Este pasado martes, día 10 de enero, l’ Instituto Català Internacional per la Pau nos regaló la voz de dos mujeres expertas en derecho internacional y entregadas a la justicia universal y la dignidad del ser humano. Un balance de los casi 10 años de existencia de la Corte Penal Internacional. Concepción Escobar, catedrática de derecho internacional de la Uned, resaltó el papel y la implicación del Estado español en todo el proceso de aprobación del estatuto de Roma del 98.
El Estado español formaba parte del grupo decisivo de países pro estatuto y con el objetivo claro que la conferencia de Roma acabase con aprobación del mismo. El consenso de todas las fuerzas políticas representadas en el congreso de diputados fue una muestra más del compromiso del Estado Español en la lucha contra la impunidad, reconociendo la universalidad del la Corte Penal Internacional y la integridad del estatuto sin ninguna reserva.
La magistrada de la Corte Penal Internacional, Isabel Odio, resaltó el milagro que 120 países ratificaran y aprobaran el Estatuto de Roma, que establecía la creación de la Corte con el objetivo de proteger valores, proteger a las personas y a las víctimas .
Un milagro para todas las víctimas de las violaciones de los Derechos Humanos que por fin podían recibir justicia. Por primera vez los crímenes de guerra, de lesa humanidad, de genocidio y de agresión contra la paz, así como sus autores, individualmente, dejando de tener impunidad. La Corte Penal Internacional nace por la enorme perversidad de los conflictos armados, los cuales pasan a ser conflictos de ejercidos contra civiles. Ya en la Primera Guerra Mundial el 30% de las víctimas son civiles, pasando a ser más de un 50% en la Segunda Guerra Mundial. El año 90, con la guerra de los Balcanes, y gracias a los medios de comunicación, se denuncia la violencia sexual como arma de guerra. Y más tarde el genocidio de Ruanda, donde en tiempo record, se acaba con la vida de más de un millón de civiles. La comunidad internacional ante este horror de realidad establece desde el Consejo de Seguridad un tribunal ad hoc por los crímenes cometidos en la antigua Yugoslavia, y un segundo tribunal ad hoc por el genocidio en Ruanda.
Roma establece la responsabilidad penal internacional sólo por los crímenes cometidos después de 2002, y faltan países como Estados Unidos, China, Pakistán, Israel … el 95% de los países árabes, pero tal y como nos recuerda Elisabeth Odio el éxito de la Corte Penal Internacional es su propia existencia, que hay que avanzar pero con el tiempo a nuestro favor. La Corte Penal Internacional necesita de la colaboración y la cooperación de los estados firmantes, para avanzar en los procesos de complementación con los sistemas judiciales nacionales. Y sobre todo necesita legitimación social. La Corte que empieza a funcionar en el mes de marzo de 2003, tiene en la actualidad 7 diligencias abiertas, todas ellas en el África negra, salvo la diligencia abierta en Libia. La magistrada niega las críticas que recibe la Corte por su concentración de causas en el continente africano y lo argumenta sencillamente por ser un hecho coyuntural y de la propia limitación temporal de la Corte. Destaca que en los décadas 80 y 90 habría sido América Latina uno de los continentes con más diligencias abiertas. También se defiende de las críticas de que la justicia puede atentar contra los procesos de paz, dice que es una falacia porque una paz que recorte o que impida justicia nunca será paz.
La Corte Penal Internacional tiene el mandato de acabar con la impunidad de los criminales y evitar así que se lesione gravemente el tejido social. Justicia para todos y por todas es lo que la Corte pretende dar. Isabel Odio acabó manifestando que gracias a la Corte Penal Internacional los criminales, más tarde o más temprano, serán juzgados. Y eso, es irreversible.
