Encuentro de la Plataforma de Organizaciones Feministas ante las Elecciones de 2019 con representantes del Psoe, Unidas Podemos y Ciudadanos y la ausencia del PP
Una plataforma formada por más de 156 organizaciones feministas organizó un debate con los principales grupos políticos. El encuentro, celebrado en el Centro Abogados de Atocha, contó con la presencia de Silvia Buavent, exdirectora del Instituto de la Mujer y candidata socialista al Senado, Esther Ruiz Fernández, diputada de Ciudadanos en la Asamblea de Madrid y candidata al Congreso, y Patricia Caro, candidata al Parlamento Europeo en representación de Unidas Podemos. El PP estaba invitado, pero no apareció.
Las organizaciones presentaron públicamente un manifiesto, firmado por 156 entidades, que cuenta con 83 propuestas distribuidas en diferentes temáticas. También preguntaron y exigieron compromisos públicos sobre ámbitos y prioridades como aborto, lucha contra la violencia de género, educación, migración, prostitución, trata o vientres de alquiler.
No se trababa de contar lo hecho, sino de que las candidatas expresaran los compromisos concretos para conseguir la igualdad. Silvia Buavent alabó el que se hubiera logrado constituir esta “plataforma plural” con el objetivo de “parar al fascismo”. La candidata socialista defendió la necesidad de garantizar la seguridad de las mujeres frente a las violencias machistas, en plural, cada una de las cuales necesita un “diagnóstico específico” y una “intervención determinada”. En ese sentido comunicó el compromiso socialista con la implementación del Pacto de Estado contra la violencia de género y la variación del Código Penal para luchar contra la violencia sexual.
Patricia Caro incidió en la propuesta, incluida en el programa de Unidas Podemos, de reformar la Constitución para hacerla “decididamente feminista” e incluir los cuidados como derecho fundamental. Se comprometió con la aprobación de un Plan de Lucha contra las violencias machistas, un Plan especial de reparación a las víctimas de violencia de género, la obligación de establecer protocolos contra la LGTBIfobia o una Ley por la libertad sexual.
Por su parte, Esther Ruiz defendió que la aplicación del pacto de Estado “no es solo un tema de financiación sino de gestión” y que la brecha salarial “tiene que ver con la maternidad”.
Representantes de la Plataforma de Organizaciones Feministas ante las Elecciones de 2019, que han logrado elaborar un manifiesto tras varias jornadas de intercambio de puntos de vista y búsqueda de consenso, hicieron preguntas a las representantes de los partidos.
¿Cuál es la postura de su partido con respecto a la Ley de salud sexual y reproductiva y en concreto, eliminará la obligatoriedad de contar con consentimiento materno o paterno a las jóvenes que quieren interrumpir su embarazo? ¿Acabará su partido con la imposición de la custodia compartida por ley? ¿Cómo se garantizará la aplicación de la ley de dependencia? ¿Estarían dispuestas a incluir la violencia institucional del Estado como violencia de género? ¿Tienen la intención de prohibir los vientres de alquiler? ¿Qué medidas y cambios legislativos tienen previstos para luchar contra todas las formas de proxenetismo? ¿Cómo van abordar la violencia sexual?
Prostitución y vientres de alquiler
Uno de los momentos más complicados del debate tuvo lugar cuando la diputada de Ciudadanos habló de prostitución y gestación subrogada. Ruiz Fernández explicó que la postura de su partido es regular ambas realidades, lo que provocó críticas. “No debe mezclarse prostitución y trata. Nosotros queremos regular la prostitución precisamente para defender los derechos de las mujeres”, dijo. Pero el documento de las organizaciones feministas asegura que prostitución y trata se constituyen “como formas extremas de violencia sexual contra las mujeres” y pone de ejemplo legislaciones como las de Suecia, Noruega o Francia, que cuentan con un modelo abolicionista que penaliza al cliente. Además incluye la prohibición de las agencias intermediarias de gestación subrogada.
En el grupo de Unidas Podemos, “existen diferentes posturas frente a la prostitución”, dijo Patricia Caro. En todo caso, “para nosotras en el centro del debate están los derechos de las mujeres”. Para abordar el tema, proponen la creación de un libro blanco que estudie la situación y la aprobación de una Ley integral contra la trata.
“El movimiento feminista, intergeneracional y diverso, no cesa de crecer en España, en Argentina, Brasil, EEUU, India y otros lugares del mundo. Desde las movilizaciones en 2013 por el derecho al aborto, el tren de la libertad en 2014, la Marcha estatal del 7N de 2015 contra las violencias machistas y las huelgas feministas del 8 de marzo de 2018 y 2019, somos un movimiento de protesta contra la discriminación y la violencia hacia las mujeres, pero también de propuestas respecto al empleo, los cuidados, las pensiones, la sanidad, la educación, la sexualidad, el consumo, las fronteras y la laicidad. Unidas, fortaleciendo nuestras alianzas con otros movimientos sociales”, aseguran las organizaciones.
Desde las pasadas elecciones de 2016 ha habido tímidos avances institucionales en relación con la igualdad entre mujeres y hombres en nuestro país: se ha alcanzado un Pacto de Estado contra la Violencia de Género (de mínimos) y aumentado sus presupuestos, se han recuperado las competencias en igualdad para los Ayuntamientos … Sin embargo, son todavía muchas las brechas que hay que cerrar para conseguir una igualdad real y efectiva. A la vez, el contexto en el que estas elecciones van a celebrarse es de suma preocupación para los intereses de las mujeres: crispación política, avance de los fundamentalismos, riesgo de regresión en los derechos alcanzados… Por este motivo, el documento feminista incorpora medidas como la ratificación del Convenio 189 de la OIT, protección integral para los hijos e hijas de víctimas de violencia de género mediante la suspensión del régimen de visitas y la patria potestad, la prohibición de la custodia compartida impuesta, formación en género de los operadores jurídicos, la derogación de las dos últimas reformas laborales, el desarrollo de la Ley de Dependencia, cerrar los CIE o devolver el derecho al aborto para las menores de 16 o 17 años.
