En El Salvador las normas que regulan el aborto fueron modificadas hace doce años (1997), estableciendo uno de los marcos más restrictivos en el mundo en cuanto a derechos reproductivos de las mujeres. Bajo un esquema totalitario, en el nombre de un pretendido derecho a la vida como valor absoluto y penalmente impuesto a toda la sociedad, se niega a las mujeres el derecho individual a decidir ante situaciones de embarazo no deseados o complicados, incluso todo cuando ponen en riesgo su propia vida.
Son posibles los derechos sexuales y reproductivos con penalización absoluta del aborto en El Salvador?
La conceptualización y el reconocimiento de los derechos sexuales y derechos reproductivos han transitado por un largo camino en diferentes sociedades e instancias internacionales. Estos reflejan en última instancia, las tensiones con las que grupos humanos – y organizaciones estatales – nos enfrentamos a ámbitos de la vida íntima y privada de las personas que históricamente han estado fuera de las esferas políticas y legales. Sin embargo, en las últimas décadas, se han construido amplios consensos mundiales que colocan los derechos sexuales y derechos reproductivos en la categoría de derechos humanos.
Las tres Conferencias Mundiales de Naciones Unidas durante la década de los ’90, que representaron un importante avance en el reconocimiento de los derechos de las mujeres, coincidieron en la definición de los derechos sexuales y derechos reproductivos como los “Derechos de las mujeres y los hombres a tener control respecto de su sexualidad, a decidir libre y responsablemente sin ver sujetos a la coerción, la discriminación y la violencia, el derecho de todas las parejas e individuos a decidir de manera libre y responsable el número y espaciamiento de sus hijos ya disponer de la información, la educación y los medios para ello, así como a alcanzar el nivel más elevado de salud sexual y reproductiva “.
Si además de inalienables y fundamentales, los derechos humanos se consideran bajo el principio de indivisibles, quiere decir que la violación de derechos en un ámbito determinado, influye o determina la violación del conjunto de derechos humanos. Esta es la primera razón para preguntarnos si, mientras se mantenga la penalización absoluta del aborto en El Salvador, son posibles los derechos sexuales y los derechos reproductivos. La realidad que cotidianamente enfrentan las salvadoreñas es una respuesta negativa a esta interrogante, sobre todo si nos aproximamos a algunas de sus consecuencias más dramáticas.
De acuerdo a los datos del Ministerio de Salud, que recientemente ha aprobado la Política Nacional de Salud Sexual y Reproductiva, y manifiesta haber cumplido el “Objetivo del Milenio número 5 referido a mejorar la salud materna y bajar la mortalidad de las madres, como uno de los mayores éxitos “, en El Salvador” de cerca de 100.000 inscripciones prenatales al año, 33.2% son de mujeres adolescentes. En la actualidad, el 31.4% de los partos corresponde a mujeres de entre 15 y 19 años. Mientras que la tasa de fecundidad adolescente en El Salvador es de 104 nacimientos por cada 1.000 mujeres de 15 a 19 años, cifra que es considerablemente más alta que la media regional de 80 por cada 1.000 en América Latina y El Caribe “.
Otros datos del mismo Ministerio muestran aún más contradicciones, como que “el 11% del total de muertes maternas son niñas y adolescentes y de éstas el 57% fue de suicidio, mientras que en 2012, 304 niñas salvadoreñas entre 10 y 14 años y 4.674 adolescentes y jóvenes entre 15 y 19 años son jefes de hogar “
Según la ley especial, integral para una vida libre de violencia para las mujeres vigente desde enero 2012, todo embarazo en una menor de 15 años debe considerarse una violación, sin embargo, estas niñas salvadoreñas que ahora cargan con la maternidad forzada no fueron tratadas como víctimas de violación, ni tuvieron la opción de poder continuar o no con el embarazo que se les impuso, debido a la legislación penal que desde 1998 eliminó la figura de aborto no punible, “cuando se presume que el embarazo es consecuencia de un delito de violación o de estupro y se ejecuta con consentimiento de la mujer”.
Muchos de los embarazos de niñas y adolescentes son naturalizados y tratados con total normalidad por diferentes instancias institucionales. A Suchitoto por ejemplo, una pequeña ciudad al norte de la capital salvadoreña, durante el año 2012 el Hospital Nacional manifestó haber dado partes de niñas entre los 10 y los 14 años, mientras a nivel del Departamento de Cuscatlán nos encontramos con el registro de 81 inscripciones maternas de niñas entre 10 y 12 años, y 544 de adolescentes entre los 15 y los 17 años. Todas ellas, podrían haberse considerado víctimas de violencia sexual, pero en el sistema de salud y en los municipios encargados de la inscripción de nuevos nacimientos, son consideradas sólo como madres. Esto hace que nos preguntamos: ¿Puede una niña de 10 años estar en condiciones de decidir en libertad la continuación de un embarazo y las responsabilidades que ello conlleva? Este es el panorama de un país donde los embarazos adolescentes se incrementan cada día y donde las autoridades cierran los ojos ante la violación de derechos humanos de las mujeres que estos embarazos forzados – en muchos casos – implican.
Otro aspecto de suma gravedad es la negación del derecho a la salud a las mujeres que ven amenazada su salud y su vida por complicaciones durante un embarazo, debidas al propio embarazo oa otro tipo de enfermedades el tratamiento implicaría la finalización del proceso de gestación. Lo que se conoce como aborto por indicaciones de salud está penalizado en El Salvador, y con ello se niega a las mujeres y al personal sanitario que las atienda la posibilidad de una interrupción del embarazo que pudiera les pudiera salvar la vida.
De esta manera, mujeres que sufren cardiopatías, enfermedades de cáncer, embarazos ectópicos, no pueden acceder a una alternativa que salve su vida. De acuerdo a la Doctora Villalta, Coordinadora de la Unidad Sexual y Reproductiva del Ministerio de Salud “Vemos muertes de mujeres que pueden ser salvadas con un aborto terapéutico, pero tenemos las manos atadas”, a pesar esto el gobierno salvadoreño se mantiene en su negativa a abrir un debate serio y científico encaminado a revisar la legislación penal en materia de aborto.
Estas graves consecuencias y la denuncia de organizaciones sociales han logrado que diferentes instancias internacionales relacionadas con la supervisión de derechos humanos analicen esta situación y hagan recomendaciones al Estado Salvadoreño. Así, en octubre de 2010, durante el período número 100 de sesiones, en la Observación 10, el Comité de Derechos Humanos del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, expresó en relación con el informe del cumplimiento del Pacto por el Gobierno El Salvador lo siguiente: “Su preocupación por la vigencia de disposiciones del Código Penal que criminalizan el aborto en todas sus formas, dada la circunstancia de que los abortos ilegales tienen consecuencias negativas graves para la vida, la salud y el bienestar de la mujer “. El Comité recomendó al Estado salvadoreño: “revisar su legislación sobre aborto para hacerla compatible con las disposiciones del Pacto. El Estado debe tomar medidas para impedir que las mujeres que acuden a hospitales públicos sean denunciadas por el personal médico o administrativo por el delito de aborto. Asimismo, en tanto no se revise la legislación en vigor, el Estado parte debe suspender la incriminación en contra de las mujeres por el delito de aborto. El Estado debe iniciar un diálogo nacional sobre los derechos a la salud sexual y reproductiva de las mujeres “.
Estas recomendaciones están relacionadas con una de las consecuencias más dramáticas en la aplicación de la legislación que penaliza de forma absoluta el aborto: la criminalización de las mujeres, que a hospitales públicos con complicaciones obstétricas, en muchos casos en estado inconsciente producto de fuertes hemorragias, y que son acusadas y procesadas en las mismas salas de emergencia hospitalaria, y trasladadas directamente del hospital a la cárcel.
Se trata, en la mayoría de casos, de mujeres jóvenes, que viven en situación de pobreza, por lo que han tenido un acceso muy limitado a la educación, que sufren complicaciones en el embarazo, con partes precipitados o abortos espontáneos, ocurridos en viviendas precarias y sin asistencia médica, que llegan desangrándose en los hospitales públicos buscando atención sanitaria de emergencia. Son ellas, las que, con un prejuicio instigado por años desde la Fiscalía General de la República, son tratadas como asesinas, sin ningún beneficio de duda porque no se les reconoce la presunción de inocencia, y sin comprender qué les ha pasado exactamente, se ven sometidas a rápidos procesos judiciales, en los que muchas veces ni siquiera conocen al defensor público que se les ha asignado, son llevadas a audiencias de sentencia, donde se les condena por homicidio agravado, hasta 30 y 40 años de prisión.
Es por todo ello, podemos afirmar que este pequeño país de América Latina, que anuncia la creación de servicios públicos para mujeres que enfrentan situaciones de violencia, con discursos gubernamentales que hablan del mejor momento para los derechos de las mujeres en la historia nacional, tiene otra cara, porque la cadena de violación de derechos que la penalización absoluta del aborto implica para las mujeres, es una negación de los derechos sexuales y los derechos reproductivos en El Salvador, y más significa, una violación sistemática de los derechos humanos.
