido Twitter y Facebook, el problema es un sectarismo que se lo está comiendo todo
Pero estamos en momentos de censura en periódicos que en otro tiempo fueron centrales. Si decides tachar de golpista el gobierno de Cataluña es lógico que vetes artículos de juristas como Javier Pérez Royo que se desgañita explicando el golpe contra la Constitución que supuso la sentencia del Tribunal Constitucional (STC 31/2010); ya en 2007, su primera pista fue la recusación del magistrado Pablo Pérez Tremps.
Hay que recordar que el PP y su Constitucional siempre ha estado contra la Constitución. Por cierto y según el DRAE «golpe de Estado Actuación violenta y rápida, generalmente por fuerzas militares o rebeldes, por la que un grupo determinado se apodera o intenta apoderarse de los resortes del gobierno de un Estado, desplazando a las autoridades existentes».
De Maruja Torres a John Carlin, pasando por el novelista Albert Sánchez Piñol, el historiador Joan B. Culla o el escritor Francesc Serés, entre otras personas, el desfile de colaboraciones que tan sólo expresavan su opinión y no la del diario que desaparecen, es continua, y va estrechando los márgenes para informarse en momentos en que tanto se necesitan artículos sensatos que no estén escritos con el estómago o vete a saber con qué otra víscera.
El problema no es que hayan aparecido Twitter y Facebook —al igual que en la prensa, pueden decirse en ellos mentiras o verdades, insultos o alabanzas—, el problema es un sectarismo que se lo está comiendo todo, ahoga y expulsa opiniones totalmente razonables y banaliza, por tanto, la discusión, si es que no la encona y la vuelve imposible.
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