Conferencia de estados parte de la Convención de Belém do Pará
En el marco del “Diálogo Regional: El rol de las instituciones electorales frente a la violencia política contra las mujeres” (16 y 17 de noviembre, Ciudad de México) la Comisión Interamericana de Mujeres – CIM coloca nuevamente a nivel público su preocupación el acoso político contra las mujeres.
Para la Comisión Interamericana de Mujeres el acoso político es una forma de violencia contra las mujeres activas en la vida pública, es una barrera que impide la participación de las mujeres en la toma de decisiones. El acoso o violencia política refuerza los roles de género tradicionales y las estructuras políticas dominadas por los hombres, que debilitan la calidad de la democracia, el desarrollo y los derechos humanos. Este tipo de violencia es un problema generalizado desde los niveles municipales hasta los parlamentos nacionales.
En América Latina y El Caribe, hasta hace pocos años, no se conocía la real dimensión del acoso político como obstáculo para el ejercicio de los derechos políticos de las mujeres y para la democracia en la región. El sistema machista y patriarcal continúa consolidado formas para disminuir la voluntad política de las mujeres de participar en la toma de decisiones de los países. Aún podemos observar cómo cientos de mujeres renuncian a participar en cada nueva elección debido a una serie de actos dirigidos contra ellas para restringir su derecho a la participación política y al ejercicio de la función pública.
Según la CIM la situación de acoso a las mujeres candidatas y autoridades en los niveles de poder municipal y regional representan un serio obstáculo para el ejercicio de sus derechos políticos y una seria deficiencia en el cumplimiento de las medidas afirmativas para la participación política de las mujeres. Por ese motivo, durante la VI Conferencia de Estados Parte de la Convención de Belém do Pará (octubre de 2015, Lima – Perú) se adoptó la Declaración sobre la Violencia y el Acoso Políticos contra las Mujeres, que significa el primer acuerdo regional íntegro sobre esta problemática.
¿Por qué es importante esta Declaración?
Representa el consenso regional de los Estados Parte de la Convención sobre la magnitud y la definición del problema, así como las acciones que se pueden tomar para prevenir, atender y sancionar la violencia política contra las mujeres. A través de la declaración, los Estados acuerdan:
Impulsar la adopción de normas, programas y medidas en todos los ámbitos desde un enfoque transformador; generar evidencia empírica; alentar a partidos políticos y medios de comunicación para actuar frente a este problema;
Define la violencia política como violencia basada en el género y que tiene como objeto o resultado menoscabar o anular los derechos políticos de las mujeres;
Toma en cuenta la “Ley contra el acoso y violencia política hacia las mujeres” de Bolivia, pionera en el mundo, así como avances en otros Estados de la región;
Afirma que la violencia política contra las mujeres está vinculada al aumento de la participación política de las mujeres en los cargos de representación política;
Reconoce que el logro de la paridad política en la democracia requiere de un abordaje integral que además del acceso igualitario de mujeres y hombres a posiciones de poder, asegure condiciones libres de discriminación y violencia para el ejercicio de los derechos políticos.
Los Estados tienen la obligación de asumir sus compromisos
Si bien los estados de América Latina han avanzado en priorizar la legislación como solución frente a la violencia contra las mujeres a través de la Convención Interamericana para Prevenir Sanciones y Erradicar la violencia contra la Mujer (Convención de Belém do Pará ), la cual establece el deber de los Estados de armonizar su legislación interna para garantizar los derechos establecidos en la Convención y de eliminar normas, prácticas y costumbres que profundicen la violencia y la discriminación contra las mujeres, aún la CIM considera que es prioritario que se afiancen los compromisos para elaborar y aplicar efectivamente un marco de normas jurídicas y de políticas públicas para promover plenamente los derechos humanos de las mujeres y eliminar la impunidad, pues tienen la obligación de adecuar las instituciones Estatales para garantizar los derechos de las mujeres establecidos en la Convención.
Es imperativo superar los vacíos normativos de prevención frente a la violencia y acoso político que haga efectiva una acción de exigibilidad para dicho cumplimiento. El caso de Bolivia es un ejemplo a seguir. En 2012, Bolivia adoptó la Ley sobre violencia y acoso político hacia las mujeres y en 2016 se firmó el Decreto 2935 para reglamentarla. Otros países de la región como Costa Rica, Ecuador, Honduras, México y Perú han presentado iniciativas de ley para consideración de sus parlamentos.
