Domingo 29 de abril de 2012
— Conmoción entre periodistas de todo el país por el asesinato de Regina Martínez.
— El gobierno federal debe atraer el caso, si Javier Duarte no cumple con aclararlo rápidamente.
— Los diputados federales obligados a aprobar ya la ley federal de protección a periodistas
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El asesinato de la periodista Regina Martínez, corresponsal de la revista Proceso en Veracruz conmocionó al gremio periodístico de toda la República.
El gobernador Javier Duarte de Ochoa está obligado a dar la máxima prioridad al esclarecimiento cabal de ese crimen y castigar a quienes resulten responsables. Su permanencia en el cargo podría estar supeditada a que pruebe tener la capacidad para seguir como gobernante.
Veracruz es la entidad federativa mexicana más peligrosa para el ejercicio del periodismo en México, como lo documentó Artículo 19: en apenas 16 meses ha registrado 5 asesinatos, entre las 35 agresiones que han padecido los periodistas veracruzanos en ese lapso; en varias de ellas el gobierno estatal ha sido el agresor, asegura el organismo internacional.
La responsabilidad de que siga el ambiente hostil contra el periodismo en Veracruz no es únicamente de su gobernador. En septiembre de 2011, un grupo de organizaciones solicitó al gobierno federal, mediante la fiscalía especial de la PGR, que realizará un operativo para proteger al menos a 15 periodistas de la entidad que se encontraban en zonas de alto riesgo. Y no hubo respuesta a la petición.
Nuevamente demandamos a la Presidencia de la República a que instruya a la Secretaría de Gobernación, para que ahora si organice un operativo de protección a medios y periodistas en Veracruz y a los que han tenido que exiliarse en otros lugares; y que, si en 72 horas la procuraduría estatal no muestra avances, atraiga el caso de la periodista Regina Martínez y de los otros informadores victimados.
A la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, le reiteramos la petición que le han hecho centenares de organizaciones para que apruebe, antes de que termine el periodo de sesiones, la Ley de Protección a Periodistas y Defensores de Derechos Humanos que ya suscribió, por unanimidad, el Senado de la República. A México le hace falta una ley federal que obligue a todos los poderes ejecutivos a contar con mecanismos de protección verdaderos y no oficinas burocráticas, sólo útiles para justificarse con la comunidad internacional.
Por el Consejo Directivo
Judith Calderón, Presidenta; Sara Lovera, Administradora General. Para mayor información: Rogelio Hernandez López 04455 541842 49
