El Instituto de Derechos Humanos de Cataluña y otras 16 organizaciones en defensa de los derechos humanos, han enviado una carta al Congreso de los Diputados exigiendo que rechacen la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial relativa a la Justicia Universal.
La reforma de la jurisdicción universal propuesta por el PP, que cuenta con el voto en contra de toda la oposición, modifica la ley orgánica del poder judicial y propone delimitarla señalando cuándo los jueces tienen la potestad de perseguir e investigar delitos fuera del territorio nacional en casos de genocidio o crímenes de lesa humanidad. En contraste el PP alega que la reforma amplia los delitos e incluye aquellos que atenten contra la integridad sexual y sobre transacciones económicas internacionales.
El instituto de Derechos Humanos de Cataluña, y otras 16 organizaciones en defensa de los derechos humanos, ve inconstitucional la propuesta y ha entregado este 10 de febrero al Congreso de los Diputados una carta para exigir a los Grupos Parlamentarios que rechacen la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial relativa a la Justicia Universal, además han solicitado al grupo Popular en el Congreso que retire la propuesta de la ley.
Para estas organizaciones, de aprobarse la propuesta, la reforma limitaría la jurisdicción española sobre los crímenes cometidos contra la humanidad y violaría tratados universales claves como integrante de la Comunidad Internacional. La nueva propuesta de reforma a las leyes de la Jurisdicción Universal pondría a España en inobservancia de sus obligaciones internacionales, y dejaría abierta la puerta para que muchos crímenes graves queden impunes.
Señalan que “El consenso de la comunidad internacional es muy claro: se trata de crímenes que sacuden la conciencia de la humanidad y deben ser castigados, y es deber de todos los Estados investigar y enjuiciar a los responsables de estos crímenes.
Añaden que: “Cuando España ha ratificado los tratados internacionales, afirmó su compromiso legal para obligarse a denegar refugio a los autores de delitos más graves del mundo y para cumplir con su obligación de investigar y procesar a los sospechosos de estos crímenes. Instamos a España para defender estos compromisos y asegurar que cualquier reforma a las leyes de jurisdicción universal son consistentes con el derecho internacional”.
Algunos de los delitos que se verían afectados con la iniciativa de la Reforma de la Ley propuesta por el Partido Popular, tendrán graves efectos colaterales, provocaría el archivo de investigaciones de genocidio y de lesa humanidad que adelanta La Audiencia Nacional, entre otras, las torturas en la cárcel de Guantánamo, el sonado caso de la cúpula del Partido Comunista Chino, la muerte del periodista José Couso en la guerra de Irak por la que se acusa a militares estadounidenses, el asesinato del diplomático español Carmelo Soria en 1976 durante el régimen del dictador chileno Augusto Pinochet.
Descargarla carta: “Los legisladores españoles deben rechazar la reforma propuesta que pretende cerrar la puerta a la justicia para los crímenes más graves”
