La organización señala que, la despenalización no puede esperar más.
El Comité de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU) expresó su preocupación por “la total criminalización de la interrupción voluntaria del embarazo, con penas de hasta 20 años de prisión”, e indicó que el Estado dominicano “deberá revisar su legislación al respecto”.
Dichas recomendaciones fueron emitidas luego de la evaluación del sexto informe periódico de la República Dominicana, los días 16 y 17 de octubre, mediante las cuales la organización pidió que se despenalice el aborto cuando la vida o la salud de la mujer o niña embarazada estén en riesgo y cuando llevar a término la gestación pueda ocasionar un daño o sufrimiento sustancial, especialmente en caso de violación, incesto o si el feto es inviable.
Las declaraciones del Comité de Derechos Humanos de la ONU se produjeron tras las múltiples denuncias expuestas por las defensoras de los derechos de la mujer dominicana, quienes han resaltado que la despenalización del aborto en situaciones extremas “no puede esperar más”, si se tiene en cuenta los 35 mil abortos ocurridos cada año, cifra que puede ser mayor debido a que esta práctica se realiza clandestinamente.
El órgano de la ONU especificó que “no deben aplicarse sanciones penales a mujeres y niñas que se sometan a un aborto ni a proveedores de servicios médicos que las asistan, ya que tales medidas las obligan a recurrir a abortos inseguros”.
Los expertos del Comité entienden que la nación debe modificar su legislación “para garantizar el acceso legal, seguro y efectivo a la interrupción voluntaria del embarazo cuando la vida o la salud de la mujer o niña embarazada esté en riesgo”, y sobre todo si es el resultado de una violación o incesto o cuando la gestación sea inviable.
Divergencias
Pese a que los abortos inseguros provocan el 10 por ciento de las muertes maternas, según afirma el Ministerio de Salud Pública, el tema sigue en vilo, debido a las divergentes posturas de legisladores, quienes frustraron en anterior legislatura ordinaria la aprobación de un nuevo Código Penal que llevan años discutiendo, y que ha sido vetado en dos ocasiones por el presidente dominicano Danilo Medina, debido a que mantiene la penalización del aborto en todos los supuestos.
La Unión Democrática de Mujeres (Udemu), publicó un comunicado el pasado 28 de septiembre, Día de Acción Global por el acceso al Aborto Legal y Seguro, conocido también como el Día por la Despenalización y Legalización del Aborto, en el cual subrayan que el país se ubica en la lista de los pocos que prohíben el aborto en todas las circunstancias.
“Esta penalización provoca discriminación, violencia y muerte a las mujeres que necesitan recurrir a un aborto por cualquiera de las siguientes causales por las que exigimos su despenalización: cuando corre riesgo la vida de la mujer gestante, si existen malformaciones congénitas incompatibles con la vida y si es resultado de una violación o incesto”, explicó la Udemu.
Recordó, además, que la mortalidad materna mantiene a República Dominicana en el cuarto lugar entre los países con mayores tasas. “En 2017, cada dos días ha muerto una mujer embarazada, necesitamos leyes que protejan la vida e integridad de las mujeres, no leyes que las sigan matando”, advirtieron.
Por su parte, las voces de monseñor Víctor Masalles y del presidente del Consejo Dominicano de la Unidad Evangélica (Codue), Fidel Lorenzo, no se hicieron esperar y rechazaron de inmediato la petición de la Organización de las Naciones Unidas para legislar a favor del aborto en tres supuestos, calificándola como una injerencia en la soberanía del país.
Ambos convergieron en denominar como “imposiciones” las sugerencias de los organismos internacionales; a la vez que otras opiniones, como la del exdiputado Pelegrín Castillo, consideraron que las propuestas “deberían promover los valores de la familia y la vida; no su destrucción”.
Simultáneamente, las feministas y hombres defensores de los derechos de las mujeres dominicanas se pronunciaron a favor de las declaraciones de la ONU, alegando que el Código de los Derechos Humanos no las califica como injerencia.
