OPINIÓN
Mentiras y más mentiras. A esto nos tiene acostumbrados el Departamento de Interior de la Generalitat de Catalunya cuando se trata de violencia y abusos policiales. Primero fueron las balas de goma que no existían, en el lugar donde Ester Quintana perdió un ojo a causa, precisamente, de su disparo, en el marco de la huelga general del 14 de noviembre de 2012 en Barcelona. Ahora, los golpes y puñetazos a Juan Andrés Benítez, que murió después de la paliza propinada por los Mossos d’Esquadra ante su detención, el pasado 6 de octubre en Barcelona.
Violencia policial, mentiras y cintas de vídeo, aunque más que cintas, en los tiempos que corren, tendríamos que hablar de dispositivos móviles y YouTube. Ambos hechos fueron ampliamente documentados en este formato y circularon por Internet. Negar su evidencia significa negar la realidad o mentir.
La violencia policial se ha convertido, en los últimos tiempos, en moneda de cambio frente a un contexto de crisis y creciente descontento ciudadano. A menos Estado social, más estado penal y punitivo. Lo hemos visto en reiteradas ocasiones: cargas indiscriminadas en las últimas jornadas de huelga general, violencia policial en el desalojamiento de indignados ya sea en Sol, plaza Catalunya o en otros lugares del Estado, detenciones preventivas, heridos graves en manifestaciones. Miedo. Quieren que tengamos miedo a salir a la calle, a protestar, a reivindicar lo que consideramos justo y nos están robando. Violencia policial para azuzar el miedo de los de abajo.
Hoy el conseller de interior de la Generalitat Ramon Espadaler se ha tenido que retractar de sus palabras la semana anterior, cuando defendió a capa y espada la actitud de los Mossos en la detención de Juan Andrés Benítez. Sin pruebas fehacientes concluyó. Las imágenes contaban otra historia: patadas y golpes de los agentes a un Juan Andrés Benítez inmovilizado en el suelo. Luego, llegaba su muerte. Algunos vecinos, que grabaron desde los balcones los hechos, denunciaron amenazas y coacciones de los Mossos para que borrasen las imágenes.
La juez del caso ha imputado esta mañana a ocho agentes por presuntos delitos contra la integridad moral, la vida, obstrucción a la justicia y coacciones. Espadaler ha repetido el guión, estrenado ya por su antecesor Felip Puig en el caso de Ester Quintana y las balas de goma, y “donde dije digo digo diego”. El Departamento de Interior ha apartado de sus funciones a los agentes implicados. Ni hablar, pero, de dimisión.
Ya lo dijo en su momento el adalid Felip Puig en una entrevista: “Nuestro sistema de seguridad no acaba siendo bastante disuasorio, no da suficiente miedo, es demasiado blando para poder imponerse”. Aquí radica su objetivo, el miedo. Nuestro miedo. Y añadía: “Hemos llegado aquí porque no supimos cortar actitudes que ponían en duda, por ejemplo, la propiedad privada; debemos dejar de reír porque esto empieza a ser grave”. Imagino que por grave el exconsejero y su actual sucesor entienden la ocupación de viviendas vacías propiedad de bancos por parte de desahuciados, la ocupación de entidades financieras por estafados por las preferentes, la ocupación de hospitales, ambulatorios, escuelas, universidades por quienes luchan contra los recortes. Para más inri, en la misma entrevista Puig afirmaba: “La policía siempre está al lado de la democracia, de la gente normal”. Sí consellers sí. Preguntéselo a gente normal… como a Ester Quintana o a Juan Andrés Benítez si estuviese vivo.
*Artículo en Publico.es, 04/11/2013.
