Silvia Carrera, panameña, artesana y agricultora de la Comarca Ngöbe Buglé, ubicada en el occidente del país, es la primera cacica en la historia de su pueblo.
A escasos cuatro meses de hacer sido electa, en este febrero le correspondió encabezar a su etnia de 160.000 indígenas en una lucha por el control autónomo de sus recursos mineros e hídricos en un territorio de aproximadamente 7.000 kilómetros.
Durante más de una semana de movilizaciones locales y nacionales, ella condujo la ocupación de tramos de la Carretera Panamericana que atraviesa la región y llamados al gobierno para realizar un diálogo.
En el mismo período dirigió acciones de defensa frente a un operativo estatal por aire y tierra que significó dos muertos entre los manifestantes, miles de heridos por bala, golpes y gases lacrimógenos y cientos de detenidos. Adicionalmente, fueron cortadas las comunicaciones celulares y telefónicas en la zona.
Culminó exitosamente una negociación que hizo retroceder al gobierno de Ricardo Martinelli. A sus 42 años de edad, respaldada por su pueblo, por los movimientos sociales y fuerzas progresistas de su país, logró que se excluyera de la propuesta de Reforma al Código Minero (30 de enero) un artículo que ya había sido negociado el año anterior con los Ngöbe Buglé.
El artículo 5, que excluía a la Comarca de las cláusulas favorables a la explotación minera en el país, había sido eliminado en el nuevo texto de la reforma.
Calificada por la Coordinadora Nacional de Mujeres Indígenas de Panamá como una protesta que unió a todo el país contra los abusos del gobierno actual, incluidas las organizaciones indígenas de las otras seis etnias existentes, partidos políticos de oposición y organismos de derechos humanos nacionales e internacionales manifestaron su apoyo mediante declaraciones y vigilias.
Finalmente, el 8 de febrero se firmó un acuerdo entre el gobierno y los Ngöbe Buglé, en el que se estableció que el gobierno respetará la exclusión de la Comarca en la Reforma al Código de Minería. Adicionalmente, las autoridades se comprometieron a liberar los detenidos y ofrecer atención médica a los afectados, indemnizar a los familiares de las dos personas que murieron, reestablecer las comunicaciones y retirar el operativo especial de las fuerzas de seguridad en la zona.
SEMlac entrevistó a Silvia Carrera ( 13 de febrero de 2012).
¿Cómo te sientes después de semejante gesta?
Estamos vigilantes porque, aunque logramos sentar al gobierno para negociar con nosotros, la legislatura debe aprobar el Código de Minería excluyendo la explotación en nuestra zona, no hay garantías. Ya anteriormente, en 2011, se había aprobado el Artículo 5, pero ese año lo trataron de introducir otra vez. Además, estamos invitando a los organismos de derechos humanos de la Organización de Naciones Unidas para que vengan a investigar las violaciones ocurridas, cosa que está pendiente.
¿Cuáles son las principales violaciones a los derechos humanos que se han cometido contra ustedes en este período?
Primero, se nos violó el derecho a la comunicación cuando se ordenó a las cuatro compañías de celulares que nos cortaran las líneas. Luego se nos quitó el derecho a movernos por el territorio, cuando mandaron policía por aire y por tierra a no dejarnos circular. Después nos reprimieron con gases, tiros y redadas a centros e iglesias donde dormíamos. Murieron dos de bala y, aunque no se sabe quiénes lo hicieron, lo que sí sabemos es que no fuimos nosotros porque no teníamos armas.
¿Y los derechos indígenas?
El respeto a la Carta Orgánica que habla de respetar la cultura y tradición indígena, de eso estamos hablando. Los Ngöbe Buglé somos un pueblo artesanos y agricultor. Con el producto de esos trabajos mandamos a nuestros hijos e hijas a la escuela y atendemos la salud. El gobierno actúa mal porque quiere apoderarse de todos los recursos naturales para beneficio de otra gente, no para su gente. El derecho nativo que defendemos es para poder vivir con lo que tenemos, no para regalarlo. ¡Por regalar las riquezas es que somos pueblo pobre en Panamá!
¿Y los derechos de las mujeres?
Se han comenzado a escuchar rumores de hostigamientos sexuales a las mujeres de parte de la policía, cuando irrumpieron a iglesias y lugares de concentración, pero eso hay que investigarlo, no está claro todavía. Usted sabe que eso cuesta que se hable y después es que sale mucho. Hay que investigarlo.
¿Cuáles son los derechos de las mujeres?
La autonomía de nuestros proyectos productivos, que es la libertad para desarrollar nuestros proyectos, prepararnos y organizarnos para enfrentar la discriminación. Los hombres ya saben que somos importantes, pero a veces los líderes no quieren escuchar a las mujeres. Nosotras, en las reuniones, hemos empezado a hablar de los grandes temas también. El voto de confianza de mi pueblo ha cambiado eso para trabajar en comun.
¿Qué ha sido lo más fácil para ti y qué ha sido lo más difícil en esta lucha como cacica?
Es fácil esta lucha porque mi pueblo piensa igual que yo: que falta participación directa en las decisiones. ¡Y como yo pienso que ejercer mi cargo es para que trabajemos unidos, pues es fácil porque todo el pueblo quiere eso mismo! La mayor dificultad viene de que el gobierno no quiere otorgar y respetar ese derecho. Ni siquiera quiere que nos reunamos, porque cada vez que lo hacemos nos desaloja, nos reprime, nos detiene.
Insistes en que hay grandes retos por delante porque, además de los acuerdos que hay que monitorear para que se cumplan. ¿Existen otros temas que no fueron resueltos en la negociación todavía?.
En la comarca tenemos grandes problemas con los recursos hídricos también. No hay suficiente agua para beber, para lavar y para trabajar porque hay tres compañías que están sacando el agua. Los indígenas no sobrevivimos sin la tierra; es nuestro sustento porque somos un pueblo agrícola y para cultivar se necesita agua. Si no lo defendemos, ¿quién? Por eso salimos a las calles y carreteras en protesta. Por eso es que a la vez que celebramos el logro de nuestras movilizaciones, al haber obligado al gobierno a retroceder en lo que tiene que ver con la minería, seguimos en pie de lucha, porque el punto dos de la negociación quedó pendiente. Estamos exigiendo una Ley Especial que prohíba la explotación de los recursos hídricos.
¿Recibieron apoyo de afuera?
América Latina se solidarizó. Cuando la Presidenta de Costa Rica dijo que habíamos retenido a costarricenses de un bus en la Carretera Interamericana, esas personas costarricenses nos ayudaron a desmentir eso. Y luego vinieron y nos expresaron su solidaridad.
Hay que seguir apoyando esta lucha que ocurre en todo el continente. Nos quieren arrinconar para apoderarse de nuestros recursos y derechos, pero no se puede permitir. Hay que pronunciarse en el sentido de que esto no ha terminado.
