Alguno de los paneles internacionales en la Conferencia de Beijing+20 (CSW-59 de la ONU) que valoraban la implementación de la Declaración de Beijing en cuanto a los derechos sociales y económicos de las mujeres coincidieron en señalar que, desde la perspectiva legal, el acceso de las mujeres a la salud y a la tierra ha tenido progresos importantes en distintos países del continente africano, aunque no suficientes. En algunos eventos paralelos se dieron datos de estos avances.
Uno de los Paneles Globales estaba organizado por la Red Internacional para los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Xarxa DESC) -integrada por 70 ONG de 70 países- y auspiciado por la misión permanente de Finlandia, cuyo nuevo embajador ante la ONU, Kai Sauer, se mostró emocionado y encantado de encontrarse por primera vez con tantas mujeres de la sociedad civil planetaria que impulsaban sus propios derechos.
Sauer recordó que “el 70% de los 1.200 millones de personas que viven en la pobreza son mujeres” y que ellas son las que se ven “afectadas de manera desproporcionada por programas y políticas públicas inadecuadas o que no reflejan cuestiones de género destinadas a asegurar la atención médica, la educación, el cuidado de los niños, la vivienda, el alimento y el agua”.
La sud-africana Charlene May i la bulgara Genoveva Tisheva
Presionar a los gobiernos con las leyes internacionales
La abogada sudafricana Charlene May participó, en representación del continente africano, en ese Panel Internacional que valoró estos 20 años de avances desde Beijing 1995, junto a las mujeres representantes de otros continentes (Filipinas por Asia, Bulgaria por Europa, Qatar por el Próximo y Medio Oriente y México por Latinoamérica).
Charlene May manifestó “sentirse muy optimista, tanto por la naturaleza de mi trabajo en el continente africano”, como por “los resultados que se han obtenido en cuanto al acceso a la Salud y la Tierra por parte de las mujeres, desde la perspectiva legal en la que actúo”. No entró en casos concretos, pero sí valoró que “sobre el papel, la Plataforma de Beijing ha progresado lentamente en estos 20 años”.
Ella como jurista ha extraído sus propias lecciones: la Plataforma “no es suficientemente eficaz, si tenemos en cuenta la arquitectura de nuestras sociedades y presupuestos”. Y sobre todo, subrayó que “la discriminación contra las mujeres todavía continúa, en especial en cuestiones de matrimonio, derechos de sucesión y el estatus legal de las mujeres”. Charlene May sugirió “utilizar todas las leyes internacionales vigentes e instrumentos ya recomendaos en el ámbito internacional para presionar a nuestros gobiernos”.
La taula oficial d’ Etiopia. Vestida de blau la representant a Addis Abeba de UN Women
Proceso de Certificación de tierras en Etiopia
En uno de los actos paralelos y con una amplia representación oficial, (el embajador permanente ante la ONU, la representante de UN Women en Addis Abeba y otras ministras de Etiopia), se informó de las mejoras en cuanto al acceso de las mujeres a la tierra, precisamente en el segundo país más extenso de África y que ha sido criticado por muchas ONG internacionales por su políticas de alquiler o venta de tierras a países del Golfo Pérsico-Arábigo o de Asia-Pacífico, cuando la población ha pasado las peores hambrunas registradas en la historia.
El gobierno etíope ha incluido en su Constitució, reelaborada en 1995, medidas afirmativas para fomentar la igualdad de derechos entre mujeres y hombres (Art. 35) además de incluir los derechos de las mujeres a la tierra “para superar la discriminación histórica” (Art.40).
Ahora ellas pueden “adquirir los derechos, administrar, controlar, usar y transferir el uso de la tierra, derechos que siempre mantienen incluso cuando se divorcian; los hombres no pueden contratar o transferir las tierras a otras personas sin el permiso de las mujeres”, explicaba una de las autoridades etíopes en el Panel. Estas políticas han aumentado la productividad en el ámbito nacional y también el poder y la protección de las mujeres en las familias monoparentales”, afirmó el funcionario público. Hay que señalar aquí que los derechos de la tierra afectan solo al “uso, trasferencia y administración”, pero no para dividir los terrenos, ni venderlos porque son propiedad del Estado etíope.
La primera per l’esquerra l’ agricultora etíop Tarilau Besua
Formación con apoyo técnico y crediticio
Las mujeres etíopes han sido beneficiadas, además con créditos, formación para administrar las tierras y poder diversificar los productos que producen para venderlos mejor. Y la pobreza, que afecta básicamente a las mujeres, se ha reducido desde el 45,5% (1995-96) hasta el 26% (2013-1014), según los datos de los participantes que también señalaron que 9,11 millones de mujeres tienen esos derechos (‘land holding certificates’) además de 2 millones de viudas.
El testimonio directo lo facilitó la agricultora Tarilau Besu, invitada especial del gobierno por ser la ganadora de un premio a las nuevas agricultoras. Ella confirmó las políticas públicas sobre la tierra, que benefician a las mujeres en muchos aspectos en un país donde el 80% de ellas viven en zonas rurales.
Tarilau Besu explicó que ella “era pobre entre las más pobres y no podía llevar a sus hijos ni a la escuela; vivían entre animales y tampoco tenía acceso a la salud; estaba ‘subordinada’ a su marido y no podía acceder a los meetings de su área comunitaria”… “ahora puede llevar a sus criaturas a la escuela y acceder a los servicios sanitarios, puede discutir con argumentos con su pareja, tiene apoyo técnico para sus tierras y, además, tiene acceso a semillas”.
“La formación – proseguía- le ha permitido integrarse en la asociación de mujeres y está pensando en ser candidata al Consejo municipal. Ahora alquila un tractor 3 veces a la semana y produce miel. Su plan de futuro es exportar la miel y, con ayuda del crédito, comprarse un tractor”.
La taula oficial angolana a l’esquerra de la imatge
Lentos progresos sanitarios en Angola
Angola, otro los grandes países africanos, que tuvo un largo conflicto internacionalizado prácticamente desde su independencia de los portugueses en 1975, presentaba también sus progresos en otro de los actos paralelos en el edificio de la ONU de Nueva York. Precisamente por esa interminable guerra civil que duró en realidad hasta más allá del año 2000, el gobierno de Luanda no dispone de censos reales de su población desde 1970, sino de estimaciones. La proyección de 2014 la situa en casi 20 millones de personas (19.813.179 habitantes) con una proporción de 52% de mujeres y 48% de hombres. Y las mujeres durante esos años de conflicto, han tenido uno de los peores índices de salud de todo el continente, pese a la riqueza del país en diamantes, petróleo y otros recursos minerales.
Por ejemplo, la mortalidad materna según el PNUD era de las más elevadas del mundo todavía en 2006 (1.400 mujeres por 100.000 nacimientos) y por ello se elaboró un Plan estratégico para su reducción, que se espera que tenga sus efectos en este 2015, reduciendo la ratio de muerte materna (350 mujeres por 100.000 nacimientos).
Esta mejora se espera conseguir, según las representantes angolanas en el panel internacional porque “el 42,3% de los nacimientos ya se realizan dentro del sistema nacional de salud y se han aumentado los servicios de las ‘parteiras’ (comadronas)” en todo el territorio. Tras el Decreto Presidencial (nº 52 de 2012) que intenta prevenir la mortalidad materna, “un 82% de las mujeres en las zonas urbanas van al médico durante el embarazo y un 52% lo hacen en las zonas rurales; pero los visitas no son lo numerosas que se esperaba, pues un 47% de las mujeres solo va al médico/a cuatro veces durante el embarazo y un 69% sólo lo visita una vez. Pese a estos datos, las muertes por hemorragias en el parto se han reducido en un 40%”.
Part de la sala de l’acte paralel sobre Angola
Iguales en la Ley pero no en la práctica
La igualdad de género se introdujo en la Constitució angolana de 2010 que renovó la de 1992 tras las primeras elecciones realizadas en el país. Pero los cambios todavía son lentos para la equiparación entre mujeres y hombres porque hay un gran hándicap educativo y de pobreza porque no se aplican presupuestos con perspectiva de género, según el reporte de la delegación de Luanda.
La Ley de partidos recomienda la inclusión en los estatutos de un mínimo 30% de representación de mujeres, pero todavía está lejos de la realidad. También la distribución de los cargos del poder está desequilibrada: de 102 cargos del Ejecutivo el 80% son hombres y solo el 19,5% son mujeres. En la administración central del Estado sólo hay un 30,5% de mujeres y en las gobernaciones provinciales un 11,1% y las vicegobernadoras alcanzan el 19,5%. Peor está la representación en la magistratura judicial: el procurador y los dos viceprocuradores son hombres y el resto de los cargos son para 209 hombres (69%) por 94 mujeres (31%).
La excepción a esta desigualdad es Isabel dos Santos, la joven hija (41 años) ingeniera y plurilingüe del presidente Eduardo Dos Santos, que se ha convertido en una de las mujeres más ricas y poderosas del mundo, e inversora y compradora de potentes empresas en Angola, Portugal y otros países. Sus ingresos originarios para acumular esa riqueza y constar en los primeros puestos de la lista de Forbes son una incógnita, pero imaginables si se repasan los informes sobre Angola de Transparency Internacional.
