Mujeres esterilizadas organizadas – Inés Ruiz
A once meses de las elecciones presidenciales de 2016 ¿los políticos de turno han encontrado beneficios reabrir el casos de las esterilizaciones para posiblemente destacar el tema en su agenda de campaña electoral?
El domingo 10 de mayo, El Ministerio Público decidió reabrir el caso de las esterilizaciones archivado por el cuestionado Fiscal Guzmán Baca en el año 2014. El caso esta vez lo llevará el Fiscal Luis Landa Burgos y nuevamente serán acusados los ex ministros de Salud: Alejandro Aguinaga y Marino Costa Bauer, así como ocho altos ex funcionarios del ministerio de Salud. Según Carlos Rivera abogado de IDL, las investigaciones han sido ampliadas por tres meses más “lo que ahora corresponde es que la fiscalía ejecute todas las acciones de investigación, los llame a declarar, tanto a ellos como a las víctimas, y así mismo evalúe todo el material probatorio que existe en 64 tomos”.
Han transcurrido dieciocho años desde que se efectuaron las primeras denuncias, en el transcurso el caso ha sido archivado y reabierto en diferentes oportunidades y coyunturas políticas.
Lamentablemente y a pesar que en este tiempo se han organizado una serie de acciones por parte de algunas organizaciones de derechos humanos y colectivos de artistas que, participando con sus propuestas se han unido en la búsqueda de la justicia y la reparación, las tantas veces promesas políticas ha generado una desconfianza aún mayor hacia los organismos de poder.
A once meses de las elecciones presidenciales de 2016 ¿los políticos de turno han encontrado beneficios reabrir el casos de las esterilizaciones para posiblemente destacar el tema en su agenda de campaña electoral?
La Historia
En 1996 Giulia Tamayo abogada y defensora de los derechos humanos denuncia irregularidades y cumplimiento de “metas” por el personal de salud. Por primera vez se muestran documentos con el registro de metas establecidas en la provincia de Huancabamba. En ese mismo informe, resaltó las metas anuales establecidas por el Ministerio de Salud (395 esterilizaciones anuales). Giulia encontró que en el mes de setiembre de ese año ya se habían realizado 169, es decir, el 42% del total previsto. En el 2003, durante el gobierno de Alejandro Toledo, el estado peruano llegó a un acuerdo de indemnización con la familia de una de las mujeres víctimas: Mamerita Mestanza Chávez (quien murió debido a un mal procedimiento de esterilización quirúrgica). En el 2009 durante el gobierno de Alan García se archivaron los 2074 casos de mujeres agraviadas y 18 fallecidas. Dos años más tarde, durante las elecciones del 2011 y la segunda vuelta entre Ollanta Humala y Keiko Fujimori, el olvidado tema de las esterilizaciones entro en debate; la población entonces empezó a recordar mientras que otro sector se enteró por primera vez del tema. Ollanta Humala gana las elecciones electorales y uno de los primeros compromisos que hace en su nueva agenda presidencial de «inclusión social» es investigar el caso de las esterilizaciones y responsabilizarse de dar una reparación a las víctimas. Así en el 2012 Fiscalía decide reabrir el caso, sin embargo a pesar del compromiso inicial de Ollanta Humala y del estudio que se ejecutó durante los primeros meses de su mandato que se encargó de recoger evidencias y recomendaciones para reparar a las personas que habían sido afectadas durante las campañas, este no fue presentado a la sociedad civil en el mes de abril de 2012 como se prometió y en el 2014 el es archivado nuevamente esta vez por cuestionado Fiscal Guzmán Baca.
Situación de las mujeres “ligadas”
En una de mis visitas a la comunidad de Huancabamba en 2012 pude recoger testimonios de mujeres que se sentían «traicionadas» por las promesas de Ollanta con respecto a la reparación de las víctimas de AQV.
[…] Aquí nada cambió, lo que quieren es llegar al poder, cuando la gente del campo es la que vota… cuánto me arrepiento ahora… ni Keiko, porque su padre fue el que nos hizo esto, él mandó la orden que se ligaran las mujeres. Aquí venían (Fuerza 2000) a hacer campaña, traían comida, arroz, ¿de dónde traerían este arroz?, porque era amarillo, no era peruano… Toda la gente apoyó a Ollanta. En Lima no lo han querido, el ganó por el pueblo y ahora, como lo quieren en Lima, todos apuestan por él (en Lima); y ahora a nosotros nos dio la espalda, nos dio una patada donde más nos duele… Hemos llorado con la traición que nos hizo […]
Si bien la reapertura del caso esta vez es una buena noticia para las mujeres afectadas, el lapso de tres meses que da la fiscalía para reunir las denuncias podría indicar que las intenciones por parte de estado aun no son del todo claras. Y es que un juicio de este tipo abarca miles de involucrados -muchos más que en los casos de violencia armada – por ello, formar equipos de trabajo minuciosos que investiguen caso por caso (hasta ahora se han presentado 2074 víctimas) es una tarea ardua.
Josefa Ramírez, Coordinadora del Programa de Educación Permanente para Mujeres y Jóvenes Andinas y Andinos – PEPMA, opina que el Ministerio Público y demás sectores del Gobierno, no debieran caer en la dilatación de tiempos de espera a las directamente afectadas por estos delitos de lesa humanidad. Porque la violación de los DDHH, Sexuales y Reproductivos, ha sido contra las Mujeres Andinas e Indígenas, quienes son el símbolo de nuestra identidad cultural e histórica del Perú.
La Sra. Esperanza Huayama Aguirre presidenta del Comité de Defensa de Derechos Humanos de las Mujeres Esterilizadas de Huancabamba (CDHME-Hbba) es uno de los casos más emblemáticos de las esterilizaciones forzadas en la provincia. Esperanza afirma que esta noticia animara a las mas de 200 empadronadas en el Comité, no obstante el olvido, el silencio y la exclusión, que se les ha hecho, al igual que otras mujeres andinas del país por más de 18 años, ha sembrado desconfianza hacia algunos organismos del estado y han decidió convocar a una Comisión que viajara a Lima para hacer escuchar su voz y justas demandas.
Los derechos reproductivos y sexuales son temas controvertidos en materia de derechos humanos estos se relacionan con los prejuicios sexuales, el estigma social y las desigualdades arraigadas profundamente en un país como el Perú. Si a esto le sumamos el constante discurso estatal y de la sociedad urbana sobre si las mujeres indígenas tienen el control de su propia fertilidad, encontramos que las condiciones en las que se han llevado a cabo las campañas de planificación familiar en el Perú en los últimos años no demuestran la seriedad que, por ética, les corresponde, señal de que en el país aún existe un abismo de desigualdades socioculturales. El mayor reto para el Estado en esta investigación no solo compromete una gran inversión, sino también un plan de acción que hasta ahora ningún gobierno parece querer afrontar. No basta con reabrir el caso para que los principales responsables sean juzgados, sino también establecer qué es lo que buscan estas víctimas, es decir, qué tipo de reparación civil se les puede ofrecer y si es que existe alguna.
* Inés Ruiz Alvarado es actualmente candidata doctoral por la Universidad de Kent, Inglaterra y es autora del documental “Una voz estéril” (2012). Su investigación examina las consecuencias de las campañas de esterilizaciones quirúrgica AQV. Estudió Cine y Documental en la Universidad del País Vasco, España, y es Magíster en Estudios Hispánicos por la Universidad de Kent, Inglaterra.
