Encuentro ciudadano critica violencia ejercida por el Estado
Al concluir el Encuentro sobre Memoria Histórica “Alternativas sobre la Violencia de Estado”, realizado en San Cristobal de las Casas, integrantes de organizaciones civiles, indígenas y campesinas exigieron el cumplimiento de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos por el caso Campo Algodonero, en Ciudad Juárez, Chihuahua.
Tras dos días de mesas de trabajo, las y los activistas advirtieron que el asesinato de ocho mujeres en esa localidad fronteriza en 2001, y cuyos cuerpos aparecieron en el Campo Algodonero, fue a consecuencia de los efectos del “libre comercio y la narco-militarización”.
En las conclusiones del encuentro, las agrupaciones ciudadanas se pronunciaron contra las violencias estructural, de género y sistémica que ejerce el Estado mexicano contra la población.
“La violencia estructural ejercida por el Estado mexicano y las políticas neoliberales manifiestas a través de la pobreza, hambre, enfermedades, exclusión, marginación, discriminación, desplazamiento forzado, migración forzada y asesinato, forman parte de una trilogía de exterminio y marginación”, asentaron las y los participantes.
Las organizaciones sostuvieron que las violencias de género y estructural tienen su raíz en la violencia sistémica puesta en marcha por el sistema capitalista neoliberal, que ha perdido todo enfoque humano, teniendo como únicas prioridades, la mercancía, la ganancia y la acumulación de riquezas.
Esta violencia sistémica se expresa en la explotación laboral, trabajo forzado, despojo territorial y la devastación ecológica, el condicionamiento en la participación política, entre otras situaciones de exclusión, vulnerabilidad y marginación, abundaron.
Igualmente se pronunciaron contra la militarización, el paramilitarismo, la guerra de baja intensidad, la contrainsurgencia y la subordinación a los supuestos imperativos de “seguridad nacional” y las luchas “antiterrorista” y “antidrogas”, cuyo fin es el control territorial y poblacional.
Reivindicaron también el derecho a la vida digna y justa, como eje central en la cotidianidad de los pueblos y comunidades.
Entre las organizaciones participantes estuvieron el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, el Centro de Derechos de las Mujeres de Chiapas, el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, Amnistía Internacional, y el Colectivo Actoras de Cambio de Guatemala, además de otras 35 agrupaciones más.
