El pasado 13 de septiembre se cumplieron 17 años desde que 184 países subscribieron el Programa de Acción de la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo (CIPD), a la cumbre del Cairo. Por primera vez, la Organización de Naciones Unidas (ONU) puso como eje de los acuerdos a la salud sexual y reproductiva de las mujeres. Una de las metas del consenso fue que los estados facilitaran una amplia gama de métodos anticonceptivos, pero hoy en día: ¿Qué acuerdos se han cumplido? Según las ong’s de México y la región mesoamericana hoy por hoy no se ha llevado a cabo ninguno y, por lo tanto, difícilmente se llegarán a las metas fijadas por el 2014. Las organizaciones coinciden al tildar los pactos a los cuales se llegó de “farsa”.
México, Guatemala, El Salvador y Nicaragua “simulan” cumplir con los compromisos que adquirieron pero la realidad es que en la región mesoamericana prevalecen los servicios de salud deficientes, la penalización del aborto y la carencia de preservativos, según denuncian las ong’s. Dora Amalia Taracena, de la organización guatemalteca Convergencia Cívica Política de Mujeres, señala que los avances en políticas públicas son “relativos”, puesto que todavía “existen funcionarios que sobreponen sus creencias religiosas antes de que los respeto por la Constitución, las leyes y las convenciones internacionales” en la materia.
En cuanto a la maternidad, los indígenas continúan teniendo más probabilidades de que las madres mueran durante el parto, afirma la directora de Ipas-Mexico, Raffaela Schiavon. Además, la falta de anticonceptivos como condones femeninos y masculinos deriva a la propagación del VIH a mujeres, enfermedad que, por cierto, en el caso de México, va en ascenso.
La activista María Eugenia Romero observa que la penalización del aborto a diecisiete estados de México generó una confusión entre el personal de salud, de forma que ahora se niega a dar el tratamiento a mujeres con molestias vinculadas al aborto practicado con métodos inseguros por miedo a incurrir alguna ilegalidad. Romero también culpa “la injerencia de la iglesia católica” en las leyes y políticas públicas en México. De todos modos, hay países de la región en que el aborto está prohibido cómo es el caso del Salvador y Nicaragua (desde el 2006), donde interrumpir el embarazo está prohibido tanto si se trata de una violación o de un incesto.
La entidad Equidad de Género, Ciudadanía, Trabajo y Familia realizó entre el 2007 y el 2010 una investigación para fiscalizar el acceso, el abastimento y el uso de los métodos conceptivos en México. Descubrió que en los estados de Chiapas, Guerrero, Hidalgo, Morelos, Oaxaca y Tlaxaca, así como el Distrito Federal, las mujeres se enfrentan a obstáculos para regularizar su fecundidad. A guisa de ejemplo, a Chiapas, durante el 2010, tan sólo el 31 por ciento de las usuarias entrevistadas recibió un método anticonceptivo a la unidad de salud
