La Comisión, presidida por la estadounidense Dinah Shelton, formuló preguntas de precisión y esclarecimiento a las testimoniantes y declaró sin ambages que lo que habían escuchado era “dramático e impactante”. Agradeció haber sido informada de manera tan vívida.
Las representantes de las organizaciones que solicitaron la Audiencia entregaron un pliego de argumentos acerca de cómo la criminalización a las mujeres no sólo atenta contra su salud física, mental y contra su dignidad y derechos. El Comisionado Rodrigo Escobar, de Colombia, dijo que ello constituye un “gravísimo e importantísimo problema de derechos humanos”.
Un aspecto que impactó en más de un comisionado fue el incesto que se da en muchos países y que condiciona dramas inhumanos, como que una niña sea madre de su propio hermano. La Comisionada venezolana Luz Patricia Mejía comentó que esta no es una situación desconocida en la Comisión y había mucho interés en su abordaje. Observó que consideraciones moralistas y religiosas imponen el sacrificio a las vidas de las mujeres.
Las agrupaciones peticionarias poseen un largo historial de trabajo y lucha a favor de las mujeres y han marcado hitos en defensa del derecho a decidir. Inició la presentación del tema Vanesa Coria, del Grupo de Información para una Reproducción Elegida (GIRE), de México.
Seguidamente, expusieron Mariela Belski, de la Asociación por los Derechos Civiles (ADC) de Argentina; Sergia Galván, de la Colectiva Mujer y Salud de República Dominicana y coordinadora de la Campaña 28 de septiembre por la despenalización del aborto en América Latina y el Caribe; Margarita Rivas, de la Agrupación ciudadana por la despenalización del aborto terapéutico, ético y eugenésico, de El Salvador; y Marta María Baldón, de IPAS Centroamérica, con sede en Nicaragua.
Las presentes representaron, además, a la Colectiva por el Derecho a Decidir, de Costa Rica);el Centro de Derechos de Mujeres (CDM), de Honduras; el Centro de Documentación y Estudios (CDE), de Paraguay; el Centro de Promoción y Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos (PROMSEX), de Perú; la Comissão de Cidadania e Reprodução (CCR), de Brasil; la Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres (La Mesa), de Colombia; y MYSU, Mujer y Salud, de Uruguay.
Las presentaciones en la Audiencia y el diálogo sostenido con su Mesa pueden ser escuchadas en Radio Feminista Internacional de Costa Rica; y en la CIDH: http://www.cidh.oas.org/prensa/publichearings/Hearings.aspx?Lang=ES&Session=122.
Al término de la audiencia, cinco reclamos a la Comisión quedaron sobre el tapete: “instar a los gobiernos a promover políticas públicas” que respeten “el derecho a la vida, a la integridad personal, al más alto nivel de salud reproductiva, a la intimidad, a la dignidad, a la libertad personal y al derecho a vivir libres de violencia y discriminación”. Ver más en:
http://www.cidh.oas.org/prensa/publichearings/Hearings.aspx?Lang=ES&Session=122
Rasgos del problema
En el continente y el Caribe de habla hispana hay cinco países que, al negar la posibilidad del aborto en determinadas circunstancias, violan el derecho de sus mujeres y las obligan a gestar y parir aunque hayan sido violadas o peligren sus vidas: Honduras, El Salvador, República Dominicana, Chile y Nicaragua.
En Chile las luchas de las mujeres no han conseguido derogar esa disposición, como tampoco en República Dominicana, donde la prohibición fue incluida en la Constitución aprobada en enero de este año, no obstante una larga batalla librada por una parte importante de la sociedad.
La dominicana Sergia Galván anunció en la CIDH que existe la intención de incluir una frase draconiana en las modificaciones propuestas al Código Penal próximo a discutirse en su país: la obligación de parir “aunque haya sido violada o esté en riesgo su vida”.
En el discurso introductorio de la Audiencia, la mexicana Vanesa Coria especificó que, “en otros países (Brasil, Bolivia, Ecuador, Costa Rica, Guatemala, Argentina, Uruguay, Haití, Paraguay, Perú), los códigos penales establecen algunas causales de excepción con diferentes grados de no punibilidad, pero aún están muy restringidas a circunstancias extremas, como son los casos de violación sexual, peligro para la vida de la mujer, o daños a su salud física, que en la práctica tampoco se cumplen.
Únicamente en Cuba, Puerto Rico y el Estado de México ellas son respetadas en este orden de cosas. En Honduras, El Salvador y Nicaragua la penalización del aborto forma parte de la mayor influencia de la iglesia católica, junto a gobiernos que hicieron retroceder derechos conquistados por las mujeres. Actualmente en esos países hay mujeres condenadas a 20 años por “asesinato agravado”, denuncia que formó parte de las explicaciones presentadas a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Trascendencia de la Audiencia de la CIDH
En las organizaciones que llevaron el tema a la CIDH hay mucha esperanza en lograr progresos, si bien se sabe que habrá que luchar todavía mucho más.
Para Sergia Galván, quien junto a la salvadoreña Margarita Rivas tuvo a su cargo la descripción de los casos de violaciones, incesto, muertes por negativa de asistencia y encarcelamientos brutales de 27 y 30 años y aún más, “esta audiencia tiene una gran relevancia estratégica para la despenalización y/o legalización del aborto en la región”.
En declaraciones a SEMLAC, la también coordinadora regional de la Campaña 28 de Septiembre subrayó que “lo que pasó en esa sala, el 28 de marzo, es de un tremendo simbolismo político, porque abre las puertas a un nuevo escenario del debate y se reafirma, desde una postura oficial, lo que siempre hemos pregonado desde el feminismo: que la reivindicación de la autonomía del cuerpo de las mujeres es un asunto de derechos humanos”.
Al referirse a la reacción de la Mesa, por lo común equidistante y poco expresiva, Galván reiteró que “logramos impactar a nuestros interlocutores, pero ahora el desafío es arrancarles el compromiso político, poner a prueba al sistema y ponernos a prueba a nosotras mismas en nuestras capacidades para generar las alianzas y sinergias que nos permitan, de manera creativa, rediseñar el mapa de los derechos reproductivos de las mujeres”.
Otras reacciones
Igualmente satisfecha se declaró la abogada Ysabel Marín, del Centro de Promoción y Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos (PROMSEX), de Perú, a quien entrevistó en Lima la corresponsal de SEMLAC Julia Vicuña: “Esta audiencia ha constituido un hito en la defensa de los derechos humanos de las mujeres, ya que es la primera vez que la CIDH concede una audiencia para tratar la problemática que genera la criminalización del aborto en nuestros países, así como los obstáculos para acceder a la interrupción legal del embarazo cuando este es legal “, subrayó.
“En el caso de Perú, la falta de implementación de un protocolo de atención del aborto terapéutico viene ocasionando la vulneración del derecho a la vida y a la salud de muchísimas mujeres y adolescentes”, sostuvo.
La colega de SEMlac preguntó a Marín qué esperan ahora, después de la Audiencia: “A nivel regional y nacional, esperamos las recomendaciones que esta instancia emita en las próximas semanas. Se espera que la CIDH muestre preocupación por la problemática que viven miles de mujeres en nuestros países y que inste a los Estados a adoptar las medidas necesarias para garantizar el acceso a información y servicios que garanticen sus derechos reproductivos”, respondió.
También se abren expectativas en la política interna del Perú: “esperamos que, luego de estas recomendaciones, el Ministerio de Salud emita un protocolo de atención del aborto terapéutico. A nivel de las organizaciones que han participado en esta audiencia, seguiremos aunando esfuerzos de manera regional para continuar realizando acciones de incidencia que busquen modificar esta situación”, indicó.
Lo que falta por andar es también tema de la mayor importancia para Vanessa Coria Castilla, de GIRE, México. Ella, a quien le tocó introducir la presentación junto a la argentina Mariela Belski, se ha sentido legítimamente satisfecha.
“El trabajo arduo valió la pena. Gracias a todas por confiar en esta iniciativa y en las que estuvimos ahí para representar las voces de ustedes y de las mujeres de la región. Por sus insumos, buenos deseos y sus buenas vibras, que llegaron hasta el salón de la audiencia y contagiaron a todas las participantes para decir las palabras correctas y con el énfasis necesario.”
“Ahora toca difundir y difundir todo lo que podamos nuestro mensaje y seguir trabajando juntas para establecer estrategias regionales y locales que nos permitan dar pequeños pasos, poco a poco, siempre firmes”, indicó. Coria trabaja en incidencia internacional en el GIRE.
Por doquier se extiende la impresión de que ha sido un paso importante. Corresponsales de SEMLAC también buscaron reacciones en Uruguay, Honduras, México, Nicaragua y Argentina.
La representante de IPAS, Marta María Blandón, denunció que, en Nicaragua y El Salvador, la capacidad reproductiva de las mujeres está siendo prenda de negociación de políticos envueltos en procesos electorales, “buscando mayores restricciones para ellas”.
Blandón comentó a Sylvia Torres, corresponsal de SEMlac en Nicaragua, que “además de lo preocupante de las cifras que les dimos a conocer y que dan cuenta de la magnitud del problema del aborto y el vínculo directo con la garantía de los derechos humanos, fue impactante el relato de las historias de mujeres de distintos países de la región que, en los últimos tiempos, han sido víctimas de la criminalización del aborto, el estigma y prácticas injustas de parte de los Estados”.
Entre esos casos mencionó los de mujeres encarceladas o niñas violadas a quienes se les negó el derecho a un aborto permitido por la ley. “Ante semejantes evidencias, las comisionadas y el comisionado de la CIDH expresaron su total repudio y su total compromiso por cambiar esta realidad”, comentó Blandón a SEMlac.
No solo manifestaron asombro “porque estos hechos estuvieran ocurriendo en este siglo”, precisó, sino por “constatar que no se trata de casos únicos o aislados, sino de una tendencia generalizada”.
La presidenta Dinah Shelton preguntó si las mujeres iban a países como Cuba, donde la interrupción es legal. Esto permitió a las ponentes significar que las mujeres que se someten a interrupciones en clínicas privadas no se mueren. Que se mueren las que acuden a abortos inseguros, “las pobres”, subrayó Galván.
