Según el informe presentado por el IDHC, “las medidas aprobadas en la declaración de Brighton no han recortado significativamente el acceso de los ciudadanos al Tribunal pero tampoco han ayudado a aliviar la sobrecarga de trabajo”
El Instituto de Derechos Humanos de Cataluña ha elaborado un informe sobre las diferentes reformas propuestas en la Conferencia de Ministros del Consejo de Europa, que se celebró del 18 al 20 de abril en Brighton, la reunión fue convocada por el Reino Unido que para la época presidía el Comité.
Las propuestas de reforma se hicieron con la intención de limitar el acceso de la ciudadania al Tribunal a través de la imposición de tasas a los demandantes y sanciones económicas para las demandas sin fundamento, las medidas provocaron la reacción inmediata de un gran número de ONG europeas que se opusieron a la reforma debido a que disminuía la protección a las víctimas de violaciones de derechos humanos y porque restringía el acceso al Tribunal, en tal sentido, desde Cataluña entidades como la Confederación Catalana de ONG por la Paz, los Derechos Humanos y el Desarrollo,enviaron una carta a la representación española protestando por las medidas planteadas por Reino Unido
No es un secreto el colapso que sufre El Tribunal Europeo de Derechos Humanos con sede en Estrasburgo, hace años que tiene una sobrecarga de trabajo por el alto número de demandas que recibe y que supera la capacidad de los 47 jueces y de unas 600 personas que forman el cuerpo de funcionarios, la mitad son juristas
En diciembre de 2011, El Tribunal tenía 151.624 asuntos pendientes de tramitación, lo que implica que el tiempo medio de resolución desde la presentación de la demanda hasta la sentencia final se estime entre unos 6 meses y 8 años, a pesar que el Tribunal ha hecho esfuerzos para agilizar el trámite y velar por el cumplimiento del Convenio Europeo de Derechos Humanos en los 47 estados miembros del Consejo de Europa, estos han resultado infructuosos.
En relación con la reforma de limitar el acceso de los ciudadanos, el informe presentado por el IDHC destaca que las medidas aprobadas en la declaración de Brighton no han recortado significativamente este acceso, pero tampoco han ayudado a aliviar la sobrecarga de trabajo del Tribunal. Entre las decisiones adoptadas enfatiza el hecho de que las reparaciones económicas a las víctimas de violaciones de derechos humanos dictadas por las sentencias del Tribunal pasarán de ser controladas y exigidas por el Comité de Ministros al control de los propios Estados miembros, victimarios de esta misma violación.
El informe concluye que “El Tribunal es un mecanismo muy importante para asegurar la protección de los derechos humanos y así lo ha estado haciendo hasta ahora. Añadir nuevos criterios de admisibilidad de demandas significa restringir el derecho de los individuos al resarcimiento de sus derechos consagrados en el Convenio Europeo de Derechos Humanos. Estimamos que las reformas hubieran tenido que ir encaminadas a garantizar un mejor cumplimiento del Convenio a nivel nacional, y en el reforzamiento de la vigilancia del cumplimiento de las sentencias del Tribunal por parte del Comité de Ministros del Consejo de Europa”.
