A medias pero ya avanzaron. La aprobación de la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos delitos es un paso fundamental que se dio a medias por falta de quórum, sin embargo, tendríamos que decir que por primera vez castiga a toda la cadena delictiva, incluyendo a quien compre o alquile “los servicios”, así como para sus padres o tutores que regalen, donen o permitan el delito de explotación sexual, hasta por 40 años de cárcel.
Lo lamentable es que frente a la cercanía del puente, un número importante de legisladores decidieron darse permiso y ausentarse sin que para ellos nada significara dejar esta ley sin la aprobación en lo particular para luego ser enviada al Senado. La doble moral impera, lo siempre terrible es que algunos legisladores fueron vistos con sus jóvenes acompañantes disfrutando de la dolce vita, aunque dieran pena ajena y uno que otro les saludara mientras estaban “en compañía de su guapa hijita”. Y aunque las muchachas no son menores de edad, sin duda reciben un pago por sus servicios, es una forma de trata. Otros como ya sabemos están trepados en el camión de las oportunidades, es decir, el proceso electoral.
La trata de personas es indignante y hasta hace muy poco tiempo no se consideraba como un hecho generalizado, sin embargo, existe y es una realidad en la vida cotidiana de muchas familias. Frente a la falta de información oficial, basta mirar a las vitrinas y puertas de algunos comercios, los medallones de los taxis, camiones de transporte público, espectaculares y medios informativos para darse cuenta de la realidad que viven muchas familias en busca de sus hijas. El delito, es claro, no sólo afecta a esa familias, como sociedad también somos víctimas de la desaparición de mujeres, en su mayoría jóvenes y adolescentes.
La ley aún no concluye su proceso por la falta de quórum, lo que habla del nulo de compromiso de quienes integran el Legislativo federal a pesar de que conocen bien esa realidad y tienen las cifras en sus manos, como las que expusieron para fundamentar el dictamen: “México ocupa el primer lugar en el consumo de alguna de las actividades relacionadas con la trata de personas; el segundo lugar en exportar personas en trata a Estados Unidos; y se tienen tres millones 700 mil niños y niñas que son explotados laboralmente”, como se puede leer en el boletín de prensa emitido el pasado 15 de marzo por la oficina de Comunicación Social de la Cámara.
Sin duda, por lo que dijeron, es que ya saben que las mujeres no se prostituyen solas: nueve de 10 tienen un “padrote”, así que la realidad se desmorona y los mitos que durante siglos se han creado para justificar la prostitución de mujeres de todas las edades empiezan a caer en pedazos gracias a las voces de muchas organizaciones que durante años plantearon lo que nadie o casi nadie quería decir, menos los que confunden su moral con la política.
Otro dato que nos recordaron, las diputadas, es que la trata de personas representa el segundo delito que aporta más recursos al crimen organizado a nivel mundial, más de 42 mil millones de dólares anuales, más dinero ilícito del que produce el narcotráfico.
Toda la población sabe de lo que estamos hablando, durante siglos se cuchicheo porque era prohibido hablar de las prostitutas y con el tiempo se nos hizo costumbre mirarlas en la calle. Después supimos de las casas de citas. Más tarde tuvimos noticias de que enganchaban a las mujeres para llevarlas a otros países, las esclavas de África durante siglos, las asiáticas, luego Europa del Este y Sudamérica y nos resistimos hasta el cansancio de hablar sobre lo que en México estaba sucediendo, hasta que se empezaron a destapar las cloacas y se persiguió a Lidia Cacho cuando habló de los empresarios libaneses.
Del otro lado seguimos reproduciendo con chistes que ya resultan viejos y cansados, y nada tan terrible como creer que las mujeres de todas las edades son mercancías que se pueden vender y comprar. Ahí está la responsabilidad y la complicidad de un crimen por parte de las autoridades que siguen permitiendo la apertura y operación de bares, centros nocturnos para exhibir la carne humana, la carne humana de las mujeres y los hombres dispuestos a comprarla.
Insisto, lo terrible es que ya se dio un paso y no se concretó la aprobación de esta ley en lo particular porque un número importante de diputados federales tomaron “su puente” antes de hacer su tarea, ahora explican se les descontará su dieta, deberíamos preguntar a las familias de las víctimas qué castigo merecen por su omisión.
Por otra parte, cuando la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos delitos se apruebe, las instituciones oaxaqueñas, además de adecuar sus leyes, tendrán que realizar una amplia campaña de difusión porque todavía, basados en los usos y costumbres, existen prácticas que pueden traducirse –de acuerdo a la ley- como trata de personas, ya que en este ilícito confluyen la explotación sexual, laboral, matrimonios forzados, el tráfico de órganos y la adopción ilegal de otras conductas.
Según el comunicado, esta nueva ley sanciona el delito de esclavitud con prisión de cinco a 30 años; la pornografía infantil, de 15 a 30 años; la explotación sexual de mujeres, niños y niñas, con penalidades de 15 a 30 años; y hasta 40 años para los padres o tutores que regalen, donen o permitan este delito de explotación sexual. 15 años de cárcel a quien enganche, transporte, transfiera, retenga, reciba, acoja o entregue a una persona con fines de explotación, y hasta 40 a quien compre o alquile esos servicios.
