El Sistema de Nacional de Salud de España ha sido considerado como un patrón de referencia mundial y catalogado como modelo de solidaridad con los menos favorecidos, aun así, los inmigrantes residentes en el país de manera irregular dejaron de tener derecho a la sanidad gratuita desde que entró en vigor el pasado sábado 1 de septiembre la nueva Ley.
El Real Decreto-Ley 16 del 20 de abril del 2012, dejó a quienes se encuentran en situación irregular sin la posibilidad de utilizar la tarjeta Individual que les daba el derecho a acceder a la asistencia sanitaria. Entre los motivos del gobierno para tomar esta medida, está según la norma, la situación socioeconómica que vive el país y la carga prestacional de los sistemas de salud según reza en el contenido de la misma, que a la letra dice: “…la realidad socioeconómica y la propia falta de rigor y énfasis en la eficacia del sistema han conducido al Sistema Nacional de Salud a una situación de grave dificultad económica sin precedentes desde su creación. Se ha perdido eficacia en la gestión de los recursos disponibles, lo que se ha traducido en una alta morosidad y en un insostenible déficit en las cuentas públicas sanitarias. Se hace, pues, imprescindible la adopción de medidas urgentes que garanticen su futuro y que contribuyan a evitar que este problema persista”
Estas nuevas normas de acceso a la sanidad en España para inmigrantes y residentes extranjeros, están enmarcadas dentro de las políticas del gobierno para reducir la deuda de la Sanidad Pública, según la agencia Efe, se estima que perdieron la tarjeta sanitaria más de 153.000 inmigrantes sin papeles, lo que supondrá para Sanidad un ahorro de 500 millones de euros.
Pero el problema más allá de la conveniencia o no de la prestación del servicio, la han puesto en la palestra pública los médicos y el personal sanitario que han declarado que seguirán prestando el servicio apoyándose en la “la objeción de conciencia” como un gesto de protesta, a ella se han unido más de 1.700 profesionales que consideran la medida como ridícula y de una improvisación absoluta.
Critican las diferencias entre las comunidades autónomas, y piensan que traslada a los inmigrantes sin papeles, una responsabilidad que no les corresponde ya que el gasto sanitario de los inmigrantes ilegales es mucho menor que el del resto de la población, creen que terminarán de una u otra manera echándoles la culpa del déficit sanitario y alegan que la ética médica es inherente al principio universal que garantiza a los ciudadanos asistencia sanitaria, pública y gratuita
Así las cosas, los inmigrantes que no tengan residencia legal, solo tendrán la prestación médica básica, como derecho a la maternidad (embarazos, parto y post parto), a las urgencias siempre y cuando el facultativo considere que hay peligro inminente, y a la atención infantil hasta los 18 años.
En el caso de los enfermos crónicos o graves, sanidad se ha comprometido a no dejarlos sin tratamiento, pero la factura se hará con cargo al país de origen cuando exista convenio de colaboración.
La medida también afecta a extranjeros que entran como turistas desde países que no tienen convenio sanitario con España, y a los ciudadanos de los Estados miembros de la Unión Europea no asegurados, ante la imposibilidad de garantizar el retorno de los gastos ocasionados por la prestación del servicio sanitario, en ambos casos, se les ofertará una póliza que tendrá una cobertura sanitaria de 59,20 euros al mes, cifra que aumentará hasta los 155.40 euros mensuales, si la persona es mayor de 65 años.
El gasto farmacéutico
La Norma también regula medidas en este sentido, según la misma, para evitar que la situación de asistencia sanitaria continúe debilitando la sostenibilidad de los sistemas de salud, impone el pago de algunos fármacos a todos los usuarios, dejando de financiar 417 medicamentos para dolencias menores
Situación por comunidades autónomas
Ana Mato Ministra de Sanidad, servicios sociales e igualdad, ha insistido en que no habrá desatención, pero los inmigrantes sin papeles tendrán que pagar si requieren del servicio de sanidad.
A pesar de eso, es competencia de cada Comunidad Autónoma regular la asistencia de acuerdo a la normatividad de cada región, en este sentido se vislumbran tres modelos, por un lado, las comunidades que seguirán al pie de la letra las medidas del gobierno y exigirán a los inmigrantes el pago de los servicios a través de algún tipo de factura son 9 comunidades autónomas, Ceuta y Melilla; las que mantendrán la asistencia gratuita como Asturias y Andalucía; y las que exigirán algún tipo de requisito como Canarias y Cataluña, que seguirán atendiendo a los irregulares, pero exigirán que estén empadronados.
