El Diario Oficial de la Generalitat de Cataluña (DOGC)informó ayer que entró en vigor un fichero de expedientes sancionadores donde se registrarán los datos personales de quienes ejercen la prostitución y de los clientes que contraten el servicio
La Orden del Departamento del Interior, se ampara en el artículo 56.4, de la Ley de carreteras que tipifica como grave la ocupación de manera temporal de las zonas de dominio público, entre otras actividades, para realizar usos y actividades relacionadas con la prestación de servicios de naturaleza sexual.
El Fichero avalado por un informe de la Autoridad Catalana de Protección de Datos (APDCAT, homóloga de la agencia española), registrará nombre y apellidos de la denunciada/o, DNI, fecha de nacimiento, nacionalidad y “otros especialmente protegidos” como las actividades de naturaleza sexual, de las personas que infrinjan la Ley de carreteras. El desacato se considera una infracción grave y la multa a prostitutas y clientes puede llegar a los treinta mil euros.
La tramitación de la multa en las carreteras catalanas dependerá del Servicio Catalán de Tráfico (SCT). La citada Orden del Departamento de Interior, indica que deberá adoptar las medidas técnicas, de gestión y organizativas “para garantizar la confidencialidad adecuada, seguridad e integridad de los datos y velar para hacer efectivos los derechos de las personas afectadas” de protección de sus datos personales.
El manejo de este tipo de datos ya ha sido objeto de polémica con anterioridad, cuando la misma Agencia que ha dado el visto bueno para que se abra el fichero sancionó al ayuntamiento de Barcelona porque recogía el DNI y la dirección de prostitutas y clientes a las que multaba en la calle, situación que fue reclamada por el Consistorio, la diferencia entre aquella y este, es que el Consistorio se amparaba en una Ordenanza Municipal y esta se ampara en la Ley
Asociaciones de Apoyo al colectivo de prostitutas denuncian que multarlas las hace aún más vulnerables y lamentan que la Administración tenga los datos personales de quienes ejercen la prostitución, consideran que es una excusa para multar mujeres y cuestionan si es ético multar especialmente a aquellas mujeres que estén siendo víctimas de prostitución forzada.
La medida coincide con la reclamación que hizo ayer el conceller del interior, Felip Puig, al Gobierno y al Congreso de los Diputados de que se incluya en la reforma del código Penal como infracción penal la prostitución en la vía pública.
