Saturday 10 October 2026

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Las “fisuras” del sistema público ante la obligatoriedad del acceso al aborto libre y gratuito

Catalunya. Fotografias © Fab Llanos

Un año más, el 28 de septiembre, Día Internacional para la Despenalización del Aborto, las calles de Catalunya han vuelto a llenarse de pancartas y proclamas para reclamar la garantía llena de un aborto libre, gratuito y accesible para todas, con un escenario global donde avanza la extrema derecha y se reabren debates que se creían superados, el movimiento feminista catalán ha vuelto a hacer piña para defender que la interrupción voluntaria del embarazo no es solo un procedimiento médico, sino un pilar fundamental de la salud pública y de la soberanía sobre el propio cuerpo.

La Catedral como epicentro y el vínculo internacional en la Plaza Sant Jaume

Plaça de la Catedral 28s – Barcelona. © Fab Llanos

En Barcelona, uno de los puntos más significativos de la convocatoria fue la concentración realizada a las 19 h delante de la Catedral de Barcelona. Más de un centenar de personas respondieron al llamamiento de colectivos como Ca la Dona, la Plataforma Feminista, Marea Verde y una diversidad de entidades del activismo por los derechos sexuales y reproductivos.

La elección no fue casual: protestar ante el templo religioso sirvió para señalar la influencia histórica y continuada de las iglesias y de sectores conservadores en la injerencia de los derechos y cuerpos de las mujeres. Bajo el lema de garantizar un acceso real sin tutelas ni moralismos, las manifestantes reclamaron eliminar todas las barreras de estigma, información o acceso que todavía persisten.

Poco despres de acabar la concentración ante la catedral, la actividad se enmarcó en una jornada de alcance global. Como gesto simbólico y de adhesión a la campaña internacional de iluminación de edificios públicos por el 28S, la fachada del Ayuntamiento de Barcelona se iluminó de verde desde las 21 horas hasta medianoche para sumar la ciudad a la red de capitales que reivindican los derechos reproductivos como derechos humanos inalienables. Esto si y a pesar de las buenas intenciones, ningún representante del consistorio de la capital catalana estuvo presente en esta ocasión.

La brecha de la red pública: el caso del Hospital de Sant Pau

Más allá del carácter reivindicativo de las calles, los parlamentos y manifiestos de la jornada pusieron un énfasis especial en las asignaturas pendientes de la red sanitaria catalana. La crítica principal del movimiento feminista se dirige a la persistencia de la llamada “objeción de conciencia institucional” en determinados centros concertados de la red pública (SISCAT).

El caso más emblemático y denunciado por las entidades es el del Hospital de la Santa Creo y Sant Pau de Barcelona. A pesar de ser un centro hospitalario financiado con fondos públicos, históricamente ha mantenido la dretania de no realizar abortos alegando objeción de conciencia, obligando las pacientes a ser derivadas en otros centros como el Hospital Clínico o en la red de atención primaria. Esta práctica provoca discriminaciones territoriales y burocráticas, empujando en muchos casos hacia el aborto farmacológico en detrimento del instrumental u obligando a desplazamientos forzados.

Exigencias claras para el futuro

Durante la jornada del 28S, las entidades convocantes reiteraron una serie de demandas directas al Departamento de Salud de la Generalitat de Cataluña:

  • Garantía de equidad territorial: Que cualquier mujer pueda interrumpir su embarazo en el hospital público de referencia de su comarca o distrito, independientemente de la titularidad del centro.
  • Libre elección del método: Acceso efectivo tanto al aborto farmacológico como el instrumental (quirúrgico) sin obstáculos de tiempos.
  • Fin a las objeciones de grupo: Regulación y registro transparente de los médicos objetores para que no paralicen servicios enteros de ginecología.

Esta nueva jornada del 28 de septiembre en Catalunya fue un recordatorio de que, a pesar de los grandes adelantos legislativos, la lucha por el aborto libre, seguro y gratuito no se detiene en la ley, porque pese a su vigencia y obligatoriedad, requiere una aplicación real y sin fisuras en el día a día de la sanidad pública.

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