Sally Burch
Peter Titland y Sally Burch no pudieron cubrir la cumbre a pesar de estar acreditados. Decisión gubernamental que afecta libertades de expresión y opinión, y derecho a participar.
Las deportaciones de activistas y periodistas que llegaron a la Argentina en el marco de la Conferencia Ministerial de la OMC, que se realiza desde el 10 hasta el 13 de Diciembre en Buenos Aires, no resiste ningún otro análisis que no sea la censura, los prejuicios y la búsqueda de acallar a las disidencias.
Foto: Aporrea. Peter Titland i Sally Burch
El 7 de Diciembre fue deportado el periodista y activista noruego de la Asociación por la Tasación de las Transacciones financieras y por la Acción Ciudadana (ATTAC), PeterTitland, quien sobre el hecho señaló que no había argumentos para su deportación: “lo único que me dijo una persona de seguridad fue que no me permitían ingresar por lo que dice en el sitio web de mi organización. Pregunté qué parte de la página consideraban violenta y no respondieron. Es absurdo”. Al día siguiente, la periodista inglesa que reside en Ecuador y se desempeña como directora ejecutiva de la Agencia Latinoamericana de Información (ALAI), Sally Burch, corrió idéntica suerte.
Tanto Burch como Titland integraban una polémica lista de activistas a los que la Cancillería de la Nación había negado la semana anterior el ingreso al país, a pesar de haber sido acreditados previamente por la Organización Mundial del Comercio.
La decisión del gobierno argentino de negar el ingreso a un grupo de activistas se conoció el 2 de Diciembre por medio de un comunicado en la que refería que se había dado aviso a la OMC sobre “la existencia de algunos inscriptos, registrados por dicha Organización en nombre de algunas ONG’s, que habían hecho explícitos llamamientos a manifestaciones de violencia a través de las redes sociales, expresando su vocación de generar esquemas de intimidación y caos (…) la organización local ha entendido oportuno indicar que las personas asociadas a tales propuestas disruptivas y/o violentas no podrían ser acreditadas para ingresar al recinto de reuniones de la Conferencia Ministerial”.
Luego de las deportaciones fueron las organizaciones de la sociedad civil, tanto locales como internacionales, las que manifestaron su repudio ante tamaña censura. En este sentido, desde APC se emitió un comunicado donde enfatiza que “si un país anfitrión arbitrariamente limita el acceso a estos espacios por razones infundadas, el resultado de ellos es un peligroso precedente y una violación de un principio clave de la diplomacia internacional, que la OMC no debería aceptar de ninguna manera”.
A la vez que Michelle Kissenkoetter, directora adjunta para las Américas de Amnistía Internacional, se refirió a la lamentable actuación del Gobierno como una “restricción indebida en el ejercicio de la libertad de expresión y en la labor de defensa de derechos humanos que estas organizaciones sostienen”.
En tanto que el Centro de Estudio Legales y Sociales (CELS) manifestó su preocupación por la controvertida decisión del gobierno argentino subrayando que afecta a “derechos como la libertad de expresión, la libertad de opinión y el derecho a la participación, entre otros. Al mismo tiempo, la Ley de Inteligencia Nacional establece que ningún organismo de inteligencia puede “obtener información, producir inteligencia o almacenar datos sobre personas, por el solo hecho de su raza, fe religiosa, acciones privadas, u opinión política, o de adhesión o pertenencia a organizaciones partidarias, sociales, sindicales, comunitarias, cooperativas, asistenciales, culturales o laborales, así como por la actividad lícita que desarrollen en cualquier esfera de acción”.
El CELS presentó varios pedidos de habeas data con el fin de conocer quiénes y cómo se conformó ese listado de personas excluidas de la Conferencia Ministerial de la OMC.
Estas solicitudes se realizaron en el marco del derecho constitucional al habeas data, la ley de acceso a la información pública y la ley de protección de datos personales”
Al mediodía del domingo y tras la inauguración de la reunión ministerial de la OMC, se supo que Peter Titland podrá ingresar al país. Decisión que seguramente tuvo relación con la inmediata reacción de rechazo por parte del Ministerio de Relaciones Exteriores de Noruega, que a través de su titular Ine Eriksen Soreide, informó que presentará una queja formal al gobierno argentino.
