Organizaciones que defienden los derechos de la infancia y agrupaciones feministas expresaron su preocupación ante el cambio de denominación del Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social por el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), pues consideran que podría ser un obstáculo para la construcción de políticas inclusivas.
“Save the Children”, organización no gubernamental independiente con más de 20 años de presencia en el Perú, advirtió, mediante un comunicado público, que la nueva disposición de diseñar, promover y ejecutar políticas públicas a favor de las denominadas poblaciones vulnerables podría constituir un obstáculo en la construcción de políticas inclusivas, ya que solo se estaría atendiendo a un segmento de la población.
Por su parte, las cinco principales organizaciones feministas peruanas, a través de una carta, explicaron al presidente que adoptar el enfoque de “vulnerabilidad” genera confusión respecto al público que atenderá el MIMP y el Ministerio de Inclusión Social.
“Además, deja de lado la propuesta, aceptada por la secretaría de gestión pública de la Presidencia del Consejo de Ministros, de llamarlo Ministerio de la Mujer y la Ciudadanía, que reflejaba un enfoque de ‘derechos’, donde ciudadanos y ciudadanas son sujetos/as protagonistas de las políticas, con capacidad para exigir y accionar frente al sistema que vulnerabiliza”, sostienen en la misiva.
En ese sentido, “Save the Children”, como organización que trabaja en la promoción y defensa de los derechos de la niñez, considera que niños, niñas y adolescentes deben ser reconocidos como sujetos de derecho en su condición de ciudadanos, y no desde su condición de vulneración.
“Las políticas públicas deben estar dirigidas a la niñez en general, y no solo a aquellos y aquellas identificados como más vulnerables. La política pública debe ser inclusiva y no exclusiva para un sector determinado”, puntualizan en su pronunciamiento.
Señalan que la nueva disposición podría generar una visión proteccionista y asistencialista de la niñez, superada hace 22 años con la entrada en vigor de la Convención sobre los Derechos del Niño, instrumento jurídico internacional de carácter vinculante para el estado peruano.
Por su parte, las feministas en una segunda carta al presidente Humala explican que la Ley de Organización y Funciones del ahora MIMP no ratifica ni fortalece la rectoría de igualdad de oportunidades, tal como lo establece la Ley de Igualdad de Oportunidades entre mujeres y hombres (Ley 28983), tampoco establece la rectoría del Ministerio en materia de violencia hacia las mujeres.
El Movimiento Manuela Ramos, el Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán, el Centro de Promoción y Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos, Católicas por el Derecho a Decidir y DEMUS recuerdan a Humala que se comprometió a cumplir la Ley de Igualdad de Oportunidades entre mujeres y hombres, a crear un Observatorio Nacional sobre su implementación y otorgarle presupuesto a nivel nacional, regional y local.
Asimismo, le invocan los compromisos asumidos para el quinquenio ante el Congreso de la República (en agosto de 2011), donde se comprometió a fortalecer la rectoría del Ministerio de la Mujer para el cumplimiento de las políticas de equidad e inclusión.
