Il·lustració: Abecor
Desde las promesas electorales en materia de género y lucha contra la desigualdad e injusticia contra la mujer hasta los resultados del lustro que acabó, ¿qué ha pasado con las mujeres bolivianas en el Proceso de Cambio y qué resta por hacer?
Es difícil no reaccionar con incredulidad al leer el informe presentado por Bolivia ante la Conferencia Beijing+20, donde se asegura que en el país, en materia de lucha contra la desigualdad que afecta a la mujer, “los logros alcanzados han ido más allá de los postulados e indicadores planteados en las plataformas internacionales”.
Esa afirmación, y el informe que la contiene, son oportunos para mirar hacia atrás y ver el camino recorrido en los últimos años, valorarlos y situarnos en la Bolivia de hoy, y a la mujer en ella.
Las promesas
El Programa de Gobierno 2010-2015 del MAS-IPSP, partido de Evo Morales, nos recuerda las promesas del Proceso de Cambio del último lustro. En sus 156 páginas no otorga ni un subtítulo al género o la discriminación femenina. Miremos el contenido:
En el apartado de propuestas abundan indicadores económicos, normas y medidas sociales, además de lo indígena, campesino y originario, hacia donde parece que se centra todo; de mujeres, casi nada.
En “Patria segura para todos”, indicadores de pobreza son cruzados con parámetros de origen/etnia, de edad y educación, pero no se agrega el de género, ¿es que ese dato en Bolivia no existe? En el mundo “el 70% de las personas que viven en la pobreza son mujeres” y, según Naciones Unidas, éstas se ven afectadas “por programas y políticas públicas inadecuadas”.
Se prometen 12 medidas muy variadas en seguridad ciudadana y, difícil de creer, ninguna se refiere a la violencia machista. Afinando la vista, en educación aparece “programas para la lucha contra la violencia infantil y de género”.
Al llegar al compromiso de “100 leyes para aplicar la nueva Constitución” que se anuncia, “se deberá aprobar un cuerpo de leyes que protejan a las mujeres contra la violencia física, con igualdad de participación en el ejercicio y control del poder político en igualdad de condiciones con los hombres (Art.26)”. Algo, al fin.
Despatriarcalización
Para el gobierno, “el abordaje de la discriminación contra la mujer está inmerso en el Plan Nacional de Desarrollo” y en el Vivir Bien. En este marco, toma el concepto de “despatriarcalización” y cuestiona la categoría género por considerarla colonial e insuficiente para abarcar los sistemas de dominación dentro de la sociedad.
Así, el gobierno señala, por ejemplo, que su informe a Beijing+20 no responde necesariamente a las solicitudes e indicadores internacionales de género “inconclusos”. Afirma que las mujeres no son un grupo vulnerable, sino que han sido vulnerabilizadas por el neoliberalismo. Entonces la lucha por la igualdad hace frente al patriarcado, al colonialismo y al neoliberalismo.
Las bases legales
En los últimos cinco años se modificó el marco legal en beneficio de la mujer y comenzó con más de 20 artículos en la Constitución Política del Estado.
Se aprobaron nuevas leyes que concentran derechos a favor de la mujer: Ley 026 del Régimen Electoral (2010) y otras que incorporan la equidad de género, la paridad y alternancia en las candidaturas; Ley 243 contra el acoso y violencia política hacia las mujeres (2012); Ley 263 contra la trata y tráfico de personas (2012); Ley 348 para garantizar la vida libre de violencia para las mujeres (2013) y su Reglamentación (2014); Ley 3545 de Reconducción Comunitaria de la Reforma Agraria que reconoce a las mujeres el derecho a la propiedad de la tierra.
La aprobación estas leyes no fue coser y cantar. Son demandas que finalmente se atendieron tras hechos concretos extremos que obligaron, como el asesinato de la concejala Juana Quispe (violencia política), la desaparición de Zarlet Clavijo y otras (trata) y el asesinato de la periodista Hanalí Huaycho (violencia y reglamentación).
Estas normas, aunque de gran valor y varias sin reglamentación, son cuestionadas por sectores feministas que las ven incompletas e insuficientes.
Participación política
Se aplaudió la paridad parlamentaria que coloca a Bolivia entre los tres países en el mundo que la aplican. En la actual legislatura lograron un curul 82 mujeres (66 diputadas y 16 senadoras); pero Wilma Velazco, vocal del Tribunal Supremo Electoral, alertó que tras la inhabilitación de mujeres titulares, “existe una intencionalidad… de habilitar al suplente que es varón”. Hecha la ley, hecha la trampa.
Del acoso político, violencia y discriminación contra autoridades ediles mujeres (19 casos registrados al año en promedio) surgió la Asociación de Concejalas de Bolivia que aún reclama justicia para Juana Quispe, concejala de Ancoraimes asesinada en 2012.
Con todo, la representación es posible, pero el mando no tanto. Hay muy pocas mujeres alcaldesas (8,5% en 2015), ninguna Gobernadora y en el Ejecutivo actual sólo hay un 33% de ministras. Las trabas para el ejercicio femenino del poder son evidentes. Recordamos a Rebeca Delgado, defenestrada del partido de gobierno por hablar con voz propia.
Foto: La Prensa
La violencia que no cesa
La Ley 348 es “una de las más avanzadas en América Latina” porque nombra los tipos de violencia machista e introduce el término feminicidio. Es cierto, aunque su reglamentación no estaría a la altura y Bolivia es aún un país con alto índice de asesinatos y agresiones a mujeres.
“La norma ha promovido la impunidad” debido a “la retardación de justicia, los cobros ilegales, la revictimización, la corrupción, los vacíos en la norma, la deficiente infraestructura y la falta de personal especializado y sensibilizado…”, señala la periodista Helen Álvarez basada en al menos 25 fuentes informativas.
Se estima que en Bolivia hubo más de 500 feminicidios en el último lustro. En el primer trimestre de este año ya se registraron 23 casos. No hay datos oficiales de otros tipos de violencias establecidos en la Ley 348. En 2013, de 12.337 causas por violencia de género ingresadas en el sistema judicial sólo 121 siguieron un procedimiento abreviado.
El aborto, invisible
Desde el gobierno se habla del “cuerpo y su disfrute a plenitud”; sin embargo, no del derecho de decidir sobre el propio cuerpo. El Estado se apropia del cuerpo de las mujeres y aplica sobre ellas políticas de control reproductivo y criminaliza a quien no cumple.
El aborto es actualmente, pese a los silencios convenientes, una práctica generalizada en todas las clases sociales en Bolivia y su clandestinidad pone en riesgo la salud de mujeres empobrecidas. Legalizar el aborto, como lo hizo Uruguay, es una de las medidas centrales e inconclusas en las políticas de género y la lucha contra la discriminación femenina.
La riqueza es macho
La pobreza extrema en Bolivia disminuyó del 41% al 21% para el 2012, según el INE. El gobierno dice que se debe a los bonos (Juancito Pinto, Renta Dignidad y Juana Azurduy) que llegaron al 33% de la población ese año. Además del crecimiento económico del 5% anual promedio en la última década; así como los incrementos salariales mayores a la inflación y un alza del PIB per cápita anual de 1.020 dólares (2005) a 2.867 dólares (2013), según el Banco Mundial. De esta bonanza, dice el gobierno, se benefician las mujeres.
Pese a la economía pujante, la brecha salarial de género es una de las más altas en el globo. El gobierno señala que “los ingresos percibidos por los hombres son 47% mayores que los de las mujeres”. Un dato más: Del total de préstamos para empresas, a mujeres se otorgó: el 2% empresarial, el 24% Pymes y el 36% microcréditos; mientras que a los hombres el 98%, 76% y 64% respectivamente, con datos de la autoridad del sector. Es decir, en créditos bancarios las mujeres se mueven con cantidades mínimas e inclusive, así, son minoría.
Todo por construir
Se debe admitir que en los últimos cinco años del Proceso de Cambio se hizo algo fundamental que es colocar cimientos legales para un país más igualitario en materia de género. Pero de allí en adelante está todo por construir. Falta información y estadísticas y con eso se revelarán necesidades, se podrán definir acciones, asignar presupuestos y recursos humanos, llevar a cabo proyectos, hacerles seguimiento y valorar resultados. Para todo esto hace falta voluntad política y fundamentalmente un cambio de mentalidad.
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“Proceso de Cambio”
