Retos pendientes en Cataluña, Estado español, Europa y mundo
Las estadísticas de Naciones Unidas revelan año tras año el desigual reparto de bienes y derechos entre mujeres y hombres, desigualdad que se ha acentuado con la crisis económica actual. El último informe sobre la situación de las mujeres en el mundo de 2010 (World’s Women 2010) si bien muestra que la brecha entre hombres y mujeres se ha estrechado ligeramente en educación, sanidad y participación en el mercado de trabajo, pone también en evidencia que ser mujer multiplica las posibilidades de ser pobre, sobre todo si inciden otros factores como la vejez o ser titular de un hogar con familiares dependientes. Además, las mujeres siguen estando sobrerrepresentadas en los trabajos peor remunerados y en el sector informal de la economía.
En este contexto destacamos dos problemas globales que afectan a las mujeres de todo el mundo, y por tanto también a las mujeres que viven en nuestro país: la violencia de género y el desequilibrio en el ejercicio del poder, es decir, la ausencia de participación de las mujeres en decisiones que le afectan tanto en el plano político como económico.
Violencia de Género
Como es sabido, en el año 2004 se aprobó la Ley integral contra la violencia de género, pionera en Europa, que dio visibilidad a un problema hasta pocos años antes desatendido por los poderes públicos por considerarlo circunscrito a la esfera privada de las personas. La ley ofrece una protección integral a las mujeres afectadas por estas conductas violentas y comprende medidas específicas en diversos ámbitos (entre ellos, el policial, judicial, laboral y de protección social). Desgraciadamente las cifras de mujeres asesinadas por sus parejas o ex parejas no bajan (a 21 de diciembre de 2010, según los datos del observatorio estatal de la violencia de género, han muerto 71 mujeres). Estos datos evidencian que la Ley Integral, aunque necesaria, no es suficiente porque sigue pendiente el cambio en las pautas culturales y educativas, como recientemente ha puesto de manifiesto la primera Encuesta de Violencia Machista de Cataluña realizada por la Generalitat de Cataluña.
Desequilibrio en el ejercicio del poder
En cuanto a la participación política de las mujeres en España, los datos nos permiten ser moderadamente optimistas. Así, se mantiene el aumento del número de mujeres que participan en los órganos de representación política; concretamente, en números de diputadas y de senadoras llega en la actual legislatura, según los datos del Instituto Catalán de las Mujeres, al 34,5% y 30,4%, respectivamente, cifra que contrasta con la legislatura de 1982-1986 con una media de apenas el 5%. En cualquier caso estos porcentajes quedan aún lejos de la representación equilibrada perseguida por la Ley Orgánica de Igualdad efectiva entre hombres y mujeres de 2007. Más favorables es el balance en relación con la participación de las mujeres en el Parlamentos autonómicos pues en la mayoría de éstos la presencia de diputadas supera el 40%. Muy distinto es, por cierto, el ámbito de la empresa privada donde las mujeres siguen siendo una clara minoría en los centros decisión económica.
Derechos sociales y laborales. Mujeres Inmigrantes.
La actual crisis económica y el recorte de los derechos sociales y laborales que han adoptado la mayoría de los gobiernos para hacerle frente no sólo han supuesto un balance negativo para las políticas de igualdad, sino que además han afectado de manera muy negativa a los grupos sociales más desfavorecidos, entre ellos, el de las mujeres inmigrantes.
El fenómeno migratorio global ha favorecido que un gran número de mujeres extranjeras que viven en situación irregular en España sean objeto de trata por mafias internacionales y también que en nuestro país se deba hacer frente a prácticas que están penalizadas por atentar contra los derechos más básicos de la mujer como es la mutilación genital.
En los últimos meses en los medios de comunicación se han hecho eco de la aprobación de polémicas normativas que prohíben llevar el velo integral (nikab o burka) en los espacios públicos de algunos municipios de Cataluña y Andalucía. No es este el momento de entrar en el fondo de una cuestión intercultural tan compleja y socialmente sensible. Creemos, en todo caso, que antes de emprender cualquier política al respecto este asunto debe ser ampliamente debatido y meditado por la ciudadanía y las instituciones y que dicha política debe tener en cuenta todos los intereses en juego y, muy especialmente, el de las mujeres afectadas con el objeto de facilitar su integración en la sociedad y no, en cambio, forzar su exclusión.
* Argelia Queralt pertenece a la Junta directiva del IDHC y es profesora de la UB. Núria Pumar también es profesora de la UB.
