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El proceso de paz en Colombia está ‘en la cuerda floja’ porque se han implementado ‘sólo un 18,5%’ de los Acuerdos, según explicaron en Barcelona dos defensoras de Derechos Humanos. El mismo dato lo confirmó en el Colegio de la Advocacía un miembro de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No repetición. Y las 3 personas temen que las presidenciales del 27 puedan afectar a los Acuerdos de Paz.
La abogada Erika Gómez Ardila y la líder indígenaWayúu, Jakeline Romero Epiayu estuvieron en Barcelona, camino de Ginebra como parte de una gira europea en la que denuncian “la peligrosa situación” de las personas defensoras de Derechos Humanos (DDHH) en Colombia, por el incumplimiento de los compromisos firmados en la Habana.
Ellas explicaban que han aumentado los asesinatos de líderes y lideresas en las zonas rurales; ha crecido la violencia en algunos de los departamentos ya golpeados por el conflicto armado; el Estado no cumple los Acuerdos de Paz y sigue sin tener presencia institucional en algunas áreas, que quedan en manos de nuevas empresas y bandas armadas. Esto favorece la impunidad. Y a todo ello hay que sumarle la preocupación por el incumplimiento de los Acuerdos que pudiera derivarse de los resultados de las elecciones presidenciales de este 27 de mayo, si ganan las opciones que apoyaron el no en el referéndum.
Jakeline Romero Epiayu y Erika Gómez Ardila en el acto de la Taula de Colombia
305 asesinatos ‘selectivos’ en dos años
Erika Gómez Ardila es abogada y secretaria ejecutiva del Comité Permanente para la Defensa de los Derechos Humanos (CPDH), una ONG que se dedica a promover y proteger los derechos humanos de la población civil de Colombia. “En la CPDH se trabaja para reforzar las organizaciones sociales y articular los movimientos sociales contra la impunidad y para la defensa de los DDHH”. Y afirmaba que “desde 2016, es decir en dos años, han asesinado a 305 líderes y lideresas de los territorios y son asesinatos selectivos”.
También “han asesinado a 20 excombatientes de las FARC” (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) en las mismas “zonas veredales” (donde se agrupaban después de la desmovilización, según los Acuerdos). “Y no se investigan”; al contrario, estos últimos asesinatos se han pretendido camuflar como “riñas de faldas u otros líos” o “por salir sin permiso”, continuaba la abogada.
Cárteles mexicanos, paramilitares y ‘disidentes’ de las FARC
La realidad es que, en las zonas más golpeadas históricamente por el conflicto (Antioquia, Cauca, Nariño, Caquetá, Arauca-Putumayo y el norte del Sucre), la situación es muy complicada y ahora se suma “la presencia de cárteles mexicanos, de paramilitares” y las denominadas “disidencias”. Según Gómez Ardila “el Frente 1º del sur del país –unas 1.500 personas- no forma parte del Acuerdo de Paz por falta de confianza y credibilidad hacia el Estado colombiano”; en algunos territorios, explicaba, “incluso hacen pactos con el ELN (Ejército de Liberación Nacional) el otro grupo armado que aún no ha firmado la paz con el gobierno colombiano. (Ese grupo disidente es el que habría asumido el reciente asesinato de 3 periodistas ecuatorianos en la frontera entre ambos países).
Lo acordado en La Habana por el presidente Juan Manuel Santos y los líderes de las FARC parece que “está en la cuerda floja” en opinión de esta abogada, porque “sólo se ha implementado en un 18,5%. No hay presencia del Estado colombiano en los territorios con medidas de educación, salud e infraestructuras, continuaba; esa es la demanda”. Se alega que “es muy costoso” y que están “sin recursos”, pero la verdad es que “el gobierno se ha gastado los fondos de países amigos y garantes” con los que el Ejecutivo ha tapado lo que Gómez Ardila llama el “hueco fiscal”. “No hay control ni mecanismos de seguimiento” de los fondos, afirmaba la jurista.
Erika Gómez Ardila en la presentación en la sede de la Fede
Noruega, Suiza y Suecia quieren datos de sus fondos
Precisamente en Colombia, la premsa publicaba a principios de abril que Noruega, Suiza y Suecia (países ‘amigos y garantes’ del proceso de paz) exigían claridad en el manejo del fondo del postconflicto y, para ello, los embajadores de esos 3 países solicitaron una reunión oficial con el gobierno para saber el destino de unos 200 millones de US dólares, que se gestionan a través del ‘Fondo Colombia Sostenible’.
Jakeline Romero Epiayu, líderesa indígenaWayúu, y también defensora de los Derechos Humanos del ‘pueblo Wayúu’, -el más numeroso de los 102 reconocidos en la Constitución- comparte esas preocupaciones “ahora y antes”, porque “se veía venir la falta de voluntad política del Estado colombiano”, afirmaba.
Del ‘antes’ la lideresa indígena recordaba “las dificultades” que tuvieron para poder participar en las negociaciones de paz y señala que “el apartado étnico (indígenas y afrodescendientes) fue el último en incluirse” en los Acuerdos de Paz. Ahora, falta “sistematizarlo para cumplirlos, en cuanto a los apartados sobre los indígenas”, alegaba. En este sentido, señaló que aún “no se aplica el Derecho de Consulta Previa Libre e Informada (CPLI) para las personas defensoras de los Derechos Humanos, campesinado, indígenas y mujeres”.
Jakeline Romero Epiayu, presentando datos
Megaproyectos mineros, militarización y desplazamientos humanos
Romero Epiayu es integrante de la organización Fuerza de Mujeres Wayúu, creada en 2006 para visibilizar y denunciar la militarización y los desplazamientos forzosos que sufren las comunidades del departamento de la Guajira (nordeste de Colombia) a causa de los megaproyectos mineros y la presencia de grupos armados.
Esta lideresa apoya, además, a las mujeres de la Conamic(Consejo Nacional de Mujeres Indígenas de Colombia) para que puedan tener poder de decisión y voto en sus comunidades porque, en sus palabras, todavía “dependen de estructuras masculinas: yo misma dependo de mi tío”, afirmaba.
En la costa, señalaba Romero Epiayu, se dan otras situaciones. “En La Guajira –zona fronteriza con Venezuela- faltan recursos porque falta presencia institucional; no se ha compensado nuestra historia en el conflicto, ni siquiera, alegaba, en las zonas priorizadas”. “Ahora no sabemos, proseguía, de donde vienen los ataques” y sigue la vulnerabilidad de las personas en esa zona.
Rescatar la verdad oculta ante la ‘oficial dominante’
En la charla en el Colegio de la Advocacía de Barcelona, Alfredo Molano, uno de los 11 miembros de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No repetición, explicó cómo funciona esa Comisión, cuyo objetivo –además de los 4 enunciados de su título y reconocer a las víctimas- es ‘rescatar la verdad oculta’ y abordar la verdad no oficial. Porque “existe una verdad oficialmente dominante”, punto en el que –afirmó- coinciden todos los integrantes de la Comisión. Pero hay problemas añadió; el primero: que “los militares elaborarán ‘su propia verdad’ porque dicen que “tenemos inclinaciones de izquierda”. Por tanto, “la Comisión tendrá que plantarse, buscar la aplicación más ética y ser la más independiente”; otro de los problemas, explicaba, es “cómo hacer que hablen las personas que tienen miedo, porque “el terror produce silencio”.
Diana Rocio y Alfredo Molano_Foto ICAB (Ilustre Colegio de la Advocacía de Barcelona)
Molano, que es sociólogo y periodista, repasó también las guerras y conflictos de los siglos XIX-XX y XXI, los 4 puntos del Acuerdo con las FARC: la tierra y la reforma agraria (en el origen del conflicto), la reforma política, el narcotráfico y el desarme. Además de denunciar que, sólo en 2018, se han registrado 80 asesinatos de activistas y sindicalistas, confirmó ese escaso 18,5% de cumplimiento de los Acuerdos de Paz y ratificó la existencia de “1.500 hombres de las ‘disidencias”, que él situó al sur del Putumayo y en el Meta.
En este sentido, recordó al desaparecido líder de las FARC, Manuel Marulanda, en cuanto a sus reflexiones sobre el ‘Estado flexible’ y el monopolio de la fuerza, la Ley y las armas. Y parafraseándolo indicó que “en política no existen vacíos: agujero que se vacía, se llena”. Y afirmó que “ese vacío se ha llenado con el ELN en zonas donde nunca había estado (Norte del Cauca y Putumayo); el poco importante EPL (Ejército Popular de Liberación) ahora está en el Catatumbo y el Cauca y corroboró, asimismo, que el cartel mexicano de Sinaloa y otros, ya están presentes en territorio colombiano.
Maleantes armados cobran impuestos y controlan tributos,
Esto son “hechos incontestables” afirmó el sociólogo porque hay “pruebas como letreros, avisos”… “Se han llenado los vacios con grupos maleantes”, que “llegan armados y con brazaletes, a cobrar cualquier impuesto y controlan tributos, armas y la ley” declaró. Y eso ocurre, como explicaban también las defensoras de Derechos humanos, porque no hay presencia del Estado, ni de sus instituciones.
La ex-consul colombiana a la izquierda, Molano y las presentadoras del acto
Según Molano “no se iniciaron las casas prometidas (a la guerrilla) o se hicieron con malos materiales, no hay alimentación, ni apoyo, ni sustitución de cultivos” (ilícitos). “No hay ni un solo proyecto de sustitución de cultivos; creo que es una parálisis calculada”, lamentaba. En consecuencia “la gente se ha ido desmoralizando” porque “dejaron las armas, y esa fortaleza que da una organización ha ido desapareciendo y ahora –explicó- se buscan otras vías”.
Pero sobre todo porque “el factor de la tierra” no se ha resuelto y sigue muy concentrada (el 0,5% tiene el 60%)” y continúan encallados, en su opinión, “los 3 puntos ‘más delicados’, de la negociación: 1.el fondo nacional de las tierras; 2. las expropiaciones por la actualización del catastro y 3. la demanda de ‘las reservas campesinas’.
Minería ilegal del narcotráfico financiada por transnacionales
En cuanto a la minería (de oro) prosiguió, “existe una artesanal y otra ilegal; para la legal hay que pagar a militares, empresarios y campesinos”; la ley es laxa y abstracta y se avanza en todo el Pacífico, indicó; “la ‘minería ilegal’ es del narcotráfico pero está financiada por empresarios asociados; también por empresas transnacionales (ETN) y es difícil controlar el mercurio” (en el Chocó y el bajo Cauca). Y “sospecho, afirmaba, que están contra la legalización”.
Respecto a un potencial abandono de los compromisos de La Habana tras las elecciones presidenciales de este 27 de mayo, Alfredo Molano aseguró que “los Acuerdos de Paz están constitucionalmente blindados” y que “no los desmontarán” pero manifestó que ahí es donde “se confía en la sociedad internacional” porque “los recursos de la Paz los maneja el gobierno y lo que puede hacer ‘de manera perversa’ es bajar las inversiones”. Este “será el instrumento para disminuirlo, hasta hacerlo nulo”, según el escritor. Y cómo enfrentarlo, se preguntaba, pues “al igual que con la Comisión de la Verdad, implicará movilización” de la gente.
Dos activistas colombianas saludan a Molano antes de comenzar el acto
Examen Periódico Universal (EPU) ante la ONU
El pasado mes de marzo unas 40 organizaciones han elaborado el Informe de la situación de los derechos Humanos en Colombia (2013-2017) coordinado por la Oficina Internacional de Derechos Humanos-Acción Colombia (OIDHACO), que también han sintetizado en 25 fichas de resumen de distintos temas y zonas. El objetivo era documentar todas estas situaciones para el Examen Periódico Universal (EPU) al que se somete Colombia este 10 de mayo en Naciones Unidas. El EPU es un mecanismo del Consejo de Derechos Humanos de la ONU y se realiza cada 5 años. Será el tercero de Colombia.
La ficha de ‘Pueblos indígenas’ elaborada por la la Comunitat de Juristes Akubadura y la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC) coincide con las declaraciones de Romero Epiayu y añade otros datos: “entre 2016 y 2017, 30 líderes y lideresas indígenas han sido asesinados, 6 desaparecidos, 115 amenazados, 3490 desplazados, 9 víctimas de reclutamiento forzado lo que, sumado a otros hechos, representan en total 4.508 casos de violaciones a los DDHH”.
Aplicar la Consulta Previa, Libre e Informada a los indígenas
Confirma también que se incumplen los acuerdos con los pueblos indígenas y que el proyecto de ley sobre la Consulta Previa, Libre e Informada (CPLI) es “contraria a los principios de buena fe, consulta culturalmente adecuada, libre e informada” Además, “de los más de 30 decretos con fuerza de ley expedidos, sólo 3 (10%) fueron consultados con los pueblos indígenas”.
Tras los incumplimientos, se señalan 6 Recomendaciones, entre ellas: “dar efectivo e inmediato cumplimiento a las órdenes de la Corte Constitucional para la protección de los pueblos indígenas; derogar solicitudes de títulos mineros y obras, proyectos o actividades, así como medidas legislativas que impliquen riesgos para la pervivencia física y cultural de los pueblos indígenas; y, con respecto a la “reglamentación de la consulta previa” (CPLI) y la construcción de protocolos diferenciados”, se recomienda aplicar la ruta concertada y con consentimiento previo, libre e informado de los Pueblos Indígenas en la Mesa Permanente de Concertación”.
La sala de columnas del Colegio de la advocacía _Foto ICAB
Ataques y violaciones graves a la población afrocolombiana
La Confederación Nacional de Organizaciones Afrocolombianas (CNOA) es la que elaboró la ficha con los datos de los Afros para el EPU e incluye, entre otros puntos, que el fin del conflicto no se tradujo en la mejora de las condiciones de vida, ni la garantía de los derechos de la población afrocolombiana. Por “el contrario, siguen presentándose ataques y violaciones graves a los Derechos Humanos (DDHH) en esos territorios”; una “muestra” es el asesinato de 27 líderes en los 2 primeros meses de 2018, en las zonas más marcadas por el conflicto y donde se desarrollan dinámicas de control territorial por los diferentes grupos armados”.
Al igual que con los indígenas, su participación fue muy limitada en las negociaciones y sólo al final se logró incluir un capítulo étnico; tampoco se han habilitado espacios normativos de concertación para la implementación de los Acuerdos en sus territorios. Siguen, igualmente los ataques y los riesgos contra líderes y lideresas afrocolombianas. Según la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados –ACNUR– en 2017 fueron asesinadas 78 personas defensoras de DDHH, pertenecientes a grupos étnicos en la región del Pacífico colombiano.
Grupos armados en Chocó, Tumaco, Norte del Cauca y Córdoba
Y la ficha prosigue que “persisten las necesidades básicas insatisfechas porque no hay inversión social en temas de salud, alimentación, educación… lo que genera inconformidad social en las comunidades”; vulnerabilidad que aprovechan los grupos ilegales para “apoderarse de territorios y de la vida de sus habitantes, vinculándolos de manera forzada a prácticas de guerra o de narcotráfico”
En este sentido, la información indica que el ELN, ‘disidentes’ de las FARC y grupos paramilitares han aumentado su presencia en territorios afrocolombianos como el Chocó, Tumaco, el Norte del Cauca y Córdoba. Un ejemplo fue el “asesinato de 13 personas el 27 de noviembre del 2017 en el municipio de Magüí Payán en Pacífico de Nariño, territorio mayoritariamente afrocolombiano”. Y según ACNUR, entre enero y mayo del 2017 de los 7.371 desplazados, 3.115 fueron personas afrocolombianas, lo que significa que fue la región del Pacífico la que más sufrió este problema.
La CNOA plantea 5 recomendaciones para encarar esos problemas: 1. Aumentar mecanismos de protección; 2.articularlos con la población local; 3.hacerlos con enfoque de género para incluir a las mujeres y a la población LGBTB afro; 4.políticas públicas que disminuyan la pobreza y alejen a los grupos armados y 5. Mejorar las prácticas en los procesos de consulta, previa libre e informada, al pueblo afrocolombiano en materia de formulación de mecanismos legales para la implementación del Acuerdo de Paz.
Las defensoras de Derechos Humanos Erika Gómez Ardila y Jakeline Romero Epiayu
96% de impunidad en investigar la violencia sexual
La ‘ficha’ que afecta a los Derechos de las Mujeres la han preparado la Corporación SISMA Mujer e ILSA (Instituto Latinoamericano para una Sociedad y un Derecho alternativos). Indican que continúan los “hechos de violencia sexual contra las mujeres, asociados al conflicto armado”. También señalan que existe una “generalizada impunidad” en esas investigaciones sobre violencia sexual y “un alto déficit en el acceso efectivo a la justicia” en cuanto a la violencia sexual, “sobretodo de las mujeres, dada la proporción de víctimas femeninas”.
Para ello, ambas organizaciones proponen 4 recomendaciones, entre ellas, la necesidad de instaurar una “estrategia para la investigación y judicialización oportuna y eficaz de la violencia sexual y las violencias hacia las mujeres”, que reduzca “los altos índices de impunidad, cercanos al 96%, y se adecúen al deber de debida diligencia, en tanto oficiosidad, exhaustividad y aplicación de la perspectiva de género”.
Otra recomendación indica que se desarrollen e implementen “estrategias que permitan mitigar las afectaciones y los daños sufridos por las mujeres negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras, a causa de episodios de violencia sexual en el marco del conflicto armado” y también subraya que se cumplan con “las de atención y rehabilitación establecidas” en las normativas, “para las mujeres víctimas de violencias, tanto dentro como fuera del conflicto armado”.
Más información sobre este último punto:
El informe “La violencia sexual en Colombia, mujeres víctimas y constructoras de paz” elaborado por Nestor Calbet (del Institut de Drets Humans de Catalunya) con financiación del ICIP (Institut Català Internacional per la Pau), presentado en Barcelona este enero. El libro –y documental- Mujeres al frente. La ley de las más nobles, de Lula Gómez, también presentado aquí. Y Los Divinos, último libro de la reconocida periodista y escritora Laura Restrepo que acaba de presentar igualmente en Barcelona.
