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Perú: ANP solicita retiro de iniciativa legislativa que intenta empoderar cultura de secretismo

Lima, 18 de agosto de 2011
 
Señor
YEHUDE SIMON MUNARO
Congresista de la República
Ciudad.-

De nuestra mayor consideración:
 
Tenemos a bien dirigirle la presente con el objeto de expresar nuestro respetuoso saludo y, al mismo tiempo, para solicitar el retiro de la iniciativa legislativa, suscrita por usted, que proyecta modificar el artículo 51 del Reglamento del Congreso. A tal efecto nos permitimos exponer lo siguiente:
 
En el transcurso de los últimos lustros el acceso a la información pública se ha convertido en un derecho fundamental de la persona humana. Esto como consecuencia de la consolidación de las democracias, lo que permite un mayor interés ciudadano por conocer, entre otros aspectos, el comportamiento de las autoridades que han recibido el mandato soberano para representar al pueblo. Es decir cómo se ejerce el poder político, qué hace el gobierno, cómo lo hace y para qué lo hace.

 

 
Sin embargo, debemos anotar que existen legislaciones sobre la materia desde el siglo XVIII, la mayoría de las cuales tratan sobre la utilización de los recursos públicos, respecto a los documentos estrictamente administrativos e inclusive, en algunos casos, accesos a la información que generan las entidades privadas.
 
Las más recientes estadísticas indican que alrededor de cuarenta países en el mundo cuentan con dichas leyes, las mismas que, por un lado, regulan el derecho de los ciudadanos a la información en poder del Estado, le aseguran la veracidad de la misma y, solamente en situaciones especiales, tienen el carácter de secreta cuando está de por medio la seguridad nacional y la intimidad de las personas.
 
Como ejemplo basta citar lo que sucede en los Estados Unidos de Norte América, donde está vigente una ley federal y cuya aplicación corre directamente a cargo de los jueces. En México, sucede algo parecido con una ley federal expedida en abril del año 2002 la ley contempla la transparencia, que consiste en tener a disposición del público los datos más elementales en la gestión de los órganos de gobierno y el acceso a la información que es la petición que hacen las personas respecto a la información en poder del Estado.

Sobre el particular debemos recordar que, hoy en día, el acceso a la información, al igual que la participación del ciudadano en el proceso decisorio y el acceso a la justicia, constituyen los tres pilares de lo que se conoce como democracia participativa en toda sociedad humanista, criterio que, estamos seguros, no deja usted de compartir.
 
De la misma manera, tenemos que recalcar, ante el temor de empoderar una cultura de secretismo en la gobernabilidad en nuestro país, que los medios de comunicación social se ubican como intermediarios entre los gobernantes y los gobernados. Su tarea es observar y controlar las decisiones políticas e informar a los ciudadanos. La información amplia y detallada, lo más objetivamente posible, es necesaria para que los ciudadanos se formen juicios certeros sobre el comportamiento y la labor de quienes han recibido el mandato del pueblo y, así, participar de manera activa en las estructuras democráticas.
 
Reconocemos que el proyecto de su autoría tiene una noble finalidad, es decir, evitar actitudes o conductas que no contribuyen a mejorar la imagen y reputación del Congreso de la República, pero, al mismo tiempo, debemos indicar que el camino para lograr ello es otro y, de ninguna manera establecer normas que coarten el derecho ciudadano de acceder a la información de interés público.

Por eso mismo, la Asociación Nacional de Periodistas del Perú, deja constancia que no se puede tener como referencia lo normado en otros países, en los cuales es muy posible que no se haya tomado en cuenta que organismos como la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, han realizado trabajos para que los Estados garanticen y amplíen el acceso a la información, “en el entendido de que su implementación efectiva constituye un aspecto fundamental para la consolidación del derecho a la libertad de expresión, fomenta la lucha contra la corrupción, contribuye de manera decisiva al establecimiento de políticas de transparencia, necesarias para fortalecer las democracias y el respeto por los derechos humanos…”.

Además y en esto seguramente encontraremos coincidencias, que hoy el Perú presenta una nueva realidad social y política, donde el pueblo espera que cambie el comportamiento de autoridades y funcionarios públicos, de tal manera que contribuyan con acierto a fortalecer las garantías necesarias para que el derecho de las personas a la información se guíe por los principios de transparencia, máxima divulgación, publicidad y participación ciudadana.

Consideramos, finalmente, que así como otras instituciones, incluyendo las que representan a los propietarios de los medios de comunicación de la capital de la República, han hecho escuchar su voz, tal como corresponde en toda democracia, de la misma manera esperamos que usted se sirva poner atención a la palabra de la Asociación Nacional de Periodistas del Perú, organización gremial de los trabajadores de la prensa, que a lo largo de sus 83 años de trayectoria tiene como objetivo cimero la defensa irrestricta de la libertad de prensa y  de la información como derecho del pueblo. De por medio está el compromiso de aportar el mayor de nuestros esfuerzos para que el derecho de acceso a la información se convierta en una realidad y, de esa manera, permita el fortalecimiento de la democracia y la consolidación del estado de derecho.

Atentamente,
 

Roberto Mejía Alarcón
Presidente
 
 
Zuliana Lainez Otero
Secretaria General

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Tona Gusi

Tona Gusi

Fundadora i Co-coordinadora de La Independent. També és psicòloga menció en Psicologia d'Intervenció Clínica i menció en Psicologia del Treball i les Organitzacions.

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