El trabajo de Úrsula Santa Cruz ha ido más allá de su profesión, psicología, ya que abarca la lucha por la igualdad de género, por los derechos de la migración y la actividad política. Desde esa perspectiva, dialoga con La Independent sobre las diversas violencias invisibilizadas que vive la mujer inmigrada, en especial de una que no se habla: la que ejerce su pareja de origen local. Señala la necesidad de otra mirada hacia las personas extranjeras para establecer políticas adecuadas.
Úrsula Santa Cruz está especializada en violencia de género, políticas de igualdad, participación ciudadana, migración y ciudadanía transnacional. Pese a tener carrera, esta peruana cuando llegó a Barcelona hace diez años en un principio se vio obligada a trabajar en el servicio doméstico, a la par que estudiaba posgrados.
Ha realizado investigaciones y escrito artículos sobre inmigración, participación política de la población peruana en el exterior, participación de mujeres inmigrantes y envejecimiento en contextos de inmigración internacional; además de tener una intensa actividad asociativa y política.
Usted habla de violencia en parejas mixtas, es decir de un hombre nacional sobre una mujer inmigrada ¿Cómo surge esto?
Trabajo en el tema a partir de los casos que he atendido de violencia contra mujeres inmigrantes con parejas españolas, se trata de casos en los que tuve contacto directo con ellas y también de casos sobre los que tuve acceso a sus expedientes.
La violencia en parejas mixtas casi no está presente en los discursos y, desde mi experiencia de trabajo de atención a ellas y a sus relatos, en estas relaciones el racismo es una práctica constante. Es una forma de violencia prácticamente oculta o invisibilizada.
En estos casos he visto algunas coincidencias que me han llamado la atención: se trata, generalmente, de mujeres jóvenes con parejas españolas mayores que ellas, en algunos casos hasta doblaban la edad; además suelen ser mujeres sin papeles de residencia, algunas con hijos y, la mayoría, sin una red de apoyo familiar.
Este tipo de relación no se daba con mujeres de un mismo origen, sino que eran provenientes de América Latina, Marruecos y Europa del Este. El origen era diverso.
¿En los casos a los que tuvo acceso, qué tipo de violencia se ejercía contra las mujeres?
En primer lugar, el hecho de estar con esa persona no les garantizaba formalizar legalmente la relación y con ello tener la regularización de su situación de residencia.
La dependencia, su situación legal y el no contar con una red de apoyo familiar y social las hacía muy vulnerables y en la pareja se establecía una relación de poder de parte del hombre quien no siempre ejercía la violencia física, más susceptible de ser denunciada, pero sí violencia racista, psicológica y, en algunos casos, económica.
¿En qué se reflejaba esta violencia racista y las otras que señala?
Principalmente en insultos y amenazas. Insultos relacionados con su origen y condición étnica: “mora”, “sudaca” o “negra” acompañadas de palabra soeces y denigrantes; y amenazas relacionadas con su situación de ser una “sin papeles” o con la custodia de sus hijos.
Muchas mujeres sin trabajo, ni red social se quieren ir, pero no pueden hacerlo porque el padre no les dejará llevarse a los hijos, con lo cual están atrapadas en esta situación.
¿Y no pueden acudir a las autoridades?
La violencia racista está, de alguna forma, institucionalizada, a veces de manera fehaciente y otras de formas muy sutiles.
De acuerdo al estudio de los últimos tres años sobre la violencia contra la mujer, a pesar del alto índice de lesiones, que llega al 50%, sólo el 30% de mujeres consigue una sentencia condenatoria.
La violencia institucionalizada es más extrema en los casos de las mujeres inmigrantes porque se agudizan los estereotipos, se cuestiona sus vivencias así como la credibilidad de lo que le pasa. Hay una uniformización de las inmigrantes, que es peor en las que no tienen papeles.
Explíqueme más sobre este punto.
Cuando se habla de la violencia contra las mujeres inmigradas, se incide en el binomio mujer inmigrante víctima-hombre inmigrante agresor con lo que se culturaliza y externaliza la violencia ubicándola en el lugar de origen.
El hecho de no tener los papeles de residencia en regla es el primer impedimento, parecería que los derechos acaban con eso.
Por otra parte, la ley, los programas de apoyo y todas las instituciones o personas relacionadas con sancionar la violencia asumen automáticamente que en el caso de la inmigración el maltratador es el inmigrante y también se culpabiliza por ello a la mujer. Siempre se responsabiliza a “la cultura” de los “otros”, no a la de “nosotros” y se centra en el ámbito privado y no en las múltiples violencias que se ejercen en la sociedad de destino.
Esto se refleja también en los medios, no se resalta que el violento es el nacional, pero sí cuando se trata de un extranjero. No se dice, por ejemplo, que en los primeros cuatro casos de muerte por violencia machista registrados este año, tres eran mujeres inmigrantes y que sus parejas eran nacionales.
¿La ley no ve a todas las personas por igual?
La ley sólo habla del hecho de ser mujer, no toma en cuenta las desigualdades por razones de clase, raza, etnia o procedencia. Se menciona pero no se abordan. Es necesario ampliar la mirada en este sentido. Al enfocarlas sólo desde el género dejamos fuera las otras estructuras de poder que generan violencia y situaciones de discriminación. Estas se interseccionan y por tanto el problema se tiene que ver en su real dimensión. Esta perspectiva es también válida con las mujeres de aquí, cuando se homogeniza a todas, se ocultan las desigualdades que viven muchas de ellas.
Se dan casos en los que por ser inmigrante se les ha dicho: “qué más quieres, si ya estás aquí”. Además siempre está la desconfianza y la mirada de que por ser inmigrante es una mujer que se quiere aprovechar, especialmente cuando el hombre es mayor que ella.
Otro ejemplo: he tenido conocimiento de casos de mujeres bolivianas que al encontrarse en situaciones de extrema vulnerabilidad (sin papeles, sin pareja, escasa red familiar y trabajando por horas o sin trabajo) y solicitar apoyo a instituciones públicas, esto, a la larga, ha significado que se les considere que no están en condiciones de asumir la crianza de sus hijos y, por tanto, ellos deben entrar a centros de acogida. Si bien actúan a favor de la protección de la infancia, estas madres están siendo penalizadas y en algunos casos se ha psicopatologizado su situación ¿Quién tiene la responsabilidad de que estén indocumentadas, sin trabajo o trabajando en condiciones tan precarias? ¿Acaso esto no es también violencia?
Se habla de mirar en femenino, ¿en este caso sería mirar desde la inmigración?
La mirada etnocentrista y colonialista se refleja en las desigualdades y situaciones de discriminación, es decir: situación administrativa, tipo de empleo, condiciones laborales, no participación, restricción de derechos y ubicación social están determinadas por las instituciones sociales del país de destino.
Mi reflexión va en el sentido de cómo nos piensan, nos construyen y luego se reflejan en las leyes y políticas públicas. Está bien el trabajo /enfoque de interculturalidad que se realiza, las capacitaciones, pero aquí hay una cuestión ideológica y que tiene que ver con cómo se mira las otras y los otros desde los discursos y prácticas colonialistas.
¿Cuál es la salida?
La inmigración y las mujeres participamos con muchas dificultades en el ámbito público, estamos ausentes en las políticas, nuestras demandas y voces no son escuchadas. Se piensa y opina de las mujeres inmigradas, pero no somos sujetos de las políticas.
Estas políticas, referidas a la violencia contra las mujeres, deben enfocarse al acceso a derechos y ciudadanía en igualdad de condiciones, sin estar sujetos a un vínculo laboral y a establecer categorías de ciudadanía, más aún teniendo en cuenta los tipos de trabajos desempeñados por las mujeres migradas.
Se debe visibilizar las diferentes violencias que se ejercen contra las mujeres (género, clase, raza, etnia, procedencia, edad, orientación sexual), dejarlas de tratar por separado y de reducirlas al ámbito privado.
Se debe dejar de ver a la mujer como sujeto universal, sino con identidad diversa. Hay que deconstruir los tópicos existentes en los que, cuando se trata de mujeres inmigrantes, desplaza la violencia a los países de origen y no la ubica en el lugar de destino.
Finalmente, se debe dar reconocimiento de las capacidades de resistencia y lucha de las mujeres migradas, se deben elaborar políticas empoderadoras en que seamos sujetas de derecho.
