OPINIÓ
El tema de la trata de personas con finalidad de explotación sexual, especialmente si se tiene una perspectiva de género, es un tema que puede producir mucha indignación e impotencia al estar delante de un fenómeno de gran complejidad.
La sensación de poder hacer poco frente a este fenómeno la tienen especialmente las personas profesionales que se relacionan de forma directa o indirecta con las mujeres que ejercen la prostitución, así como, seguramente, mucha ciudadanía en general.
Muchas de las mujeres que ejercen la prostitución son víctimas de tráfico de personas y se comercializa con ellas como con la carne fresca que se destina para el consumo humano. Son esclavas del siglo XXI, controladas completamente por otras personas, que usan la violencia para mantener ese control y explotarlas económicamente.
De los diferentes sitios donde se ejerce la prostitución (pisos, calles, carreteras), las mujeres que son prostituidas en las carreteras tienen, sin duda alguna, el entorno más duro. Gran parte de ellas son víctimas de proxenetas que las obligan a prostituirse, privándolas de la libertad de decidir sobre su propio cuerpo y su sexualidad, que ya no les pertenece en su totalidad, y además a estar expuestas a largas horas de trabajo, a elementos meteorológicos de riesgo, a las presiones policiales y al estigma de la sociedad civil.
Además, desde punto vista jurídico-legal y desde algunas normativas municipales, estas mujeres no encuentran ningún apoyo, sino al contrario desde aquí se las revictimiza. A las mujeres que ejercen en las carreteras, calles y otros espacios públicos se les aplica multas que durante un día pueden acumularse, se han registrado hasta 30 multas al día, pero casi ninguna de ellas son cobradas por el hecho que la mayoría de estas mujeres no tienen cuenta bancaria y tampoco constan registradas en el padrón municipal, formalmente es imposible localizarlas y hacer efectivo el cobro de la infracción.
En cambio, para las administraciones correspondientes encargadas de gestionar las multas, este control genera un gasto considerable entre los recursos interpuestos (por parte de las afectadas, entidades), tramitaciones y otros procedimientos administrativos y no genera ningún ingreso como contrapartida.
En una sociedad desarrollada y supuestamente democrática en la cual se deberían reconocer y garantizar los derechos fundamentales, como la dignidad humana o la libertad de decidir sobre la propia vida sexual y reproductiva, no se debería tolerar y permitir esta forma de esclavitud.
En sociedades desarrolladas como la europea, con servicios públicos de calidad y una cierta buena calidad de vida, es inevitable preguntarse cómo es posible que después de la lenta evolución en igualdad de género, con el paso de los años, la mujer en según qué sectores es tratada como si fuera un objeto, sea de consumo o de publicidad.
Los hombres que pagan por los servicios sexuales como si fuera la compra realizada en el supermercado, muchas veces lo hacen sin darse cuenta que se pueden convertir en cómplices de las redes de proxenetas que trafican con personas para finalidades de explotación sexual. Es decir, son algunos hombres los que mantienen, fuerzan y perpetúan la sumisión de las mujeres, niñas/niños y jóvenes a esta violencia de género, ya que participan en este “comercio de mercancías” y dan pie a que las nuevas generaciones hagan un “uso” normalizado al acceso colectivo al cuerpo de las mujeres, ya sea como necesidad o como capricho y “divertimento”.
La trata y la explotación con finalidad de prostitución es el tercer negocio que más dinero genera a nivel mundial, solo por detrás del tráfico de armas y el tráfico de drogas, son los tres sectores ilícitos más lucrativos a escala mundial y en caso de España, es uno de los países con más tráfico de mujeres.
Durante el año pasado más de 45 millones de mujeres y niñas/niños menores han resultado ser víctimas del tráfico de personas, según datos del último informe de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito – UNODC. Todo esto pasa tolerado y en la sombra de las Administraciones públicas tanto a nivel de Cataluña, el Estado, como a nivel de la Unión Europea, mientras que todos miran hacía el otro lado y lo dan por normalizado.
Con todo, hay que reconocer que se ha puesto en la agenda social los conceptos de violencia de género psíquica o física – todavía mal retratados, pero como mínimo presentes – como un problema importante de nuestra sociedad; pero no hemos hecho lo mismo – aunque a veces están interconectados – con las violaciones, la trata de personas y los abusos sexuales a menores.
Son problemas sociales tan grandes como el primero – aunque no acostumbren a causar muertes directas – que necesitan una atención específica y vigilancia y detección por parte de las administraciones públicas y de los principales agentes sociales. A parte de tener claro, todos juntos, que esto pasa y que puede estar pasando justo ante nosotros o al lado nuestro.
El último Informe sobre la explotación sexual y prostitución y su impacto en la igualdad de género del Parlamento Europeo A7-0071/2014, de febrero del 2014, afirma sin ambigüedad que la prostitución es un componente de género que afecta a 45 millones de personas a nivel mundial, ya que la gran mayoría de las personas que ejercen la prostitución son mujeres y niñas, y casi la totalidad de los usuarios son hombres.
Se puede afirmar que la prostitución representa una forma de esclavitud incompatible con la dignidad de la persona y con sus derechos fundamentales, constituye la esclavitud “moderna” del siglo XXI y una de las violaciones de derechos humanos más atroces que no deja de ser una forma de violencia contra la mujer que no permite avanzar hacia la igualdad de género en su plenitud.
*Damos la bienvenida a Enik? Vicsai, Mediadora intercultural socio-sanitaria y Agente comunitaria de salut – Unitat de Salut Internacional Vall d’Hebron – Drassanes. Secció de Salut Pública i Comunitària. Con amplia experiencia en intervención directa con persones en situación de vulnerabilidad y mujeres que ejercen la prostitución, víctimas de agresiones.
