El día 20 de este mes, en una entrevista en la cadena SER, el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, rechazó categóricamente que pueda ser tildado de conservador. “Si me he destacado en la vida local y en la vida autonómica ha sido por abordar enormes transformaciones”, afirmaba el ministro. Claro: hacía referencia a las reformas urbanas que se hicieron durante sus mandatos como presidente de la Comunidad de Madrid (1995-2003) y como alcalde (2003-2011). “Esa es una actitud cualquier cosa menos conservadora”, ha subrayado.
Pero aprovechando su progresismo incuestionable, también hizo defensa de la reforma de la Ley del Aborto. Gallardón ha criticado que la anterior modificación normativa la hizo el PSOE “de forma unilateral”. Por eso, ha justificado que quiera cambiarla pese a que las encuestas muestran que la mayor parte de la ciudadanía no lo cree necesario: “Nosotros queremos volver a una situación de consenso”. ¿Consenso con quien? ¿A nivel de partido con mayoría absoluta? Valdría la pena estar en Madrid para hacer al señor ministro una serie de cuestionamientos acerca de los consensos a los que la mayoría de mujeres (y hombres) ya hemos llegado.
La historia del derecho de las mujeres a decidir explica una parte importante del recorrido del feminismo por estas tierras a lo largo de los últimos 37 años, desde los primeros manifiestos en 1975 hasta hoy mismo, porque al ser un problema no resuelto, “el derecho al aborto” se ha convertido en una de las señas de identidad del movimiento feminista, que ha impregnado a las sociedades en las que hoy nos toca vivir.
Desde un tema tabú en los 70 y de la imposición de la maternidad como único destino posible, en 1975 se exige una “Amnistía para las mujeres encarceladas por los llamados delitos específicos” (aborto, adulterio, prostitución), en un contexto en el que unas mujeres abortaban arriesgando su vida, mientras otras lo hacían viajando a Londres o clandestinamente en clínicas privadas.
El feminismo consigue que el aborto irrumpa en la plaza pública de la mano de “las 11 mujeres de Bilbao”, para las que el Ministerio Fiscal pedía en 1979 su encarcelamiento por haber abortado. Para su defensa los grupos feministas organizaron una impresionante campaña. A la defensa de estas mujeres siguió la de muchas otras y también de profesionales sanitarios juzgados en los años 80 y 90.
A comienzos del siglo XXI las mujeres tuvimos que seguir luchando a través de estrategias como la autoinculpación por haber abortado y/o haber facilitado la interrupción del embarazo.
Crisis y aborto: ¿existe relación?
De la mano de la crisis económica viene la crisis de régimen democrático por la que se nos quitan y cuestionan derechos que pasan a considerarse privilegios, se privatizan y quitan servicios intentando que nos sometamos a la lógica del mercado al menor coste posible.
Los efectos que tienen sobre las mujeres la reprivatización de la reproducción social y la profundización en la división sexual del trabajo que acarrea esta crisis, se ven con ejemplos claros como “la ley de dependencia” y en cómo se pretende volver a responsabilizar en exclusiva a las mujeres del cuidado y de la reproducción en el marco de la familia tradicional.
Más de cien mil mujeres abortaron el 2011 por un embarazo no deseado o no previsto. Frente a esta realidad, el gobierno prepara un cambio de la ya limitada ley actual para -en palabras de Gallardón-, “proteger el derecho de las mujeres por excelencia: la maternidad”.
Un día tras otro se anuncian recortes no sólo presupuestarios, sino de derechos. Abriendo frentes varios, este gobierno utiliza la crisis para meter mano a una ley que -pese a no ser modelo de progresismo- no gusta al sector fundamentalista católico y que no tiene absolutamente nada que ver con rescates o urgencias. Para este gobierno que no separa iglesia de Estado es “ahora o nunca”.
Los recortes sociales y económicos afectan a la población más vulnerable (mujeres, migrantes, población con trabajos precarios) y se ven potenciados por un auge de grupos y discursos más conservadores. Este discurso neoconservador vincula el aborto al “asesinato” o habla de la violencia estructural que “impide a las mujeres ser madres” (palabras de Gallardón). De esta forma, se criminaliza y culpabiliza a las mujeres que han abortado, convirtiendo el aborto nuevamente en un tabú.
En “crisis”, ¿son los embarazos no deseados una preocupación real para el Gobierno?
NO. Los embarazos no deseados, se previenen con una buena educación sexual en los colegios y en las calles, campañas de fomento del uso de preservativos y los métodos anticonceptivos y favoreciendo un tratamiento naturalizado de estos temas, que de lugar a un ambiente social, institucional y familiar amable y abierto que favorezca la comunicación sobre estos temas. Y se solucionan con la píldora del día después y la IVE.
Por el contrario, el Gobierno de España quita la educación sexual de las agendas escolares, retira la píldora del día después de la lista de medicamentos que cubre la seguridad social y obliga a que sea dispensada sólo con receta, no incorpora la formación relativa al IVE en los programas de formación del personal médico, retira la cobertura del aborto en la seguridad social y modifica la ley del aborto restringiendo nuestra capacidad de decisión y criminalizándonos.
Todas estas medidas, suponen la vulneración del derecho a la libertad, el derecho de información, el derecho a la seguridad personal y el derecho a la no discriminación y la igualdad de todas las mujeres.
El derecho al aborto no es sólo una cuestión de salud, sino que supone que las mujeres que no tienen recursos para pagarnos el procedimiento a través de la sanidad privada, estemos obligadas a tener hijos o hijas no deseados, a los que probablemente tampoco se pueda mantener. A muchas, se nos obliga a parir “por encima de nuestras posibilidades. A la vez que obliga a las mujeres a pasar por un proceso, el embarazo y el parto, considerado uno de los eventos más peligrosos para la salud en la vida de una mujer. En Europa, 1/10.000 mujeres mueren en el parto, mientras que en los lugares donde el aborto es legal, el riesgo de muerte es menor de 1 por cada 500.000 mujeres. Por eso no es sólo una cuestión de salud, sino una cuestión de libertad personal y derecho de decisión sobre nuestras propias vidas así como sobre la calidad de vida que podemos ofrecerles a nuestras hijas y/o hijos.
Derecho de las mujeres a decidir sobre maternidad / interrupción voluntaria del embarazo (IEV)
En nuestra sociedad existe la creencia de que solamente la mujer que tenga progenie llegará a ser una “verdadera mujer”, una mujer plena, conectada con su esencia. Al menos así lo cree el actual Ministro de Justicia.
Ese concepto pasa necesariamente, además de por la maternidad, por asumir el modelo de familia nuclear: Padre, madre y prole. Es aquí donde las mujeres pierden la capacidad de decisión sobre su cuerpo. Aunque aparentemente parezca justo, estamos olvidando que aunque la mujer pudiese participar al 50% en esa decisión, existe una carga sociocultural que la empuja a no interrumpirlo y a la obligación de disfrutarlo. Personas cercanas, amigos, amigas y familiares se sienten con derecho para opinar, mediando en una decisión que atañe exclusivamente a aquella que va a sufrir los cambios en su cuerpo y sobre la que recae -usualmente- la carga de gestar, parir, cuidar, criar, y educar. Además, si se quiere ser una “buena madre” se deben abandonar proyectos personales o buena parte de ellos mientras que los padres, lamentablemente, siguen -en su gran mayoría- sin apenas cambiar sus dinámicas diarias.
Desde el feminismo se plantea el hecho de que existen mujeres que son legítimamente reconocidas como madres-cuidadoras y otras a las que se les niega el derecho a gestar y cuidar, generalmente por haber desobedecido otro de los mandatos clave de esta sociedad machista: La heterosexualidad obligatoria. Las reivindicaciones desde los colectivos y personas lesbianas para acceder a la reproducción asistida o a la adopción significa que no se reconoce su legitimidad como madres o como cuidadoras. Y lo mismo sucede con las mujeres con diversidad funcional.
El derecho de las mujeres a decidir es el reconocimiento de las mujeres como sujetos, con capacidad moral para emitir nuestros propios juicios y tomar decisiones sobre los dilemas que se pueden presentar en la vida, entre los que la maternidad es uno de ellos particularmente relevante. Enlaza con el derecho a la autonomía de las mujeres como seres sexuales y a la maternidad como una opción, con el derecho a la intimidad, a su seguridad y a la integridad. Justo lo contrario de la conceptualización y consideración de las mujeres como seres sin agencia, necesitados de permanente tutelaje en sus decisiones que mantienen quienes niegan el aborto.
Es precisamente este respeto a la decisión de la mujer lo que hace del aborto un derecho y no una imposición: no obliga a nadie. La maternidad o no maternidad no tienen la misma significación en todo momento para todas las mujeres, y la decisión sobre las opciones reproductivas puede ser muy diferente y todas ellas igualmente legítimas.
El derecho a decidir significa que el Estado tiene una obligación: la de garantizar, mediante los recursos y servicios necesarios la universalidad de ese derecho, es decir, que cualquier mujer que decide abortar pueda realizarlo, y por lo tanto no tienen lugar en las políticas públicas de un Estado aconfesional visiones religiosas que tratan de imponer sus creencias morales particulares. El derecho de las mujeres a decidir no es un principio abstracto o algo a aplicar a medias, sino lo que fundamenta la aplicación de los derechos sexuales y reproductivos.
Artículo en base al dossier Feminismos Sol para el encuentro 16S al entorno de la manifestación del 28 S del Día Internacional por la Despenalización del Aborto
