La orientación y asesoría jurídica se incluyen entre las demandas más frecuentes de las mujeres que viven situaciones de violencia y acuden por ayuda a los servicios de la consejería que, desde hace dos años, funciona en la sede del Centro Oscar Arnulfo Romero (OAR), en la capital cubana.
“Casi la totalidad las necesita”, precisa a SEMlac la psiquiatra Ivon Ernand, quien coordina el equipo multidisciplinario y es fundadora de la consejería. “Ese acompañamiento jurídico no es solo teórico, sino activo, incluidas gestiones y también sesiones de información, porque necesitan saber sus derechos”, precisó.
A ello, la psiquiatra Ernand añade la necesidad de contar con un protocolo de atención integral, que ya se está elaborando. “Entretanto, las mujeres siguen siendo violentadas cotidianamente, y debemos buscar estrategias puntuales, territoriales, abrir espacios para atenderlas”.
Creada en 2016, la Consejería para mujeres en situaciones de violencia, de OAR, ha atendido hasta septiembre último a 125 mujeres. “Muy pocas por ahora, pues las vías de conocimiento e información para llegar a la Consejería aún son escasas, la mayoría se entera por otras que han venido”, explica Ernand.
Más de la mitad de quienes acuden son de edad mediana, entre 40 y 59 años. “Un grupo vulnerable de mujeres, sobrecargadas por cuidar a familiares, trabajar y atender las tareas del hogar, que no siempre perciben la violencia que reciben”, sostiene la psiquiatra.
Aunque entre ellas predominan niveles de instrucción técnico y profesional, muchas no están ejerciendo su profesión, se mantienen sin ocupación o como cuentapropistas, describe la especialista.
El perfil promedio de las asistentes indica, también, que la violencia más percibida por ellas es la psicológica, aunque no es poca la física, de múltiples intensidades. También acumulan violencia por mucho tiempo: la mayoría llevan, entre cinco y 10 años, sometidas a violencia psicológica, física, patrimonial, económica y sexual.
La mayoría tiene hijos e hijas menores de 18 años, que suman 51. De ellos, hay 40 menores de 15. “Han estado presentes, son víctimas secundarias de la violencia y también la reciben, la sufren, por lo que necesitan acompañamiento y, a veces, tratamientos”, expresa Ernand y dice que para ese fin cuentan en el equipo con una psiquiatra infanto-juvenil.
En la consejería, la atención es individualizada, se adapta a las necesidades de cada una, a sus tiempos y circunstancias, y está estipulado que no debe durar más de 12 sesiones entre 45 minutos y una hora cada una, aunque hay flexibilidad, según cada caso.
Desde la primera sesión se incluye la presencia de una jurista. De las mujeres atendidas, 68 por ciento han necesitado su asesoría, aunque no la demandaran en todos los casos.
“Lo primero que hago es escucharlas y, luego, analizo sus necesidades y requerimientos, sobre esa base les sugiero algunas acciones a partir de su voluntad, sin forzarlas”, relata la jurista del equipo Liset Mailen Imbert. “No pocas historias se vinculan o agudizan con necesidades económicas, de vivienda o relaciones familiares, por lo que es necesario a veces adoptar medidas legales relativas a los hijos y la casa, por ejemplo, más allá incluso del hecho”, añade.
De acuerdo con la jurista, su labor forma parte de las soluciones y de aspectos que hay tener en cuenta: afrontar la violencia, reparar a la víctima y ayudarla a superarlo. “Ello tiene una respuesta legal que no siempre es penal, también puede ser civil o administrativa”, aclara.
Desconocimiento legal, inseguridad respecto a la norma y las instituciones suelen ser algunas de las preocupaciones que las cercan. Las hay incluso que acuden luego de ir a una estación de la policía y no haber recibido la atención adecuada. Llegan entonces revictimizadas, decepcionadas, cansadas, inseguras, incrédulas, describe.
“Cuando ya se ha recorrido ese camino legal, que es el que le debes recomendar, solo queda el recurso de la queja”, dice Mailén Imbert.
Además de la información legal, de orientar los pasos que pueden dar, son acompañadas con gestiones que incluyen desde llamadas telefónicas a instituciones clave, hasta derivaciones a las encargadas de alguna solución.
Debido a las demandas jurídicas registradas, una de las necesidades identificadas por el grupo multidisciplinario de trabajo es que también en el sector comunitario se cuente con algún profesional del Derecho preparado en este campo.
“Se necesita no solo buenos abogados, sino que tengan además la sensibilidad y preparación necesarias, porque este es un tema que trasciende lo procesal y lo legal para penetrar en la fibra humana, en lo sensible de este trabajo de acompañamiento jurídico a víctimas de violencia”, considera la colaboradora de OAR.
Una preparación que, estima, deben de tener también quienes trabajan en carpeta, en la Policía, donde se reciben casos y denuncias, para que actúen con efectividad, sin revictimización.
“Debe primar la perspectiva de que la víctima no es culpable y la Fiscalía se encargue de si existe o no el delito; que no tenga la víctima que demostrarlo por adelantado”, comenta.
Partidaria de que se perfeccione la norma legal, Mailén Imbert aboga por la inclusión de medidas cautelares en función de proteger a las víctimas y por procesos más expeditos. “Detrás de la denuncia debiera venir un efectivo y debido proceso”, acota.
Igualmente considera necesario que quede tipificada la violencia de género en la norma legal, incluir la asignatura de género -hoy opcional– en el programa de la carrera de Derecho y que exista una ley para el tratamiento de todas las expresiones de violencia machista, sus procesos, costos procesales e instituciones encargadas.
“Hace falta una norma integral, pero eso no justifica que las normas de hoy puedan ser interpretadas de una manera extensiva en función de los derechos, la salud y la integridad de quienes vienen a nosotras como víctimas”, asegura Mailén Imbert. “Mientras tanto la norma se aprueba, podemos y debemos trabajar”.
