El primer producto que identificó al territorio colombiano fue el oro y los españoles, ciegos por la ambición, se embarcaban tras la leyenda de El Dorado. Luego fue el café. Ahora parece que volvemos a épocas pre-industriales.
Las explotaciones mineras y de hidrocarburos -actividades extractivas- están avanzando a pasos de gigante, a costa de ecosistemas, la salud de poblaciones rurales y aumento de la violencia contra las mujeres.
“La promoción de las actividades extractivistas que se da tanto en Colombia, como en muchos países de Suramérica, por parte de gobiernos de izquierda como de derecha, se apoya en el argumento de que estos proyectos son indispensables para asegurar el crecimiento económico y cuya renta permite ampliar los presupuestos para programas sociales”, afirmó a SEMlac Germán Niño, de la no gubernamental Corporación de Investigación y Acción Social y Económica (CIASE).
Con el alza de los precios internacionales de minerales e hidrocarburos -especialmente oro y carbón, con demanda sostenida-, sumada a los estímulos para los inversionistas promovidos desde el gobierno pasado de Álvaro Uribe, ya las grandes multinacionales de la industria extractivista están presentes en todo el territorio colombiano.
Sólo durante el gobierno pasado se otorgaron 9.000 autorizaciones oficiales para la exploración y explotación minera, 37 de las cuales no respetaron parques nacionales naturales -según Ingeominas, autoridad minera de Colombia-ni algunos territorios de reserva indígena.
Las explotaciones carboníferas han puesto a Colombia en el primer lugar en América Latina y décimo en el mundo, lo que se ha traducido en un crecimiento de la inversión extranjera de 11.900 millones de dólares en el último quinquenio.
El actual gobierno ha declarado la minería como “locomotora de desarrollo” del país. Sin embargo, el impulso al sector extractivo no ha ido acompañado del fomento y creación de industrias que le den valor agregado a las materias primas, como la petroquímica.
“Nos estamos volviendo monodependientes de la minería y los hidrocarburos, los indicadores económicos así lo demuestran. Y como estos recursos son finitos, van a extinguirse, y por ello necesitamos avanzar en la industrialización de la minería y en ciencia y tecnología”, afirma a SEMlac Fabio Velásquez, coordinador académico del informe “El sector extractivo en Colombia” y miembro del no gubernamental Foro por Colombia.
Además, los egresos por utilidades o dividendos son mayores o iguales a los ingresos del país por inversión extranjera, apunta Diego Otero Prada, decano de la Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables de la Universidad Central. Significa que hay mucha inversión, pero ésta es igual o menor a los montos de dinero que se llevan los inversionistas.
Colombia ofrece ventajas en tributos que promueven la inversión extranjera, pero en las condiciones más desventajosas para el país productor en el contexto internacional.
El propio ministro de Minas y Energía, Carlos Rodado, declaró a la prensa en mayo de 2011 que había debilidad para fiscalizar y controlar una normativa laxa y poca exigibilidad en la aplicación de las disposiciones vigentes.
El costo que pagan las mujeres
“Con dolor e indignación afirmamos la permanente demanda de servicios sexuales por parte de funcionarios y obreros de la industria mineroenergética, servidumbres, trata de personas, migración de mujeres, así como la estigmatización de las mujeres que ejercen el trabajo sexual promovido por este tipo de actividades económicas”.
Así lo dejaron consignado las mujeres reunidas en el Encuentro Latinoamericano “Mujer y Minería”, celebrado en Bogotá el 12 de octubre de 2011.
La declaración final del Encuentro agrega que la salud de mujeres y niñas recibe también fuertes impactos agresivos de los megaproyectos. “Se acentúan las enfermedades de transmisión sexual (ETS), respiratorias, mentales y de la piel, auditivas y todas aquellas derivadas de la actividad minera extractiva y de las fumigaciones”.
El documento destaca además el incremento de abortos, malformaciones, cáncer y embarazos de adolescentes, entre otras problemáticas de la salud.
La salud de mujeres y hombres ya registró casos masivos como efecto de la extracción y transporte de carbón. En 2008, la comunidad del departamento (provincia) de César (norte de Colombia) protestó por las enfermedades respiratorias generadas por las partículas y polvo en el aire.
Como consecuencia, se abrió una investigación a la multinacional estadounidense Drummond. Pese a las voces autorizadas que indicaban que debían cesar operaciones, al final la empresa se comprometió a mejorar las condiciones de la zona y a reubicar a las cuatro poblaciones más afectadas por el polvillo, que sigue esparciéndose en el aire.
Protestas ciudadanas salvan ecosistemas
Además de la denuncia de títulos mineros en zonas que incluyen áreas protegidas que están siendo investigadas por las autoridades, se ha cuestionado la autorización para que empresas mineras actúen en regiones de páramo, que son las fábricas de agua de las ciudades aledañas.
La protesta ciudadana en defensa del páramo de Santurbán (al noreste del país) condujo al gobierno a revocar la licencia ambiental otorgada a la minera canadiense GreyStar, que se vio compelida a reformular su proyecto, pero no renunció a su interés extractivo en la zona porque, como dijo su vocero a la prensa, “hemos invertido mucho dinero y no nos vamos a ir”.
“Es claro que ha habido una movilización ciudadana en defensa de los recursos naturales y hay un potencial para que la ciudadanía pueda hacer un contrapeso importante” afirmó Velásquez. Sin embargo, “son casos aislados, aún no tenemos el nivel de conciencia y movilización ciudadana que existe en Bolivia o Perú”, agregó.
Velásquez abundó en el caso de Santurbán, donde la población campesina que vive cerca de la zona de explotación aprobaba el proyecto minero, del cual esperaban beneficios por venta de servicios de alimentación y otros. Quienes se movilizaron, en cambio, fueron las víctimas indirectas: poblaciones que se nutren del agua que emana de ese páramo y sí sintieron amenaza y desventaja.
El gobierno ordenó además la suspensión total de actividades extractivas en el Parque Nacional Natural Yaigoje Apaporis, donde hay un resguardo gobernado por una etnia aborigen. La empresa canadiense Cosigo tenía intenciones de extracción de oro en esa área protegida.
Para Niño, director de Alternativas Económicas de CIASE, “ha habido laxitud en los estudios de impacto ambiental que se aplican a los proyectos minero-energéticos, incumplimiento y manipulación de la consulta previa a las comunidades indígenas y afrodescendientes”. Esa consulta es obligada antes de emprender cualquier tipo de intervención en territorios de estas poblaciones.
Basadas en el principio de que los daños ambiental y social tienen precio, las normas colombianas indican invertir al menos 17 por ciento de la regalías en la preservación y mejoramiento ambiental. Pero apenas se destinó 3,2 por ciento en promedio entre 2004 y 2009 a estos rubros, indica una investigación de la periodista María Teresa Ronderos, de la revista colombiana Semana.
¿Quién se queda con la renta?
Considerando la alta inversión del sector extractivista, el gobierno reformó el Sistema Nacional de Regalías de manera que sirva en parte para financiar programas sociales nacionales. Así, una parte la reciben las regiones de donde se extraen los recursos, como medida compensatoria, y otra se distribuye en las zonas más rezagadas en cuanto a educación, salud y otros niveles sociales.
El despilfarro de las regalías por parte de las administraciones locales ha sido alarmante: decenas de hospitales a medio hacer o sin dotación y abandonados, y piscinas con olas donde solo se bañan los sapos son algunos de los “elefantes blancos”, como se les llama a obras de gran inversión y sin uso alguno.
Estudios de la Red Latinoamericana de Industrias Extractivas señalan que no hay correlación entre la renta recibida en zonas de actividad extractiva y un mayor dinamismo de la economía, niveles de educación o salud.
De acuerdo con Carlos Monge, de Revenue Watch Institute, la población rural no se beneficia de la demanda de bienes y servicios que genera la actividad extractiva, se perjudica por la inflación que acarrea y sufre las distorsiones del mercado laboral de las entidades gubernamentales locales.
Para Velásquez, de Foro por Colombia, “es necesario que la ciudadanía tenga voz, y ojalá voto, en la asignación de las regalías a nivel local, y que le haga veeduría a su uso”.
