sábado 21 noviembre 2026

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La Renta Garantizada de Ciudadanía es un nuevo derecho social

 

Renda garantida

 

 

Salir de la pobreza es un derecho universal reconocido internacionalmente y que el Estatuto de Autonomía de Cataluña también reconoce en su artículo 24.3.

No obstante ha sido necesaria una iniciativa popular, que empezó en el 2011, quine impulsara un proyecto de ley mediante una iniciativa legislativa popular para hacerlo posible. Los derechos sociales llegan siempre de la mano de las movilizaciones ciudadanas y este caso no ha sido una excepción.

 

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Rueda de prensa- RGC

La ciudadanía catalana ha logrado un nuevo derecho básico, un derecho fundamental que constata la realidad de pobreza que vive el país. El paro generado durante la crisis económica, la malograda salud del estado del bienestar y la insuficiente y acortada renta mínima de inserción han situado a más 850.000 personas en situación de pobreza real.


El colectivo más vulnerable que ahora tendrá derecho a la Renta Garantizada de Ciudadanía es heterogéneo, personas con paro de larga duración, gente mayor con pensiones insuficientes, personas inmigradas que llegaron al país en tiempo de bonanza y que ahora no encuentran trabajo o familias monoparentales. La vulnerabilidad de muchas personas también responde que sólo el 55% recibe algún tipo de prestación.

En Cataluña se ha establecido la cifra de 664 euros mensuales como el límite del estado de necesidad, y podrán acceder personas mayores de 18 años o menores emancipados, que tengan ingresos inferiores a la cifra mínima establecida y que dispongan de 12 meses de residencia.

La Renta Garantizada de Ciudadanía significa un salto cualitativo por el reconocimiento de un derecho social (Estatuto de Autonomía – artículo 24.3) que ampara a toda la ciudadanía, redistribuye la riqueza y es un adelanto en la lucha contra la desigualdad.

La Renta Garantizada de Ciudadanía tiene que ser tramitada como ley al Parlamento y se prevé que empiece su aplicación el mes de septiembre de este año con un 85% de la prestación. La implementación se llevará a cabo durante cuatro años, hasta abril del 2020, cuando todos los beneficiarios ya cobrarán el 100%. Durante este tiempo, una comisión hará un seguimiento para evaluar la aplicación y modular los cambios necesarios para hacerla efectiva. 

 

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