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Las mujeres están empujando la Justicia en Guatemala. Primero fue el juicio por delitos de genocidio y de lesa humanidad contra el general Efraín Ríos Montt, que pudo realizarse tras las reformas del sistema judicial impulsados por la primera mujer Fiscal General, Claudia Paz y Paz.
Ahora ha sido la jueza Yasmín Barrios, con la sentencia ejemplar contra 2 militares por crímenes sexuales perpetrados contra mujeres indígenas como arma de guerra.
Este último tramo de la lucha contra la impunidad, denunciado por 15 mujeres mayas-keqchí, ha tenido condenas innovadoras y ejemplares contra dos militares acusados de crímenes de lesa humanidad como usar la violencia y la esclavitud sexual y doméstica como arma de guerra. Para el coronel del Ejército Esteelmer Francisco Reyes Girón de 59 años, han sido120 años de prisión y 240 años para ex Comisionado militar Heriberto Valdez Azij.
Es el llamado Caso Sepur Zarco, nombre de la comunidad donde vivían las supervivientes. En 1982, en plena guerra civil guatemalteca, los militares de Ejército, entonces al mando del general golpista Efraín Ríos Montt, asesinaron a 15 hombres, líderes indígenas del municipio del Estor en el departamento atlántico de Izabal, donde estaba la comunidad Sepur Zarco. Varias mujeres, de la etnia keqchí, fueron violadas delante de sus hijos e hijas, les robaron sus pertenencias y les quemaron las casas.
Política militar de ‘Tierra Arrasada’
Era la política de ‘tierra arrasada’ utilizada en los tiempos del dictador Ríos Montt. Pero en este caso, además, las secuestraron y se las llevaron al destacamento de la base miltar donde estaban los soldados y allí las hicieron sus esclavas sexuales y domésticas por un período que va de entre 6 meses a 6 años, según los casos. Quince supervivientes mujeres y cinco hombres son los que iniciaron en 2012 el proceso para la Justicia y Reparación, conseguida ahora.
Yasmín Barrios ha sido la presidenta del Tribunal y al leer la sentencia indicó que “primero desaparecieron a los hombres para dejarlas solas y abusar de ellas sexualmente”. Pero señaló también argumentos socioeconómicos a esa sentencia, al argüir que la represión ejercida por el Ejército tenía entre sus causas que “los campesinos querían legalizar sus tierras”, pero los finqueros de esa región del norte el país no se lo permitían.
Incluso la Iglesia católica se atrevió a proclamar una ‘Pastoral de la Tierra’ durante el conflicto en Guatemala. Después los militares también matarían a algunos de los dirigentes eclesiásticos cuando dieron datos de los asesinatos y demás crímenes en sus diócesis, para documentar las publicaciones sobre la Verdad, la Justicia y la Reparación que empezaron a recopilarse con la firma de la Paz en 1996, tras más de 3 décadas de guerra.
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‘Delitos repugnantes’, según Rigoberta Menchú
La vista pública de este juicio, que terminó el viernes 27 de febrero, ha durado cuatro semanas. Las víctimas se taparon la cara durante su comparecencia en público para que no las pudieran estigmatizar, pero narraron todos los horrores sufridos. Con voz entrecortada, la premio Nobel de la Paz Rigoberta Menchú declaró que son “delitos repugnantes”, mientras abrazaba a una de las indígenas supervivientes. La presidenta de la Coordinadora de las viudas de guerra, (CONAVIGUA), Rosalina Tuyuc, también estuvo presente en el juicio apoyándolas.
Las mujeres supervivientes, sus familias y sus comunidades han tenido que vivir más de 30 años los efectos de la estigmatización, la marginación y la pobreza, pero en 2010 tres organizaciones: Mujeres transformando el Mundo (MTM), la Unión Nacional de Mujeres Guatemaltecas (UNAMG) y el equipo de Estudios Comunitarios y de Acción Psicosocial (ECAP) crearon la ‘Alianza Rompiendo el Silencio y la Impunidad’ para apoyarlas y que ellas pudieran acceder a la Justicia. Su primera acción política conjunta fue organizar ‘El Tribunal de Conciencia contra la Violencia Sexual’.
En septiembre de 2011, Mujeres transformando el Mundo y la UNAMG presentaron la primera querella penal por los delitos ‘Contra los deberes de Humanidad y Genocidio’ del ‘Caso Sepur Zarco’, nombre que lleva el proceso penal. Este caso colectivo fue impulsado por estas 15 mujeres supervivientes de “violencia sexual, esclavitud doméstica y esclavitud sexual en el destacamento militar” y 5 hombres “víctimas de tortura” por los hechos ocurridos en 1982.
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Mujeres juristas valientes y poderosas
Precisamente la jueza Yasmín Barrios fue la que estuvo en 2001 al frente del juicio por el asesinato del obispo Juan José Gerardi, quien había elaborado el impactante Informe: “Guatemala: Nunca Más” donde se responsabilizaba al Ejército de más del 90% de las violaciones contra los Derechos Humanos perpetrados contra la población civil durante la guerra interna. Barrios era una de las 3 personas integrantes del Tribunal de Alto Riesgo que en 2013 dictó sentencia de prisión de 80 años contra el general Ríos Montt por los delitos de genocidio y crímenes de lesa humanidad.
Claudia Paz y Paz Bailey, fue la primera mujer en Guatemala en ser Fiscal General y jefa del Ministerio Público en 2010, cargo desde el que logró reducir la impunidad del 98 al 70% (hasta 2014) pero, sobretodo, utilizó nuevos métodos de investigación estratégica y atención a las víctimas, especialmente las mujeres.
Por ese trabajo al frente del Ministerio Público fue nominada para Premio Nobel de la Paz en 2013, al tiempo que el semanario Newsweek la situó entre las 150 personas más valientes del mundo y, a su vez, la revista Forbes la incluyó en la lista de las mujeres más poderosas que están cambiando el mundo en Política y Políticas Públicas. Obtuvo a su vez el reconocimiento Dean’s Award del Georgetown Institute for Women, Peace and Security por sus esfuerzos en reformar el sistema de Justicia en Guatemala.
Claudia Paz cuyas primeras prácticas legales las ejerció en el sector de DDHH asesoró también al Arzobispado guatemalteco, precisamente en esos años 90 precios al fin de la guerra, cuando se elaboró el ‘Informe de la Comisión del Esclarecimiento Histórico’ (CEI), otro de los enormes argumentarios de denuncias sobre los crímenes cometidos por el Ejército en el marco de la guerra civil.
