Han pasado las dos semanas propuestas por Ruiz-Gallardón, para poner en marcha el anteproyecto de Justicia Gratuita que incluye, exención de gastos judiciales a mujeres víctimas de violencia de género, niños maltratados y victimas de trata de personas. De momento quien quiera justicia tendrá que pagar.
La Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados aprobó el pasado octubre el Proyecto de Ley que contempla la subida generalizada de las Tasas Judiciales de entre 50 y 750 euros para recurrir una resolución ante los Tribunales. La norma que se hizo pública en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el 20 de noviembre, y que entro en vigor un día después de su divulgación, no ha podido ser aplicada porque no están disponibles los formularios de que habla la Ley para la liquidación de las Tasas.
Para paliar la oposición colectiva a la precipitada norma, a finales de noviembre, El Ministro de Justicia, Alberto Ruíz-Gallardón, anunció que el gobierno tenía previsto un anteproyecto de reforma para que las víctimas de violencia de género, menores maltratados i maltratadas, víctimas del terrorismo, víctimas de trata y tráfico de seres humanos o las personas con discapacidad, se beneficiarán de justicia gratuita y exentas no solo del pago de tasas, sino del coste judicial que implica el pago de abogado y procurador
Según el Ministro, el anteproyecto de reforma, resulta “extraordinariamente beneficioso”, declaró que no pagarán tasas ni en la vía penal (en la actualidad es gratuito), ni en la civil en los procesos relacionados por su condición de víctimas de maltrato, como por ejemplo, en procesos de separación y divorcio causados por violencia de género.
Pero no es gratuito que el gobierno incluya la exención de costes judiciales a víctimas de violencia machista y maltrato a los niños, es porque la Directiva 2012/29 del Parlamento Europeo y del Consejo, establece la obligatoriedad a los estados miembros de dar cumplimiento a las normas sobre protección de derechos, apoyo y protección a las víctimas de delitos de ser beneficiarios de la Justicia gratuita, también se debe a la presión ejercida por grupos feministas y al grupo parlamentario socialista, entre otros
De hecho, días antes que el funcionario hiciera público el anteproyecto de reforma ante el Pleno del Congreso, la Presidenta del Observatorio de Violencia de Género, Magistrada Inmaculada Montalbán, denunció que las nuevas tasas impuestas por el Ministro de Justicia eran un obstáculo para que las mujeres víctimas de violencia machista denunciaran sus casos, si bien, los asuntos penales están exentos de tasas, las demandas civiles de separación o divorcio sí hay que pagarlas, lo que resulta contraproducente por la crisis económica ya que este hecho podría disuadirlas de denunciar
Por su parte la Diputada Socialista, Carmen Montón, aseguró que: “las mujeres están perdiendo la confianza en el sistema, han disminuido las denuncias, sube el porcentaje de asesinadas que no han denunciado, bajan las llamadas al teléfono de atención a la violencia de género, 016, y es mayor el número de mujeres que se retractan de sus denuncias”.
Así las cosas, esta Ley de Tasas que ha suscitado el rechazo del Observatorio de Violencia de Género y de la bancada socialista, también fue aprobada en medio de una fuerte oposición de jueces, fiscales y abogados que siguen protestando en defensa de la administración de justicia gratuita y por la tramitación acelerada del proyecto, el colectivo de jueces y fiscales la encuentra “desproporcionada”, consideran que limita la tutela judicial efectiva, perjudica los derechos de los ciudadanos y deja fuera de los Tribunales a una amplia capa de la población, aducen que supone una discriminación por razones económicas que establece diferencia entre ricos y pobres, según ellos: “pasamos del derecho a la tutela judicial efectiva, a la tutela judicial en efectivo”
Arguyen también, que ven en el Anteproyecto de Justicia Gratuita una cortina de humo para tratar de enmascarar la aplicación de nuevas tasas judiciales a amplios colectivos e impedir el acceso a la justicia.Lo más grave es que no solamente el sistema judicial está al borde del colapso, sino que la medida no reduce el volumen de demandas y lo que es peor, lo convierte en un servicio público privatizado que solo llegaría a sectores privilegiados que son los que pueden pagar.
De momento quien quiera justicia tendrá que pagar, pues ya han pasado las dos semanas propuestas por Ruiz-Gallardón, sin que se haya discutido en el congreso el anteproyecto de Justicia Gratuita que incluye la exención de gastos judiciales a mujeres víctimas de maltrato y demás colectivo de víctimas
En cualquier caso, la promesa no estará en vigor antes de que sea aprobada, ya sea en el 2013 o 2014, estaremos atentas a que la mencionada Ley prospere y que se garantice el precepto constitucional de gratuidad de la justicia como un derecho que tiene como finalidad asegurar la igualdad en la defensa y una representación judicial a quien carece de medios económicos.
