El informe de la CIDH destaca las barreras que tienen las mujeres pobres, indígenas y / o afrodescendientes, rurales y migrantes en información sobre salud sexual y reproductiva
Las mujeres pobres, indígenas, rurales y migrantes son discriminadas ya que se enfrentan a mayores obstáculos para acceder a información sobre salud sexual y reproductiva, informó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en su informe “Acceso a la información en materia reproductiva desde una Perspectiva de Derechos humanos “, que analiza e identifica los estándares regionales e internacionales de derechos humanos con relación al acceso a la información en materia reproductiva.
De acuerdo con el documento, las mujeres que habitan en la región americana (países de América Latina) se enfrentan a diversas barreras para lograr el acceso a información sobre salud y planificación familiar, lo que en muchos casos llega a constituir violaciones a sus derechos fundamentales.
El derecho al acceso a la información se encuentra ampliamente relacionado con el derecho a tomar decisiones de manera informada y sin que haya algún tipo de coerción. Que haya quien no tenga la posibilidad de acceder a la información, señala la CIDH, representa una barrera para poder decidir libremente sobre temas relacionados con la salud.
Las barreras se amplían particularmente en los casos de mujeres que habitan en zonas rurales o marginales, pues, el poder acceder a información adecuada sobre cómo cuidar su salud sexual o la forma de planificar su familia es casi imposible.
La CIDH señaló, a través del informe, que es un deber del Estado suministrar información pública adecuada para que las personas puedan ejercer plenamente sus derechos, por lo que exhortó a los gobiernos a garantizar a la población femenina el acceso a la información de salud sexual y reproductiva.
El análisis surgió con base en las denuncias presentadas ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos para mujeres a las que se había practicado una esterilización sin su consentimiento, o bien, se les proporcionó información tergiversada por parte de los funcionarios públicos .
La Comisión tomó como referencia para la elaboración del informe las disposiciones contenidas en la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW por sus siglas en inglés), donde se establece la obligación de los Estados de asegurar la igualdad entre hombres y mujeres.
En el informe, financiado por los gobiernos de España y Finlandia, presentan catorce recomendaciones encaminadas a apoyar a los Estados pertenecientes a la Organización de Estados Americanos (OEA) a garantizar y proteger efectivamente el derecho a la información sin discriminación.
Dentro de las recomendaciones se pide a los Estados garantizar la confidencialidad de las mujeres en el acceso a servicios de salud sexual y reproductiva, así como asegurar que la información que sea proporcionada sea completa y adecuada al público que la requiera.
