El Parlamento y la Comisión Europea que resulte, de las elecciones que se celebran del 22 al 25 de mayo, entre los 28 Estados miembros de la Unión Europea, para elegir a 751 Diputados, serán trascendentales y diferentes, no obstante, las diferencias entre europeístas y antieuropeos miran con desconfianza la ausencia de identidad de los Estados y los mensajes institucionales.
Diferentes porque son las primeras que se celebran desde la aprobación en el 2009 del Tratado de Lisboa que otorgo al Parlamento Europeo, nuevos poderes, entre otras cosas porque da nuevas competencias en materias tan importantes como el mercado único, las libertades civiles (igualdad, violencia de género, aborto, exclusión por raza o religión) o los asuntos exteriores.
Trascendentales para la aprobación de políticas públicas por que afectan a todos los ciudadanos de la Unión, especialmente en la unificación del mercado energético con el objetivo 20/30, lo que significa que para el año 2030 deben reducirse las emisiones en un 40%; el cambio climático; la “data protection” protección de los datos personales cada vez que entramos en la red; los acuerdos de la UE en materia de inversión y comercio con Estados Unidos, clave para frenar los altos índices de desempleo; regular las comisiones abusivas de las tarjetas de crédito en los viajes a los países a lo largo del continente, contraria a la teoría del euro como moneda unificadora.
Importante para erradicar la discriminación y las diferencias entre hombres y mujeres como uno de los objetivos 2020, centrada en la igualdad en Independencia económica, acabar la brecha salarial que incluya a más mujeres en los cuerpos directivos de las grandes y pequeñas empresas, el fin de la violencia de género, el permiso de paternidad para hombres y mujeres en igualdad de condiciones.
Un informe revelado el pasado 14 de mayo, considera que se necesitarán 70 años para conseguir la igualdad salarial y 20 años para que la representación de las mujeres en los parlamentos nacionales sea del 40%; también deja ver que la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE, que garantiza los derechos de los ciudadanos, como el de igualdad y de no discriminación, está comenzando a desempeñar un papel más importante en la elaboración de leyes y políticas públicas, de hecho los tribunales hacen cada vez más referencia a ella y en el 2013, se propuso una legislación adicional.
El documento revela, que la mitad de las preguntas recibidas en los centros de información de la UE, los ciudadanos tienen gran interés en la libertad de circulación y residencia, y el 5% en temas de discriminación.
Realmente está en juego que la Unión Europea, mantenga su estatus de potencia mundial, con un modelo social de derechos y libertades en un mundo cambiante que espera que los europeos resuelvan sus diferencias mediante procesos de integración, que no solo se adapte a los nuevos tiempos, sino que combata el desempleo, el empobrecimiento, la desigualdad, y la aprobación de políticas xenófobas.
