En los próximos tres meses, 537 mil mujeres habrán que parir en México según estimaciones del Consejo Nacional de Población (Conapo).
Estos nacimientos están enmarcados en la emergencia sanitaria mundial causada por el COVID-19, que hasta el momento ha dejado dos muertes maternas y suma 449 personas fallecidas en el país.
El COVID19 pone en jaque a México y al sistema de salud, pues por un lado debe atender a pandemia y reducir lo más posible el índice de contagios y, por otro, debe garantizar las condiciones habituales de atención para todas las personas, especialmente para las embarazadas y para los recién nacidos.
“Frente a la emergencia sanitaria y como estrategia fundamental de salud pública, es indispensable garantizar la gratuidad de estos servicios en apego al marco de los derechos humanos y los derechos sexuales y reproductivos”, enuncia el boletín 100 del Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva (CNEGySR).
Habilitar espacios no hospitalarios para la atención obstétrica de mujeres con embarazos de bajo riesgo, incorporar a las parteras profesionales en la atención y promover una mayor vinculación con parteras tradicionales, son algunas de las líneas de acción para los gobiernos estatales que señala el documento.
Los cuidados
Carolina Toga es una mujer que radica en Veracruz, tiene 22 años y un embarazo de 32 semanas, antes de la pandemia por COVID-19 ella mantenía el seguimiento en su unidad de Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), y a la vez con un médico privado.
Hasta el momento, Carolina Toga ha recibido información sobre los cuidados para reducir el riesgo de contacto, como las medidas de distanciamiento social. Sin embargo, no tiene certeza de dónde va a atender su parto, la recomendación con la que cuenta es que busque la atención es una clínica de primer nivel, sin más detalles de cómo hacerlo.
El empleo de Carolina le permite quedarse en casa y continuar con algunas actividades en línea, por lo menos hasta que pueda tramitar su permiso de maternidad.
En el caso de la atención obstétrica, evitar que determinadas las mujeres lleguen a los hospitales, puede ayudar en varios sentidos, explicó David Meléndez Navarro, secretario técnico del Comité Promotor por una Maternidad Segura en México (CPMS-Mx), debido a que es una medida para evitar la saturación de los servicios con atenciones que deben ser destinadas para complicaciones obstétricas y para mujeres que presentan síntomas y signos de COVID-19.
“Las mujeres que están embarazadas con alguna complicación o necesitan cesárea, y las mujeres con sospecha o diagnóstico confirmado de COVID-19, ellas, ellas sí tienen que llegar al hospital” , dijo Meléndez Navarro.
El Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva emitió el “Lineamiento para la prevención y mitigación de COVID-19 en la atención del embarazo, parto, puerperio y de la persona recién nacida”, donde señala las recomendaciones que deberán seguir todas las entidades federativas para facilitar estos servicios.
Esto quiere decir que cada entidad federativa debe establecer un plan estatal para que todas las embarazadas, con sospecha, o diagnóstico confirmado de COVID-19, tengan acceso a servicios de calidad, incluyendo atención obstétrica, neonatal y aborto seguro.
El lineamiento señala que el envío de mujeres a hospitales puede limitarse en la medida en que aumenta la demanda de atención por COVID-19, por lo que señala que el primer nivel de atención puede ser incorporado como la primera línea de atención del parto en casos de bajo riesgo obstétrico y mujeres consideradas sanas.
Este documento también señala que para garantizar la operatividad de los servicios, es necesaria la participación del primer nivel de atención, los hospitales designados para la atención materno-infantil, los distritos sanitarios (antes jurisdicciones sanitarias) y las Secretarías de Salud Estatales.
Los servicios de salud sexual y reproductiva, y de manera particular, la atención durante el embarazo, parto y puerperio y del recién nacido, se clasifican como servicios esenciales de salud que deben mantenerse en apego a las medidas de prevención y mitigación de la transmisión de COVID-19, ante ello, la Federación y los estados están obligados a mantener el mejor nivel de calidad posible en la prestación de los servicios.
Las persistentes brechas de desigualdad se traducen en riesgos para las mujeres en edad fértil (15 a 49 años), por ello es necesario que las acciones de los estados se centren en garantizar el acceso a los servicios de manera equitativa, continua y con calidad.
Los riesgos
Cuando trabajas por tu cuenta y vives al día, tomar un permiso de maternidad y distanciamiento social no es tan fácil. Marisela Galván trabaja en una tortillería de San Cristóbal de las Casas, en Chiapas, y asegura que el trabajo no es tan “pesado” y que se cuida de no tener contacto directo con las personas que llegan a comprar.
“Aquí voy a trabajar hasta que me avisen que ya no se puede, me pagan por día y no puedo faltar”, dijo Marisela.
Las condiciones de desigualdad que existen en México pueden acentuarse con la crisis que representa el COVID-19, esta emergencia dejará de manifiesto las más sentidas vulnerabilidades y también podría representar una oportunidad para diseñar políticas públicas, programas y servicios más eficientes y equitativos.
Las embarazadas, junto con adultos mayores y personas con enfermedades crónicas, son los principales grupos de riesgo y deben seguir todas las indicaciones de distanciamiento social, señaló Hugo López-Gatell Ramírez, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud.
El funcionario federal también dijo que las embarazadas deben suspender sus actividades laborales y los patrones deben facilitar su resguardo.
“Las medidas de prevención incluyen la suspensión de actividades laborales, si a alguien no le están permitiendo ausentarse, si es una mujer embarazada, con mayor razón no lo acepte y denúncielo en la Procuraduría de la Defensa del Trabajo, no debe ser que le obliguen a estar en el trabajo si se trata de una embarazada”, dijo López-Gatell Ramírez,
Estimaciones de la Secretaría de Salud indican que en México podrían registrarse 250 mil casos detectados con Coronavirus. De esta cifra proyectan el 30 por ciento pueden cursar un proceso asintomático o con síntomas leves y no buscarán atención, mientras que el 70 por ciento (175 mil) presentarán sintomatología y eventualmente buscarán servicios de atención médica, de los cuales el 80 por ciento va a cursar un proceso con síntomas que no van a requerir servicios hospitalarios; 14 % (24 mil 500) requerirán hospitalización y un 6 por ciento (10 mil 500) requerirán unidades de cuidados intensivos y respiradores
El Convenio y la atención obstétrica
Como una estrategia para liberar espacios en los servicios públicos de salud, el Gobierno Federal anunció un convenio con Asociación Nacional de Hospitales Privados A.C. y con el Consorcio Mexicano de Hospitales A.C. cuyos hospitales adscritos facilitarán 3 mil camas.
Aunque estos 3 mil espacios de los servicios privados representan cierta expansión de los servicios, todavía no son suficientes, un punto que la Secretaría de Salud debe analizar es de qué manera va a priorizar el uso de estos espacios.
El 40 por ciento del total de la atención que brindan los servicios públicos de salud corresponde servicios obstétricos, señaló el secretario técnico del Comité Promotor por una Maternidad Segura, y esta es una razón para derivar estos servicios a los espacios convenidos por el Gobierno Federal con los servicios privados.
“Si bien es cierto, son pocas, son nada despreciables, a esas 3 mil camas, debes analizar cómo puedes sacarle el mayor beneficio, tendrán que optimizar; a mí me parece que por números tendrían que priorizar la atención obstétrica, absolutamente porque es una de las principales causas de demanda de atención, es decir si los otros hospitales van a estar centrados en la atención de pacientes por COVID, significa que una opción para derivar estar camas, es al ámbito privado”, señaló el secretario técnico del CPMS-Mx.
Acceso a aborto seguro
Durante abril y hasta junio, la Secretaría de Salud ha estimado que 25 mil mujeres van a requerir la interrupción del embarazo servicio en los establecimientos públicos de salud, por ello también señala que el acceso a la interrupción legal del embarazo se debe garantizar el cumplimiento de la NOM-046.
Es decir, los servicios de salud públicos deben garantizar, proteger y mantener el acceso el derecho a la interrupción legal del embarazo con la mayor normalidad posible.
La implementación de la atención ambulatoria permite otorgar el servicio mediante la consulta inicial en urgencias, otorgando el tratamiento para autoadministración, acompañado de consejería, indicaciones y signos de alarma.
Hasta el momento, la evidencia científica indica que la infección por COVID-19 no se ha asociado a un mayor riesgo de aborto.
El personal de salud
En México, el personal de salud que presenta condiciones que potencian el riesgo de un cuadro grave (diabetes, sobrepeso y obesidad, hipertensión, etc.), es alrededor del 30 por ciento del personal.
Cuidar a su personal de salud, es el primer paso para hacer funcionar eficientemente los servicios, en este momento cuando en México está próxima la llegada de la fase tres es indispensable identificar al personal que tiene francos riesgos de tener una progresión negativa.
Además, el sistema de salud mexicano opera con 2.4 médicos por cada mil habitantes, en relación con 3.4 en promedio indica la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), y cuenta con 2.9 de enfermeros/as por cada mil habitantes, cifra menor al promedio de los países integrantes de este organismo.
“Los países que tienen un gasto relativamente menor en salud, generalmente tienen pocos doctores y enfermeras, como en el caso de México, Turquí y Polonia, los recursos humanos existentes tendrán que incrementar sus esfuerzos para atender la demanda adicional que se requiere”, señala la OCDE en su reporte sobre los sistemas de salud y su respuesta ante el COVID-19.
El promedio del gasto en salud en México es de mil 80 dólares por persona, cifra que es cuatro veces menor que el promedio de la OCDE, de 4 mil dólares.
Ante este un escenario que presenta un franco déficit en recursos humanos, los gobiernos, en sus diferentes niveles, y el sistema de salud mexicano enfrentan el reto de garantizar la protección de la salud de las embarazadas.
En este momento, la prestación de los servicios a determinadas embarazadas en el primer nivel de atención se convierte en la opción más segura y eficiente para dos cosas fundamentales: mantener los espacios hospitalarios para la atención de la pandemia de COVID-19 y reducir el riesgo de contagios en mujeres y los recién nacidos.
