Foto CIDOB
El Seminario Internacional ‘Global Cities’ ha debatido en el CIDOB los retos que enfrentan las ‘Ciudades Globales’. Esas discusiones fueron el preludio de la Bienal del Pensamiento ‘Ciutat Oberta’ que reunirá en distintos espacios de Barcelona, del 15 al 21 de octubre, a multitud de personas, sobre todo mujeres, del ámbito académico, del activismo y del arte, para pensar en esos retos del futuro.
Barcelona es ya una ciudad ‘okupada’ en parte, por el (especulativo) sector inmobiliario-financiero, por las (evasoras) empresas tecnológicas y las “clases creativas” o las élites del capitalismo mundial, que penetran en los territorios de manera transnacional (fondos buitre) y están generando un proceso de ‘gentrificación planetario’. Es lo que la socióloga Saskia Sassen ha denominado “las nuevas geografías del poder” que serán ‘el formato del futuro’, si no se les opone resistencia.
Por eso, en el Seminario Internacional ‘Global Cities’ los temas abordados en las cuatro mesas del Barcelona Centre for International Affairs, (CIDOB), durante los dos días de debates (27 y 28 de septiembre), giraban en torno a estas problemáticas: Las resistencias y alternativas a la segregación espacial; Las ciudades en la gobernanza global; El derecho a la ciudad y Los futuros y posibles modelos urbanos.
Mujeres, feminismos y ciudades, actores en ascenso
Profesionales y personal institucional de diversas organizaciones mundiales fueron sus ponentes. En la primera mesa estuvo la alcaldesa Ada Colau, que ya recordó en la presentación oficial -compartida con el presidente del CIDOB, Antoni Segura– la existencia de “persistentes desigualdades sociales, según el espacio que se ocupa en la ciudad”. En este sentido y en una de las mesas se cuantificó que los 15 minutos que separan Pedralbes de Torre del Baró significa una diferencia de 11 años en la esperanza de vida de las personas.
La alcaldesa considera que “no estamos en una época de cambios sino en un cambio de época”, porque “la revolución tecnológica lo está modificando todo. Las incertidumbres generan amenazas” pero también “oportunidades” y resaltó el ascenso de “nuevos actores: las mujeres, el feminismo a escala global y las ciudades, donde se localizan las empresas de los sectores financieros, económicos y tecnológicos”.
Desde la izquierda Teresa Caldeira, Sergi Picazo, Ada Colau, Antoni Segura y Josep Ramoneda. Foto CIDOB
Falta capacidad normativa para cambiar las reglas
Ahora, continuó Ada Colau “lo municipal ya no es política en minúsculas, sino en mayúsculas y con candidatos globales” (en alusión al candidato francés a la alcaldía de Barcelona). En su opinión, hay que “reivindicar la discusión y romper tópicos” porque tenemos “retos enormes que cuestionan la propia democracia”; y debemos “reflexionarlos a nivel global, porque están conectados, como las grandes desigualdades o el cambio climático.” Con ese objetivo, el de movilizar y debatir, anunció que, en diversos barrios de Barcelona, tendría lugar a partir del 15 de octubre la Bienal del Pensamiento ‘Ciutat Oberta‘.
Ada Colau lamentó que “falta capacidad normativa para cambiar las reglas del juego” en esta globalización, que sigue sin gobernanza y facilita que los “grandes grupos de de capital compren suelo y edificios sin responsabilidad, ni pagar impuestos” porque “no hay poderes públicos con fuerza suficiente para hacer que paguen”. Son “operadores globales” frente a “ciudades sin poder” porque éste es estatal. Por eso, “hay que revisar las competencias” afirmó. Y eso mismo ya lo defendió el mes de Julio en la l’ONU, junto con sus pares de Madrid, Berlín, Londres, París, Nueva York, Montreal y Ciudad de México.
Controlar precios de alquileres y evitar la especulación
En Nueva York, alcaldes y alcaldesas de esas metrópolis presentaron una Declaración Conjunta en la que demandaron más poder para las ciudades para que se pueda regular el mercado de la vivienda y dotarse de recursos, con el objetivo de controlar los precios de los alquileres y evitar la especulación inmobiliaria que, poco a poco, se está adueñando de grandes espacios de sus ciudades a través de firmas opacas y/o fondos ‘buitres’.
En el CIDOB, no obstante, la alcaldesa acabó esta intervención con optimismo, porque al día siguiente el Plenario del Ayuntamiento aprobaba finalmente el acuerdo para reservar un 30% de los nuevos inmuebles para pisos de vivienda social.
El periodista Sergi Picazo, recordó que la población urbana ha crecido más del 25%, que la mitad de la ciudadanía mundial vive en el 2% del territorio del planeta y como moderador abrió el debate y dio la palabra a la antropóloga y catedrática de Planificación Urbana y Regionalde la Universidad de California, Teresa Caldeira.
Sao Paulo, el mismo racismo policial que Estados Unidos
La profesora de Berkeleydefinió Sao Paulo como una ciudad muy segregada que ha tenido dos procesos de transformación: 1) la autoconstrucción de casas por parte de los pobres en los 90s, que luego ampliaron, dividieron y rentaron a mujeres jóvenes, madres con niños y a personas LGTBI y 2) los traficantes de drogas, convertidos en ‘emprendedores inmobiliarios’ al construir casas y pisos en diferentes y significadas áreas de Sao Paulo.
Todo ello, explicó la catedrática, (que tiene estudios comparativos de Los Angeles y Sao Paulo), en un contexto “con fuertes niveles de violencia, homicidios y con una brutalidad policial que sigue siendo muy alta, sobre todo, contra la juventud y las personas negras”. La “misma categoría de racismo” subrayó, que en Estados Unidos.
El periodista y filósofo Josep Ramoneda, expresó que la ciudad es “un fenómeno territorial y no digital” (en alusión a la ‘uberización’ de algunas actividades laborales) y es determinante que “la ciudad sea un ‘sujeto político’ ante el derrumbe del Estado nación”.
El turismo crea ‘guetos’ al revés, cerrados a la población
Ramoneda considera que “hay que reducir las fronteras humanas, para evitar la fractura de la ciudad” ya que “el turismo crea ‘guetos’ al revés porque los cierra a la población” local. Teresa Caldeira mantuvo que “todas las ciudades están segregadas y que la manera cómo se segrega va cambiando”. En alusión a Brasil, explicó que “Sao Paulo está más segregado porque la periferia no tiene infraestructuras” pero Río de Janeiro, aunque “la gente está más cerca, afirmó, es una ciudad más violenta en la que se mata más”, (en 2017, según datos facilitados estos días de elecciones, Brasil tuvo 64.000 asesinatos).
Ada Colau recordó que existen “dinámicas globales que aterrizan localmente como la migración y la mercantilización de la ciudadanía” y que aquí “se concede por la compra de propiedades de 500.000 euros”; eso es una “desigualdad violenta” y apeló a “políticas des-agregadoras y des-mercantilizadoras de los bienes y servicios públicos”. La alcaldesa puso como ejemplo de “permeabilización de las fronteras de los barrios” la recién estrenada línea del metro de La Marina, que ha significado un “sentimiento de pertenencia y menos segregación” para aquellas personas que, hace años, “lo sacrificaron todo por la ampliación del puerto”.
La alcaldesa Ada Colau debatiendo sobre Barcelona con Josep Ramoneda. Foto CIDOB
La extrema derecha se ha apropiado de los miedos
La edil también recordó que “des-comercializar lleva a la conflictividad” y por eso hay “crisis en la izquierda europea” porque ha evitado el conflicto y “no se ha confrontado con los poderes y los privilegios”. Por ello, para Colau “no es casual que la extrema derecha se haya apropiado de los miedos” para sus propios intereses.
En este sentido, Ramoneda recordó que el epicentro de ese fenómeno fue la crisis de 2008 y sobretodo porque “no se habla de los miedos objetivos (falta de empleo, recortes sanitarios) y se cambia por la migración”. La extrema derecha es el “producto del miedo a no poder gobernar las desigualdades” ocasionadas por “la hegemonía liberal o el neoliberalismo”. El fin de la socialdemocracia, según el filósofo, fue “cuando Tony Blair asumió las políticas de Margaret Thatcher” en Gran Bretaña.
Teresa Caldeira añadió que “los actuales mecanismos democráticos”, ya no permiten hacer nada porque “los partidos ya no representan a la ciudadanía”. En su opinión, no sabe cuál es el peor escenario si Europa, Estados Unidos o Brasil. En su país, había un Ministerio de las Ciudades que ahora se está desmantelado. “El Partido de los Trabajadores (PT) redujo el hambre y la desigualdad social en Brasil y la gente de la periferia llegó a la Universidad”, recordó. Sao Paulo “tiene ahora luz y mas calles asfaltadas” que antes, pero “se generó mucho odio por la corrupción” y la situación cambió a partir de 2013.
Faltan recursos porque los gastos están descentralizados
Colau intervino para preguntarse si “la provisión de servicios por ‘papá-Estado” ha propiciado una “desmovilización de la ciudadanía”, que parece “derechizarse e individualizarse”. Eso es lo que pasó en Brasil, le contestó la profesora Caldeira: con el PT se produjo “una mejora, en términos de consumo (neveras, automóviles, viajes en avión) pero no en derechos”, afirmó. Ramoneda insistió en que las ciudades “necesitan recursos” porque “siguen entre el 12/14% del presupuesto, igual que durante el franquismo” y porque “las decisiones están centralizadas pero los gastos descentralizados”.
En efecto, en Brasil hay un “enorme retroceso”, lamentó Betânia Alfonsin, profesora de la Fundação Escola Superior do Ministério Público (FMP) do Rio Grande do Sul y por eso, manifestó, “es imprescindible que la Agenda Urbana global hable del derecho a las ciudades”, porque ‘la juricidad’ es importante, pero “también las políticas (de democratización y gestión municipal)”. Alfonsin, que es directora del Instituto Brasileiro de Direito Urbanístico (IBDU), explicó precisamente en qué consistía ese “retroceso enorme” de su país en cuanto a Derechos a la ciudad, en la mesa del debate con ese nombre, moderado por Eva García Chueca, coordinadora del programa Ciudades Globales del CIDOB.
El odio a los pobres es el reflejo del trato a los esclavos
En opinión de la directora del IBDU, “Brasil es el campeón de la desigualdad como consecuencia de la esclavitud” porque su ‘proceso de urbanización’ tuvo “la abolición de la esclavitud como el marco fundacional de una sociedad profundamente desigual y jerarquizada”. “El odio a los pobres, es el reflejo del trato a los esclavos” afirmó Betânia Alfonsin y “el triste hilo conductor de la desigualdad que aumenta”. La profesoramencionó un “déficit habitacional de 6.355.000”, simultáneo a la existencia de más de “7 millones de inmuebles vacios”.
El contrapunto de esa desigualdad, afirmó Alfonsin, han sido los movimientos sociales. Ya en la Constitución (1988) se introdujo una Reforma Urbana cuyo “objetivo era atender las funciones sociales”. Más tarde, los Presupuestos Participativos señalaron como ‘condición obligatoria’ la opinión de los distintos distritos en las decisiones de la ciudad. Y en 2001, se llega al Estatuto de la ciudad que legisla (Art.2º) que “la política urbana tiene el objetivo de ordenar el pleno desarrollo de las funciones sociales de la ciudad y de la propiedad urbana” y da unas “directrices muy concretas: Garantía del ‘derecho a las ciudades sustentables’, entendido como el derecho a la tierra urbana, a la vivienda, al saneamiento ambiental, a la infraestructura urbana, al transporte y servicios públicos, al trabajo y al descanso, para las actuales y futuras generaciones”.
Primera Ley de Derecho Público del mundo sobre Políticas Urbanas
En 2002 el Foro Social Mundial (FSM) de Porto Alegre asumió la ‘Carta Mundial por el Derecho a la Ciudad’, que es “una victoria del Foro Nacional sobre Reforma Urbana” y se convierte en “la primera Ley de Derecho Público del mundo sobre Políticas Urbanas, en un país donde existen haciendas de más de 7,5 millones de hectáreas explicaba, que superan la superficie de Bélgica”. Y según la directora del IBDU esa ley ha sido “muy importante para las ciudades y las zonas rurales de África”.
Ya con “el ciclo de gobiernos del PT con Lula da Silva y Dilma Rousseff”, prosiguió Betânia Alfonsin, se crea en 2003 el (ahora desmantelado) Ministerio de las Ciudades, que tenía como objetivos: combatir las desigualdades sociales, transformar las ciudades en espacios más humanizados y ampliar el acceso habitacional, el saneamiento y el transporte” con la expansión de “Programas de regularización de la tierra y programas habitacionales”. (Recordemos que la otra ponente brasileña mencionaba las ciudades segregadas porque en la periferia no tienen infraestructuras).
Pero a partir de 2013, señaló la profesora, ya se complicaron las discusiones políticas: “se inició la lucha por un transporte público, de calidad y barato, pero la agenda fue ‘capturada’ por la Rede Globo , (el monopolio de los medios de comunicación) que giró las pautas y los objetivos”. Y la presidenta Rousseff pasó de un apoyo del 65% al 30% y acabó en un golpe parlamentario-judicial-mediático”, afirmó Alfonsin. Su impeachment llegó en octubre de 2016.
La profesora Betânia Alfonsin primera por la izquierda, en la mesa que presenta Eva García Chueca, de azul
Plan del establishment brasileño para tumbar las políticas del PT
Precisamente el periodista Andy Robinson explicaba los días preelecctorales, cual fue el “Plan del establishment brasileño (‘la poderosa Federación de la Industria de São Paulo (FIESP)’ y la influyente Rede Globo) para salvar el país” y tumbar las políticas económicas del PT porque la “fuerte transferencia de renta a los más pobres había incomodado a gran parte de la clase media”. Primero, explicaba el periodista, habría que “negar la legitimidad de la victoria de Rousseff en los comicios del 2014” y después, “impulsar el impeachment de la reelegida presidenta con una acusación de escaso fundamento (el supuesto uso de contabilidad creativa para disfrazar déficit presupuestario)”.
Siguiendo los argumentos de Robinson, los empresarios de “la FIESP pondrían el dinero” y los medios de comunicación “liderados por Globo, ayudarían a los fiscales a identificar al PT como el culpable de la corrupción institucional en Brasil”. Y ya sin Rousseff, el nuevo presidente “ejecutaría un plan de choque económico”, que explica el periodista, “consistiría en privatizaciones a ritmo acelerado, la venta de activos nacionales a inversores extranjeros y la austeridad draconiana. Se desregularizaría el mercado de trabajo y se adoptaría una reforma del sistema de pensiones”.
Reformas estructurales y gastos públicos congelados por 20 años
Eso es exactamente lo que la profesora Betânia Alfonsinenumeró en el CIDOB. Michel Temer inicia “a partir de 2017 una serie de Reformas estructurales en Brasil: congelación de gastos públicos por 20 años; reforma laboral, reforma de la seguridad social, reforma de la enseñanza media y reforma del marco legal de la tierra y de la ciudad” en los siguientes términos: “modifica la regulación jurídica de 4 sistemas de la tierra: 1.Tierras de Amazonas; 2.Tierras públicas federales; 3. Regularización de la tierra rural y 4. Regularización de la tierra urbana (reforma del estatuto de la ciudad)”, explicó.
Ahora existe una ‘coyuntura paradójica’, señaló Alfonsin. Brasil participa en la Nueva Agenda Urbana de la Declaración de Quito (Habitat III) en la que se habla de una ‘Nueva Visión Compartida’ y en la que se destacan “los esfuerzos de algunos gobiernos nacionales y locales en el sentido de consagrar esta visión, referida como ‘derecho a la ciudad’, en sus legislaciones, declaraciones políticas y diplomáticas”.
La función social de la propiedad, fundamental contra la financiariación
Para la profesora, de esta manera se recupera el “rol estratégico del derecho a la ciudad” que, “además de ser una plataforma política, tiene hoy Juridicidad”. De ahí la importancia del rol de la legislación de Brasil, en la que “la función social de la propiedad es fundamental” porque “si tienes plata, compras el país” arguyó Alfonsin. Y tras el ‘golpe parlamentario-judicial-mediático’, explicó que hubo un cambio de estrategia en las demandas por la reforma urbana.
Para concluir, la directora del IBDU insistió que el derecho a la ciudad “debe conseguirse por los movimientos sociales en su batalla por la Reforma Urbana y por el derecho a la vivienda”. En toda América Latina, finalizó, “las políticas públicas de regularización de la tierra vuelven a ser estratégicas en la lucha contra la financiariación de la ciudad y de la vivienda”. Sobre todo, con la llegada de empresas multinacionales y grupos financieros.
