El 11 de octubre, la Secretaría de Estado de Igualdad presentó el proyecto de Protocolo de Atención a Víctimas de Trata a las organizaciones que integran el Foro Social contra la Trata. El Protocolo pondrá en práctica las nuevas disposiciones del Reglamento de Extranjería respecto al tratamiento de las víctimas de trata. El borrador del texto establece que las autoridades no abrirán expediente de expulsión a inmigrantes sin papeles cuando hallen indicios de que están en situación de trata con fines de explotación laboral o sexual, y que les facilitarán un periodo de reflexión y recuperación al margen de que colaboren o no en la investigación. Entidades como Proyecto Esperanza ho valoran muy positivamente, pero consideran que conceptos como la propia definición de trata, de la situación personal de las víctimas y de la colaboración con las autoridades “están al aire” y se deben mejorar para garantizar la protección efectiva de las víctimas “. Las entidades presentarán recomendaciones y enmiendas al Protocolo, que comenzará a ser efectivo a finales de mes.
Proyecto Esperanza, que gestiona un programa de atención integral a víctimas de trata desde el año 1999, forma parte de la Red Española contra la Trata,una de las entidades que conforma el Foro Social contra la Trata y que ha reclamado cambios en el tratamiento y asistencia a las víctimas de trata desde la promulgación del Plan Nacional de Lucha contra la Trata con Fines de Explotación Sexual, en marzo de 2009. Marta González, coordinadora del Proyecto, considera que, en primer lugar, “hay que garantizar la intervención y participación de las entidades sociales de apoyo a víctimas de trata en todas las fases del protocolo”. Según González, aunque que el Protocolo valora su papel, “dice que las fuerzas de seguridad informarán a la víctima de las posibilidades de apoyo que tiene. Lo que queremos es que esto no sea una posibilidad, sino que el Protocolo establezca que las autoridades nos informen y contacten a desde el principio para brindar información, asesoramiento, asistencia integral”.
¿Quién define que hay indicios de trata?
Marta González considera que el Protocolo no aclara “de qué forma se establecen los indicios de que hay trata, y si se incluyen nuestras aportaciones podemos tener más claridad. Lo que pasa en el día a día es que las entidades tenemos una valoración y consideramos que hay indicios, y la administración, piensa que no. Hay grupos de policía que nos llaman cuando detectan a una víctima, llevamos haciéndolo 12 años, pero no están obligados a hacerlo”. Por ejemplo, el Protocolo establece que si se detecta que una persona inmigrante cerrada a un Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) ha sufrido trata, la policía lo comunicará inmediatamente a la Fiscalía para que se le levante la detención administrativa. González lo matiza: “todo depende de la valoración que hagan las fuerzas de seguridad. La tendencia de las autoridades hasta ahora ha sido la de pensar que si la persona no daba información sustancial sobre el delito no era víctima de trata”. Además, González recuerda que las personas en situación de trata son más reticentes a confiar en la policía por su situación irregular: “una entidad social genera más confianza y puede considerarse que existe una situación de trata aunque la víctima no dé datos objetivas del autor del delito “.
Atender y apoyar a las víctimas por encima de todo
Uno de los grandes avances del Protocolo es que aplica la recomendación del Convenio contra la Trata de Personas del Consejo de Europa (2005) de brindar asistencia y protección integral a las víctimas independientemente de si colaboran o no en la investigación, una reivindicación que han hecho las entidades de lucha contra la Trata desde la puesta en marcha del Plan Integral. El Protocolo establece un periodo de reflexión y recuperación de un mínimo de 30 días, que se puede alargar en función de la situación personal de la víctima. Después se valora si quiere y puede colaborar con las autoridades, si tiene información y quiere dar el paso de interponer una denuncia “, explica González
La coordinadora explica que, en aplicación del Convenio, “se le puede dar un permiso de residencia y trabajo al margen de que colabore en la investigación en función de su situación personal”. El Convenio define la situación personal como la “situación de salud de la víctima, que tenga secuelas de haber sido víctima de trata, el peligro que sea rechazada por el entorno en deportada a su país o que allí corra algún tipo de riesgo o esté amenazada “. Las organizaciones del Foro proponen “que se incluya en la definición de situación personal el hecho de que la víctima esté en proceso de recuperación psicológica, física y de integración a través social de los programas de atención integral a la víctima de las entidades especializadas, como se ha hecho en Italia “.
Lagunas importantes
Aunque el Protocolo ya no condiciona el apoyo institucional a la víctima a que esta colabore de forma sustancial con la investigación contra la mafia de trata, como hacía la Ley de Extranjería antes de la última reforma, González alerta de que aún hay lagunas importantes: “no define qué significa colaborar con las autoridades (si es necesario que ponga denuncia o no, si ha de lograr una sentencia condenatoria). Si se deja este concepto abierto cada administración lo entenderá de una manera “. Por su parte, las entidades entienden que una víctima de trata colabora aportando “toda la información que tiene en relación con delito de tráfico o autores, pero el permiso de residencia no se puede condicionar el proceso judicial o que éste se resuelva con una sentencia condenatoria. Los juicios se pueden alargar hasta cuatro años, en otros casos los autores están en busca y captura … por lo tanto no se puede esperar a que termine el proceso para acreditar la colaboración “. Además, Proyecto Esperanza considera importante que se defina la articulación del Protocolo “con los protocolos autonómicos que ya existen, por ejemplo, en Galicia”.
El Foro Social contra la Trata, integrado por el Grupo interministerial contra la Trata (Ministerios de Benestrar Social, Igualdad, Salud, Interior, Defensa, Trabajo e inmigración, Justicia), dos comunidades autónomas que representan el resto, Federación Estatal de Municipios y Provincias, ACNUR, Organización Internacional de Migraciones y la Red Española contra la Trata, presentará enmiendas al Protocolo hasta el viernes 14 de octubre.
