Personas del colectivo LGTB suelen ser objecto de agresiones y humillaciones
En el Perú, cada año 70 homosexuales son asesinados, en promedio, debido a su condición sexual. Sin embargo, esta cifra sin duda es mucho más alta porque no existe un registro verídico que permita dilucidar cuántas personas del colectivo de lesbianas, gays, bisexuales y trans (LGTB) son víctimas de los denominados “crímenes de odio”.
La denuncia la formuló el Moviment Homosexual de Lima (MHOL), la entidad representativa de este colectivo más antigua de América Latina, que el 15 de octubre cumplió 29 años de creada. Pero si resulta difícil determinar la cifra exacta de muertes, mucho más complejo es conocer la cantidad real de personas LGTB que, sin llegar a un desenlace fatal, han sido objeto de agresiones físicas, golpes, violaciones y humillaciones.
En no pocas veces, los responsables de estas agresiones han sido precisamente los encargados por ley de proteger a los ciudadanos, es decir, la propia policía o miembros del serenazgo (vigilantes de seguridad ciudadana contratados por las municipalidades).Una investigación de la ONG Runa, arrojó que el 46 por ciento de agresiones contra homosexuales son cometidas por miembros del serenazgo y 31 por ciento por policías.
Un caso emblemático, denunciado por la prensa, fue el de Luis Alberto Rojas, de 26 años. A él, tres policías no solo lo golpearon e insultaron, sino que lo violaron con una vara de goma. El hecho ocurrió en el interior de una comisaría de un distrito del departamento de La Libertad, a 560 kilómetros al norte de Lima.”Lo levantaron en la calle y lo ultrajaron dentro de la comisaría, pero la fiscalía, pese a las pruebas existentes, archivó el caso, por eso hemos decidido acudir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Abusaron de este joven solo porque era homosexual, para nosotros este fue un delito motivado por el odio”, declaró al diario El Comercio, Beatriz Ramírez, abogada del Centro de Promoción y Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos (Promsex), que ha asumido su defensa.
Pero son muchos más los que prefieren callar, cargar en silencio con el dolor físico y moral. Están convencidos de que ventilar el caso solo les traerá más vergüenza y no encontrarán justicia.Tal es el caso de “Rodney”, un homosexual de 32 años que fue subido a la fuerza a una camioneta 4×4, en cuyo interior tres jóvenes con signos evidentes de haber consumido alcohol y drogas, lo llevaron a una playa donde después de desnudarlo lo molieron a golpes e intentaron violarlo. “Mientras me golpeaban con palos y me pateaban todo el cuerpo, me decían groserías inimaginables contra mí, contra mi familia y decían que me iban a matar no solo a mí sino a todos los que son como yo, porque era la única forma de acabar con esta lacra”, recuerda y en sus ojos vuelve a aparecer el terror, ese que lo invadió y lo llevó a pensar que iba a morir. “No sé qué pasó… cuando desperté no podía moverme del dolor y de frío, estaba totalmente desnudo, tirado en la arena”, nos cuenta. Unos pobladores lo avistaron, le dieron unas mantas y ofrecieron llevarlo al puesto de salud de Pucusana, una caleta de pescadores, a unos 60 kilómetros al sur de Lima.
Pero él no quiso que lo curaran, ni denunciar la agresión. Solo quería regresar a su casa, abrazarse a su madre, curar sus heridas y tratar de olvidar. “Nunca le conté a nadie, me sentía tan humillado, solo dije que me habían asaltado, pero no conté la verdad; tú eres la primera persona a la que se lo cuento, para que des a conocer estas cosas, para que la gente sepa…”, señala. “Con estas acciones (los agresores) aspiran a dar un ‘ejemplo’ a la sociedad: limpiarla de algo que consideran nocivo”, refiere Giovanny Romero, presidente del MHOL.
El MHOL -conjuntamente con otros colectivos que también padecen discriminación, como el de los afrodescendientes- viene impulsando la tipificación de los crímenes de odio como casos agravados de homicidio en el Código Penal. La legislación internacional reconoce los delitos de odio como todos aquellos en los que se ejerce violencia en cualquier forma tan solo por prejuicio o discriminación de tipo religioso, étnico, incapacidad física, opción sexual o de otra índole. “Se tipifica al crimen de odio como aquel ejercido con violencia irracional contra comunidades históricamente discriminadas”, resume Romero.
Pero sus propuestas no han tenido eco en los legisladores peruanos. “El país se jacta de ser moderno, pero en materia de derechos humanos somos una sociedad medieval”, denuncia.“Mientras en otros países de la región ya se ha incluido en la Constitución la no discriminación por opción sexual, acá todavía seguimos discutiendo si los homosexuales tienen o no derechos”, dice el exprocurador de la República Ronald Gamarra.
Peor aún. Debido a la influencia que el sector más conservador de la Iglesia Católica ejerce en buena parte de los formuladores de políticas, hay quienes prefieren abstenerse de tocar el tema, pues para el Cardenal Juan Luis Cipriani, miembro conspicuo del Opus Dei, “los homosexuales no son hijos de Dios”, según afirmó en un sermón pronunciado hace algún tiempo. “Esa es una barbaridad que no resiste el menor análisis, ni siquiera teológico, pero al provenir del primado de la iglesia en el Perú, constituye una traba para el reconocimiento de los derechos de esta comunidad y abona a favor de la discriminación y de los crímenes de odio y otros abusos que quedan impunes”, señaló a SEMlac un sacerdote a quien solo identificaremos por su nombre: Manuel (para no ponerlo en problemas con la jerarquía eclesiástica), quien trabaja brindando atención a homosexuales con VIH/SIDA.
Lamentablemente, la católica no es la única religión que tiene una posición tan poco inclusiva frente al tema. Otras confesiones religiosas –especialmente en el amplio espectro evangélico presente en el país– tienen incluso posiciones más radicales pues ni siquiera brindan servicios espirituales o sanitarios a miembros del colectivo LGTB.“Lamentable porque a lo largo de la historia muchos miembros de confesiones religiosas hemos sido objeto de crímenes de odio debido a la intolerancia y algo deberíamos haber aprendido de todo eso”, afirma el padre Manuel.
En junio de 2010, durante el gobierno del ex presidente Alan García, la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del congreso aprobó un dictamen en mayoría por el cual se proponía aumentar las penas hasta en un tercio del máximo legal en los casos comprobados de crímenes de odio, con cárcel efectiva máxima de 35 años.
Pero el dictamen nunca llegó a ser debatido y ahora se encuentra archivado, aunque podría ser retomado por el actual congreso, donde si bien el partido oficialista del presidente Humala tiene mayoría sus miembros no tienen una posición partidaria tomada al respecto. O, como bien advirtió el periodista René Gastelumendi: “no existe voluntad política de tratar el tema porque no da réditos, se trata de una minoría electoralmente prescindible”.
Romero y otros representantes de organizaciones que impulsan la tipificación de los crímenes de odio, advierten que lo que se requiere es voluntad política de parte de los legisladores, pues no se trata de modificar el código penal para crear nuevos delitos, sino solamente considerarlo como un agravante que permita aumentar la pena por asesinato de 15 a 20 años y las lesiones graves de 8 a 10 años.
La pregunta obligada es ¿cuántas muertes más deberán producirse antes de que se decida tipificar estos execrables delitos? Terminábamos de recabar información para esta información, el 6 de octubre, cuando nos golpeó la noticia: en San Juan de Miraflores, el súper poblado ‘cono sur’ de Lima, los transeúntes no podían ocultar su horror. Un travesti de unos 25 años había sido cruelmente torturado, estrangulado, quemado y tirado en la vía pública.
Esta última víctima, hasta el momento de escribir esta crónica, aún no ha podido ser identificada porque las quemaduras a las que fue sometido le han borrado hasta las huellas digitales. El odio llevado a su máxima crueldad.
