No hay políticas de atención y los casos aumentan
Ipas Centroamérica denuncia el alto número de casos de agresiones en el seno de las familias
Cada mes en Nicaragua se documentan historias tétricas de niñas y adolescentes víctimas de violación sexual, cuyos casos –en su mayoría– quedan impunes ante la inoperancia de las autoridades judiciales y de salud, en un país con uno de los índices más altos de embarazos en menores de edad en América Latina (AL).
El caso de “Karla”, de siete años de edad, y su madre, “Patricia”, de 21, muestra en toda su crudeza la realidad lacerante que viven miles de niñas y adolescentes nicaragüenses, que han sufrido agresiones sexuales en el seno de sus propias familias, según un expediente documentado por la organización civil Ipas Centroamérica, con sede en esta capital.
“Karla” fue violada recientemente por el esposo de su abuela. “Patricia” demandó penalmente al sujeto, lo que le valió el repudio de gran parte de su familia. Este episodio revivió la tragedia personal de la joven, quien a los 14 años sufrió violación sexual y quedó embarazada. Su hija es el fruto de esa historia de dolor.
Apenas una semana después de la violación de su hija, Patricia se suicidó. En una carta de despedida, la joven reclamó a su familia por “haberla obligado” a tomar esa determinación.
Destruidas por el sistema
Los nuevos casos de violencia sexual y de embarazos en adolescentes son vistos como “normales” en Nicaragua, nación donde en 2010 se registraron 4 mil 101 agresiones sexuales, siendo las niñas de 0 a 17 años el 85 por ciento de las víctimas.
Además el rango de niñas entre 11 y 17 años de edad es el más afectado. El 30 por ciento de los embarazos registrados en el país centroamericano corresponde a adolescentes.
Argentina Espinoza, asesora de Ipas Centroamérica, dijo cada mes se informan de muchos casos de agresiones sexuales, y aclaró que no se trata sólo de cifras sino de personas, “de adolescentes cuyas vidas son destruidas frente a la poca respuesta que les ofrece el sistema”.
En el caso de los embarazos en adolescentes, el Ministerio de Salud (Minsa) no profundiza sobre sus causas, a pesar de que según el Código Penal nicaragüense toda relación sexual a menores de 14 años constituye un delito, advierte Mayte Ochoa, coordinadora de Abogacía e Incidencia Política de Ipas.
Apuntó que todo embarazo en adolescentes que atiende el Minsa debería indagarse si es producto de una violación sexual. Criticó también que las organizaciones de la sociedad civil (OSC) sufren restricciones por parte de las autoridades para acceder a esa información.
Ochoa observó que el Estado rechaza a las OSC, en particular a las que trabajan por los derechos de las mujeres, ante el “temor” de que los datos oficiales puedan ser usados en su contra, en vez de abrir la posibilidad de un trabajo conjunto y encontrar soluciones a este problema.
Sin programas específicos
Nicaragua carece de un programa especial de salud sexual y reproductiva para atender a las adolescentes y combatir “el machismo” predominante en las zonas rurales.
Mayte Ochoa explica que para una adolescente del campo es impensable ir a un centro de salud a pedir información sobre métodos de anticoncepción.
Igual ocurre con las jóvenes solteras, quienes se sienten inhibidas para solicitar métodos de control natal ante una sociedad que en vez de ayudarlas las critica, agrega la activista.
La integrante de Ipas insistió que se requiere un programa de salud sexual y reproductiva directa para las adolescentes y las jóvenes, que además tenga los recursos necesarios para operar, así como el personal de salud capacitado. “Sobre todo se necesita de mucha voluntad política del Estado para atacar de raíz el problema”, abundó.
En 2011 un grupo de diputados que se autonombró Pro Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) inició un proceso de consulta, para enriquecer un proyecto de Ley de Salud Sexual y Reproductiva que al final no se concluyó.
Se espera que este año con dos diputados Pro ODM que se reeligieron se retomen las consultas con las OSC, para que luego la Comisión de Salud del Congreso examine el proyecto y finalmente apruebe esta ley.
La coordinadora de Abogacía e Incidencia Política de Ipas acotó que en el contexto actual es “difícil” que se cumpla con los ODM en materia de salud sexual y reproductiva, ya que no hay un programa específico en ese sentido. “Podrá haber avances en leyes y protocolos, pero en la práctica es muy difícil que se apliquen”, lamentó.
