En Uruguay hay 120.000 trabajadoras y trabajadores del hogar. En 2006, el gobierno adoptó una sólida ley nacional destinada a proteger los derechos de los trabajadores del hogar, con una jornada laboral de 8 horas, condiciones adecuadas de vivienda y alimentación para aquellas personas alojadas en los hogares donde trabajan y protecciones para a las trabajadoras del hogar que sean despedidas por embarazo
Uruguay se ha convertido ahora en el primer país en ratificar el Convenio Internacional sobre Trabajo Doméstico, convenio 189 de la OIT sobre el trabajo digno para las y los trabajadoras del hogar, votado en junio de 2011, informó Human Rights Watch (HRW).
La decisión de Uruguay podría convertir en realidad las protecciones que desde hace mucho tiempo se niegan a numerosas mujeres y niñas en todo el mundo, ya que el tratado, que extiende derechos laborales fundamentales a una cantidad estimada de entre 50 y 100 millones de trabajadoras y trabajadores del hogar, entrará en vigor una vez sea ratificado por ambos países.
“Es sumamente meritorio que Uruguay haya sido el primer país en llevar a la realidad estos nuevos estándares para las mujeres y niñas”, afirmó Jo Becker, directora de defensa de los derechos de la infancia de Human Rights Watch. “Otros gobiernos también deberían ratificar e implementar el Convenio tan pronto como sea posible y demostrar así su compromiso con la dignidad y los derechos de los trabajadores del hogar”.
El Convenio Internacional sobre Trabajo Doméstico fué aprobado por la Cámara de Representantes de Uruguay el 11 de abril y ratificado el 25 de abril de 2012 por el Senado. La promulgación del decreto por parte del presidente ha sido este 30 de abril y ahora el proceso de ratificación de Uruguay se completará en la OIT.
El Convenio exige que los países adopten medidas para asegurar a las y los trabajadores del hogar las mismas protecciones laborales que los demás trabajadores sobre horas de trabajo, salario mínimo, compensación de horas extraordinarias, períodos de descanso diarios y semanales, seguridad social y licencia de maternidad. También prevé garantías especiales para la infancia, y exige a los gobiernos fijar una edad mínima para las y los trabajadores del hogar y asegurar que las niñas y los niños que lleguen a esta edad no sufran privación de la escolaridad a causa de la ocupación.
