El escándalo de las protesis mamarias
“Si no me quitan estos implantes pronto me voy a morir, en las noches el dolor es tan fuerte que siento como si me estuviera quemando, durante el día me duele la espalda como si cargara un bulto, y el brazo izquierdo me duele tanto que casi no lo puedo mover”, dice Leonor refiriéndose al problema de salud que le ha causado la ruptura de los implantes mamarios defectuosos PIP.
Desde hace casi dos años vengo escuchando en los medios de comunicación de Francia, Reino Unido, Alemania, España y Latinoamérica, que los implantes mamarios fabricados por la Empresa Poly Implant Prothèse (PIP), creada en 1991 en Francia y cerrada en octubre de 2010, fueron retiradas del mercado por defectuosos. Aunque se desconoce la composición exacta de las prótesis, sí se detectó que mostraban mayor índice de ruptura que otros implantes y que contenían una silicona inapropiada para uso médico además de otros aditivos para carburantes y sustancias utilizadas en la industria del caucho (Silopren y Rhodorsil). El uso de las prótesis mamarias se suspendió en Inglaterra, Francia y España en el 2010, pero fue a finales del 2011 cuando saltaron las alarmas en todo el mundo y los gobiernos comenzaron a tomar cartas en el asunto.
Prestaba especial atención al tema más que todo, por el desenlace que esto produciría en el tiempo, por las consecuencias que traería a la salud de quienes se habían efectuado este tipo de implantes y porque, por su culpa, se había generado una alerta de alcance geográfico, considerándose un problema de salud pública potencialmente amenazada, que afectaba a incontables mujeres de todo el mundo, especialmente en Latinoamérica a donde se cree fueron enviadas el 90% de las prótesis principalmente a Venezuela, Brasil, Argentina y Colombia.
De ningún modo podría imaginar que el escándalo de los implantes defectuosos pudiera afectarmes tan cerca, y que a una familiar que se había realizado hace algunos años una operación estética de mamoplastia, le hubieran puesto las tristemente celebres prótesis mamarias PIP.
La Historia
Leonor (nombre ficticio) de 47 años, divorciada y madre de tres hijos menores, en noviembre del 2003 se sometió a un procedimiento de mamoplastia en el que le fueron implantadas las prótesis Poly Implant Prothèse (PIP). A mediados del 2011, empezó a sentir dolor, inflamación y molestias en el seno izquierdo, por lo que resolvió acudir a la Liga Colombiana de Lucha contra el Cáncer, donde fue atendida por un médico que le ordenó practicarse una mamografía y una ecografía bilateral, dando como resultado, “ruptura intracapsular de la prótesis mamaria izquierda”. Aquí comienza un viacrucis que aún no ha terminado.
Alarmada, decidió contactar al cirujano plástico que la operó para que la orientara sobre el procedimiento que debía seguir, pero los resultados de localizar al galeno fueron infructuosos, al parecer el médico se había trasladado de ciudad y era imposible localizarle.
El 26 de diciembre del 2011, Leonor también acude al Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos –INVIMA- , máximo agente sanitario que tiene entre sus objetivos el de la inspección, vigilancia y el control de los medicamentos que ingresan al país, para informarles sobre las anomalías que se le venían presentando con las prótesis mamarias PIP; el 27 de diciembre el INVIMA, responde aduciendo que: “oportunamente adelantó acciones de vigilancia y control, entre ellas la cancelación del Registro sanitario, la recogida de todo el producto del mercado nacional, que alcanzó 9.497 unidades de prótesis mamarias decomisadas en Colombia. Así mismo el INVIMA publicó dos alertas sanitarias y un comunicado de prensa para informar tanto las actuaciones del Instituto en aras de proteger la salud pública potencialmente amenazada por esta situación no previsible, como para prohibir al público y al personal médico la utilización de las prótesis mamarias P.I.P…”. El informe omite la fecha de cancelación del registro y la fecha de recogida de las prótesis.
En la respuesta del ente de vigilancia, escueta y algo exegética por cierto, llama la atención que para cancelar el registro, INVIMA informa que se basó en las investigaciones de las autoridades francesas, pero no dice nada sobre la realización de alguna investigación que hayan iniciado por su cuenta para detectar el contenido de las prótesis y/o cuántas mujeres en Colombia estaban afectadas con los implantes.
En el informe también se cita el principio constitucional del derecho a la vida, y las leyes que dan protección a las mujeres cabeza de familia, así como los decretos reglamentarios de los servicios de urgencia. Invoca que por tratarse de la ruptura de las prótesis mamarias, se considera un evento serio que compromete la salud y la vida, haciéndose necesario que la afectada, adelante las gestiones pertinentes ante su EPS, además informa que dará traslado del hecho al Superintendente Delegado para atención en Salud y a la Directora General de Calidad y de Prestación de Servicios de Salud, es decir bla, bla, bla, nada en concreto que permita solucionar el problema. Y es evidente que lo dieron por resuelto, porque de esa fecha a esta parte, nadie se ha interesado por la suerte de Leonor.
Tras varias consideraciones a principios de enero, Leonor acudió a un cirujano plástico amigo, él le recomendó el retiro inmediato de las prótesis, se dirige entonces a su EPS para la valoración de un médico general, que ante la gravedad del asunto remite a la paciente al cirujano plástico Martín Alberto Gómez Rueda adscrito a la EPS, este en vista de la urgencia, ordena dar prioridad a la extracción de la prótesis bilateral izquierda por ruptura de implante mamario y por encontrase infectado, pero para que esto se cumpla, debe dirigirse a la administración del servicio de salud.
Con la orden médica de cirugía en mano Leonor, acude a la EPS Salud Total de Bucaramanga, Santander, donde está afiliada, para que le programen la operación. Dos días después la EPS le informa por escrito que: “Se deniega el servicio de salud, por no encontrarse dentro del plan de beneficios que debe suministrar la entidad promotora de salud y el procedimiento debe ser asumido por el usuario”. Esta respuesta la desmotiva, y la sume en un estado de ansiedad y depresión.
Como si todo lo anterior no fuera suficiente, ahora Leonor para que se le reconozca el derecho a la prestación del servicio de salud y se actúe con apremio, debe acudir a la Acción de Tutela, vía legal rápida que ha hecho carrera en Colombia para que las entidades prestadoras de salud suministren un servicio a tiempo. Pero la resolución de la Tutela, tardará algunos días más, y mientras tanto: ¿Qué pasa con Leonor?, ¿Deberá seguir esperando? ¿Por cuánto tiempo? Como ella misma dice: “Si no me quitan estos implantes pronto me voy a morir, en las noches el dolor es tan fuerte que siento como si me estuviera quemando con fuego, durante el día me duele la espalda como si cargara un bulto, y el brazo izquierdo me duele tanto que casi no lo puedo mover”
El problema además de ser un hecho real y evidente, que demanda atención médica inmediata de la Entidad prestadora del servicio de salud, no parece ser un tema que preocupe a las autoridades y mucho menos a los responsables de la vigilancia de que esos implantes hayan entrado al país, tampoco es un secreto la precariedad en la prestación de los servicios de salud. Mientras en otros países, el tema es considerado como un problema de salud pública y los gobiernos se han comprometido a retirar los implantes de forma gratuita como medida preventiva, en Colombia a Leonor se le niega el derecho a la vida y a la integridad física.
Queda pendiente la solución al problema y serán objetivamente responsables los fabricantes de los implantes, los órganos de control y vigilancia de medicamentos, los funcionarios encargados de la vigilancia de los sistemas de salud, los importadores y comercializadores, por los resultados adversos que la negligencia en el servicio pueda causar en la salud de Leonor y de todas aquellas mujeres que de forma individual lleguen a verse afectadas.
